Bonos, bonistas, casas acreditadoras, deuda, déficit actuarial, aportación, sueldo, retiro y degradación crediticia, entre otras palabras hemos escuchado mucho en el último periodo. Sin embargo, su significación real le es ajena a gran parte de la ciudadanía. Esto muy a pesar que un entendimiento razonable evitaría ese sentimiento de frustración, rabia y “me cogieron de...”
La reforma de los sistemas de pensiones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico son el órdago de la clase política actual en su examen ante la ciudadanía. “Los políticos no dan malas noticias”, decía el ABC de la política anterior a la crisis financiera mundial de 2007, unido al clásico “en política se miente”. Esta forma particular de hablar y de presentarse ante el pueblo, provocó que la ciudadanía no se informara de unos básicos conocimientos de economía general y muchos menos los pusiera en práctica, bien sea para sí, su vida familiar o en el contexto del presupuesto del país y sus cuentas públicas.
La irresponsabilidad y la dejadez, de la clase política en explicar su “quehacer y proceder”, y de la ciudadanía en su enajenación perpetua y victimista (con elecciones cada cuatro años incluidas) acerca de la racionalidad entre los ingresos reales del país y sus gastos permisibles, no los que nos gustaría que fueran. Toda persona profesional en su área puede y debe ser creativa, sin embargo, esto no debe incluir a las personas que manejan las cuentas públicas de Puerto Rico. El eufemismo de ingeniería financiera, es un burdo engaño, que incluyó a las corporaciones públicas, la deuda extra constitucional y por supuesto, la “ley del presupuesto balanceado”. Desde 1991, el Estado Libre Asociado no tiene un “presupuesto balanceado”. Es decir, un presupuesto donde los ingresos (impuestos), pareen a los gastos (inversión, nómina, obra pública, sistemas de retiro). ¿Qué ciudadano ha protestado por esto?
Los sistemas de pensiones de empleados públicos se crearon como un programa social, sin más racionalidad económica que la de un programa social y por tanto deficitarios (se sacaba del sistema más dinero del que entraba). Es decir, para asegurar justamente un ingreso a la ciudadanía cuando ya no estuvieran edad productiva para trabajar y asegurarles una vejez digna. Dentro de ese programa social, se mezclan conceptos de justicia social (evitar la pobreza extrema y la exclusión social), racionalidad económica (mantener un ingreso adecuado para la persona a medida que las nuevas personas que entran al sistema pagan por las que salen) y por supuesto, valores constitucionales y humanos (derecho a la vida, dignidad de la persona, derechos adquiridos). En esa fragilidad de concepción de los sistemas de retiro, no solamente están en juego los derechos humanos y civiles reconocidos por el Estado al crear este programa social, la persona también está en el centro y es el eje del programa junto a su salud física y emocional, la de su familia y su confianza en las instituciones públicas.
Por esta razón, el colapso de los sistemas de retiro es el fracaso de nuestras instituciones públicas, nuestra clase política y también de nuestra ciudadanía. Ciertamente, la ciudadanía nunca admitirá su parte de responsabilidad, de la misma manera que nuestra clase política jugara al esconder, para decir tal o cuál administración de tal o cuál partido político tiene la mayor parte de la culpa en el colapso de los sistemas de retiro, y siempre serán “el gobierno” y nuestras instituciones públicas, los culpables. El gobierno, aparentemente, ese ente todopoderoso en el que nadie confía, en el que nadie cree, el que nadie controla, pero que todo el mundo acude a él, como salvación (o para vivir a costa del resto de la ciudadanía), sin saber que el gobierno somos la ciudadanía que compone el pueblo de Puerto Rico (incluyendo a los inmigrantes que aquí viven, estudian y trabajan) y que el colapso de los sistemas de retiros de nuestras pensionadas y pensionados, es nuestro fracaso como administradores de nuestras finanzas públicas (con elecciones y voto castigo cada cuatro años).
