Los puertorriqueños cerraron ayer un año marcado por la inestabilidad económica y el desempleo que amenaza con disparar la fuga de profesionales hacia otras latitudes, principalmente Estados Unidos.
A esto se suma el choque de la judicatura del país con los poderes Ejecutivo y Legislativo, producto de la sanción de una reforma al sistema de pensión de los jueces, que afecta a aquellos que se encuentran en ejercicio.
Tan temprano como en el primer trimestre del año que termina, irónicamente el Tribunal Supremo avaló la reforma al sistema de retiro de los empleados públicos, medicina que ahora se le quiere aplicar a los jueces, que en la actualidad se jubilan con jugosas pensiones.
La reforma que ahora impugnan los jueces se aprobó hace unos días en una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa de forma simultánea a la reforma al Sistema de Retiro de Maestros (SRM), que según la dirigente gremial María Elena Lara, ocasionará el retiro de unos siete mil docentes de los 38 mil que tiene el sistema público de educación.
Según Lara, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), es posible que decenas de docentes se marchen a Estados Unidos, donde las condiciones laborales resultan superiores a las de esta isla del Caribe, bajo su dominio colonial desde 1898.
La FMPR, al igual que el Frente Amplio en Defensa del Sistema de Retiro para Maestros (FADSRM), que agrupa a seis sindicatos, y la Asociación de Maestros de Puerto Rico han anticipado la posibilidad de paralizar la docencia cuando a mediados de enero comience el segundo semestre del año escolar.
El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, ha reconocido que muchas de las medidas que ha tenido que tomar desde su asunción hace un año resultan antipáticas, pero que no ha tenido otra salida ante la profunda crisis económica que heredó producto de décadas de dejadez de sus predecesores.
Ha insistido que en el caso de los maestros se ha logrado que su jubilación corresponda al 70 por ciento de su salario actual, además de contar con un plan médico, mientras los anteriores gobiernos tomaron decisiones que provocaron el actual abismo económico.
García Padilla ha reconocido que se encuentra bajo presión de las casas crediticias de Estados Unidos, como Moodys, que han forzado muchas de las decisiones económicas antipáticas que ha tomado, al tiempo que los bonos del gobierno se encuentran a punto de chatarra.
El mandatario había rechazado las presiones de los bonistas de Wall Street, con los cuales hoy se muestra complaciente.
Al tiempo que el desempleo supera oficialmente el 13 por ciento -economistas calculan que es mayor al 20 por ciento-, los puertorriqueños han tenido que enfrentar desproporcionadas alzas en las tarifas por el consumo de energía eléctrica y agua potable, que mengua los ya precarios salarios de la generalidad de la población.
En este sentido, García Padilla, del tradicionalista Partido Popular Democrático, ha echado a un lado sus promesas de campaña que lo llevó a derrotar en noviembre de 2012 al entonces gobernado Luis G. Fortuño, quien intentó obtener la reelección en la boleta del anexionista Partido Nuevo Progresista.
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