Al concluir el 2013 la gestión estatal y de Gobierno del PLD y el presidente Medina se encuentra entrampada en medio de la profundización de la crisis del modelo capitalista neoliberal, de la continuidad de la corrupción institucional, del sistema de impunidad que la protege y de las estructuras político-sociales negadoras de derechos democráticos, soberanía y justicia social imperantes en el país.
Examinemos resultados fundamentales:
- El despliegue del paquetazo tributario y el manejo del sistema eléctrico y de los combustibles como negocio privado y presa de la voracidad fiscal, han incrementado significativamente el precio de la canasta familiar y de los servicios básicos, empobreciendo al pueblo trabajador y a los sectores medios, y enriqueciendo a la gran burguesía local y transnacional.
- La dinámica destructiva y las amenazas contra la vida en esta isla que representan las concesiones mineras han proseguido su ominoso curso. Salvo un incremento muy limitado de los ingresos públicos en el caso de Barrick Gold, resultado de una fuerte demanda popular, todo sigue igual; incluida la grave amenaza de depredación de Loma Miranda por Falcondo Xstrata Nickel, no conjurada definitivamente por el Estado.
- La impunidad de la gran corrupción peledeísta y de los gobiernos anteriores (balaguerista, perredeísta y grupos satélites) continúa vigente, reforzándose la protección estatal a los responsables y beneficiarios (civiles y militares) de los grandes delitos de Estado, incluidos casos escandalosos como los de Leonel Fernández, Félix Bautista, Diandino Peña, Euclides Gutiérrez, Felucho Jiménez, Luis Manuel Bonetti y otros.
- Conspicuos narco-generales y empresarios mafiosos involucrados en actos dolosos han sido protegidos por un blindaje institucional inmoral; mientras igual acontece con las estafas cometidas por corporaciones privadas como EGE-Haina, Ege-Itabo, Barrick Gold, Grupo Bonetti, Grupo Vicini, Odebrech, Grupo Estrella, Sun Land, Aerodom y otras.
- Los jefes militares y policiales siguen exhibiendo su proclividad al despotismo, la represión, los abusos, las torturas y los asesinatos con un descaro realmente ofensivo, sin que ninguna autoridad civil ose meterle el pico a sus delitos y arbitrariedades. La impunidad de los que le antecedieron, en casos como los de Enrique Pérez y Pérez, Milo Jiménez Salvador Púberes Montás, Ramiro Matos, Rojas Tabar, Reyes Bencosme y otros ha contribuido a darle licencia a sus desafueros.
- El llamado plan de seguridad ciudadana, conducido por esa oficialidad, han sido un gran fracaso. La delincuencia común ha seguido creciendo al compás del auge y la impunidad de la delincuencia de Estado.
- Los graves déficits fiscales y cuasi fiscales -que producto de la prevaricación siguen erosionando la economía del país y especialmente importante programas sociales y obras prioritarias- están siendo compensados con el incremento irresponsable del endeudamiento público externo e interno, que ya representa la mitad del PBI y compromete alrededor del 40 % del presupuesto nacional.
- La ejecución del 4% del PIB en educación, fruto de una gran presión popular, luce lenta, caótica, entrampada en improvisaciones y malas mañas, exhibiendo limitados logros en construcción de aulas y mínimos avances en la implantación de la tanda extendida, sin ningún cambio cualitativo.
- La cultura clientelista sigue impregnando la gestión del gobierno a favor de la partidocracia peledeísta y de sus grupos garrapatas, beneficiarios de privilegios, recursos públicos diversos, canonjías escandalosas y “botellas” de todo tipo.
- La seguridad social y el sistema nacional de salud siguen siendo gravemente erosionados por los grandes grupos financieros y las ARS y AFP privadas que controlan sus resortes fundamentales y se apropian de enormes recursos.
- La decisión de reformar el Código de Trabajo, por presión empresarial y con la participación de un sindicalismo sobornable, amenaza las limitadas conquistas laborales consignadas en ese instrumento legal; mientras la libertad sindical es aplastada sistemáticamente.