La confrontación abierta, pasional y muchas veces agresiva y violenta de las personas afectadas directa e indirectamente por el colapso de los sistemas de retiro está justificada. Me gustaría detenerme aún más en este hecho, pero se desvirtuaría la razón por la que escribo. La violencia se justifica, porque sencillamente, la ciudadanía se confronta con una realidad que no entiende, que no puede manejar y que, por tanto, nunca se preparó para aceptar. ¿A quién le correspondía orientar a la ciudadanía? Volvemos al juego del esconder del párrafo anterior (con elecciones y voto castigo cada cuatro años). Por tanto, ¿dónde estaban las uniones obreras (a parte de cobrar las cuotas), sus líderes y desde luego, los defensores de la justicia social que no forzaron ni advirtieron a sus matrículas y a los votantes en general, del sistema deficitario que tenían ante si y dónde no iban a tener garantizadas sus pensiones? ¿Dónde estaban los negociadores de convenios colectivos para incluir los planes de pensiones dentro de sus reivindicaciones mayores? La jubilación es eso de lo que nos acordamos solo cuando está a punto de llegar y lamentablemente, ahí, en ese preciso momento, ya es muy tarde para recuperar el tiempo perdido, pagar la cuotas impagadas, aumentar las aportaciones y en definitiva, tomar decisiones racionales sobre nuestra salud económica familiar y la del resto del país.
“No le hagamos caso a Moody's (una de las tres casas acreditadoras de nuestros bonos, siendo las otras dos Standard and Poor's y Fitch. “No paguemos la deuda”, me han relatado muchas veces. Sin entrar en consideraciones morales sobre la obligación de pagar, tener un buen nombre, etc, me enfocaré a mi parecer en un aspecto poco discutido, ¿quiénes son los bonistas de Puerto Rico?, ¿a quienes les debemos dinero? En su mayoría, el famoso vehículo de inversión “deuda de Puerto Rico” lo detentan fondos mutuos puertorriqueños (Planes 401K, Cuentas IRA's), bancos comerciales puertorriqueños (Popular, Oriental, Firstbank), cooperativas puertorriqueñas, empresas puertorriqueñas y ahorradores puertorriqueños. Por tanto, decir “no le hagamos caso a Moody's, no paguemos la deuda”, nos afecta más como país de lo que nos beneficiaría. La irracionalidad de esa forma de pensar está inexorablemente atada a la idea de que “no hacer nada ahora es una solución para el futuro” (con elecciones y voto castigo cada cuatro años).
Desde luego, no enfrentarnos nuestra realidad como país, no nos asumirnos tal cual somos y por otra parte, desconocer de nuestras fortalezas y virtudes, trae inequívocamente una abstracción de la realidad solo comparable al “game over”. Si el juego termina, volvemos a empezar. “Si el gobernante no me gusta, volvemos a empezar”. Nuestra clase política existe para distribuir dádivas, privilegios y gastar y gastar de un presupuesto que aparentaba no tener fin. Con ese pretexto, la ciudadanía estimulaba una forma de gobernar irrealista, no acorde a racionalidad económica alguna y que fija el dilema en “política es gastar, no es administrar”. A nuestra clase política no se le mide por su sana administración sino por su forma de gastar (barriles de tocino), de crear obra (elefantes blancos infra-utilizados), aunque esta obra quede obsoleta a los pocos días ($400 millones Centroamericanos Mayagüez 2010). Esta racionalidad, va acorde a las campañas publicitarias donde el hoy (y el día de las elecciones) es más importante y cuenta más que el presupuesto balanceado, las sostenibilidad de las cuentas públicas y unos impuestos adecuados.
Hoy, tenemos unas cuentas públicas que no son dignas del esfuerzo diario de todas las personas que trabajan en nuestra patria, no podemos permitirnos aumentar los impuestos porque nadie quiere pagar para que el magisterio y la policía tengan un mejor sueldo, para que la reforma de salud no continúe devorando nuestro presupuesto y tenemos una corrupción institucionalizada. No es tanto solo la desaparición de dineros públicos como el caso del fondo perpetuo de las comunidades especiales (y donde no hay culpables ni imputados judicialmente), también es el sistema de privilegios que permea en los servicios públicos, donde el “habla con” o el “llámate a”, es más natural que los buenos días. Pero tenemos elecciones cada cuatro años.
Cuando los defensores de los derechos humanos entendamos que la economía es nuestro flanco más débil, nos irá mejor. Si me preguntas, si la nueva configuración de nuestros planes de pensiones son justos, con franqueza tengo que decir, si. No porque esos sistemas y esas pensiones son las que merecen nuestros servidores públicos, sino porque son los sistemas y las pensiones que nos podemos permitir pagar. Los sistemas de retiro colapsados solo existen en papel y como el bono de navidad de una empresa que no lo puede pagar, “tienes derecho a, pero no hay dinero para pagarlo”.