- Numerosos grupos de pequeños agricultores y de campesinos sin tierra de diferentes regiones desarrollaron acciones y jornadas de protestas demandando del Gobierno tierra para quien la trabaja, así como asistencia técnica e infraestructuras para la producción. Se expresa la tendencia a una mayor reconcentración de la tierra en manos de viejos y nuevos terratenientes que incursionan en proyectos turísticos, en plantaciones agroindustriales y otras actividades. Los funcionarios del Gobierno continúan repartiéndose y vendiendo para su provecho personal lo que queda de las tierras del CEA.
- La separación de poderes consagrada formalmente en las llamadas democracias representativas capitalistas y en la Constitución vigente, es un gran mito. El Comité Político del PLD, promotor de autoritarismos desenfrenados, racismo y prácticas delincuenciales en el manejo de la cosa pública, controla todas las instituciones estatales; avanzando aceleradamente hacia el control corporativo de los gremios profesionales, matrículas políticas y entidades socioculturales, por la vía de la corruptela.
- El racismo anti-haitiano, luego de la sentencia del TC, se está convirtiendo en “razón de Estado” de corte nazista; asumiendo el Poder Ejecutivo su vergonzosa defensa en el plano nacional e internacional, acompañándola de una inviable e hipócrita promesa de “humanización”, que no ha logrado detener la pendiente de su desprestigio a escala mundial.
- De lugares donde el Presidente Medina fue recientemente a “brincar charcos” y ofrecer obras y recursos, llegan ya las quejas de los incumplimientos que degradan la política de imagen e impacto mediático que alimentan sus iniciales “burbujas” de popularidad.
- La violencia de género en general, con su secuela de continuos y desgarradores femenicidios, crece en medio de la ausencia de políticas públicas eficaces para contrarrestar sus causas.
- Frente a estos resultados desastrosos de la gestión de Danilo Medina, que incluye la reafirmación de la entrega de nuestra soberanía política, económica y natural, como es el caso de las transnacionales mineras, el pueblo dominicano desarrolló grandes jornadas de lucha y demostró su capacidad de resistencia, como ocurrió los días 22 y 23 de octubre, cuando se verificaron la más variadas formas de protestas escenificadas por diferentes sectores sociales.
Este balance incontrovertible muestra cada vez más a este gobierno haciendo más de lo mismo, que aunque con un estilo diferente, se desluce y pierde impacto al paso de los meses. En consecuencia, el 2014, que pinta peor por la acumulación de cargas, déficits y penurias, deberá ser un año en el que crezca la indignación de todos/as los/as afectados/as a consecuencia de estos pésimos resultados.
El reto de las fuerzas transformadoras es convertir la indignación creciente en movilización ascendente: nacionalización y protección del patrimonio natural, recuperación de lo privatizado, castigo a los corruptos y confiscación de los bienes robados, nueva institucionalidad democrática, sistemas públicos de salud, educación y transporte de calidad y accesibles al pueblo, combate a fondo de la cultura patriarcal, disolución de la PN y la DNCD y diseño de un programa de seguridad ciudadana con participación popular…
Es fundamental vencer la dispersión, articular y politizar las protestas con propuestas alternativas consistentes. Y procede movilizar al pueblo en el sentido de la confrontación con el poder establecido, enfrentando con energía y en todos los escenarios a este Estado antidemocrático, corrompido y neoliberal, ahora bajo control del PLD, los grupos empresariales afines y sus aliados políticos; cerrándole a la vez los espacios de recuperación política a la seudo-oposición perredeísta, dividida y entrampada, siempre presta a hacer cosas semejantes a las implementadas por el PLD y el PRSC. Abriéndole, en fin, las compuertas a una gran confluencia anti-neoliberal y antiimperialista. Impulsando concomitantemente una alternativa que asuma el reclamo de que se vayan todos los que han gobernado, que se establezca un sistema electoral libre y participativo y se impulse la convocatoria de una Constituyente Popular y Soberana, que inicie el proceso hacia una democracia política, social, económica, participativa y cultural.