Alejandro García Padilla ganó las elecciones de 2012 sobre la base de la promesa de más democracia y más empleo. Tras los problemas de la administración Fortuño Burset en ambos renglones, nada se perdía en el intento. Ello se combinó con una retórica antiglobalización que requirió la reanimación del discurso populista a la vez que lo comprometió con la restitución de ciertas prácticas del Estado Asistencial. Desde 1990 el Estado Facilitador ha sido muy eficaz en la degradación del tipo de Estado heredado de la posguerra. La consigna “Habla, Pueblo, habla”, impuesta por el Senador y candidato a la reelección Eduardo Bathia, es el mejor ejemplo de ello.
La voluntad de proyectar esa imagen fue lo que condujo a García Padilla a comparecer a la conmemoración del ELA en Mayagüez en julio de 2012 con la indumentaria de un Luis Muñoz Marín redivivo e impecable. Todo vestido de blanco con una corbata azul, su fisonomía debía activar la reminiscencia del Vate joven y radical al cual figuraba. Aunque Aníbal Acevedo Vilá, otro gobernador, también usaba un disfraz similar, todo apuntaba hacia García Padilla. La voz de Muñoz Marín no le acompañó aquel día. Si yo fuese Rosendo Matienzo Cintrón o uno de los Hermanos Cheo, diría que el numen del patriarca penetró a Joseán Santiago, Alcalde de Comerío.
Los ofrecimientos de García Padilla durante la campaña eran dos invectivas contra la administración penepé. En noviembre de 2012, la memoria de CAREF y la Ley 7 estaba viva en el electorado. Lo mismo puede decirse de los reiterados choques de las autoridades legislativas con la prensa y con los universitarios. El 24 de junio de 2010 Tomás Rivera Schatz, Presidente del Senado, prohibió el ingreso de periodistas y fotoperiodistas al hemiciclo con el fin de evitar la documentación de unos procesos cuya legitimidad podía ser cuestionada por una opinión informada. Y el 30 de junio, la actividad “Retomar la Legislatura” convocada por los universitarios, recibió por respuesta de la policía, encabezada por José Figueroa Sancha, la movilización de la Fuerza Anti-Motines. Los viejos estilos de la Guerra Fría habían vuelto con toda su fuerza. La campaña del PPD apeló todo ello hechos con suma eficacia.
La prédica antiglobalización de García Padilla se articuló alrededor de una crítica moderada a Ley Núm. 29 de 8 de junio de 2009: la “Ley de Alianzas Público Privadas”. El propósito era aprovechar la desconfianza de la ciudadanía con las políticas neoliberales del PNP y a la vez, presentar al PPD como una alternativa a la “terapia de shock” (la aceleración de las prácticas neoliberales) que representaría otra victoria estadoísta. El voto que muchos electorales que no eran populares le dieron a García Padilla tenía que ver con esas expectativas. Pero el apoyo resultó ser una decisión de la ilusión.
García Padilla tuvo la oportunidad de confirmar su compromiso anti-privatización temprano en el cuatrienio, pero la victoria los colocó en una situación incómoda. El PPD había sido el mediador histórico de Estados Unidos durante la segunda pos-guerra durante la confección del Estado Providencia, Bienestar o Asistencial. El PPD del 1938 olía a Nuevo Trato y a Keynesianismo. Ahora, si bien durante la campaña de 2012 el liderato popular apeló a ese pasado para criticar las APP y la privatización, tras la victoria se encontró con las manos atadas.
La primera paradoja vino pronto. La “Autoridad para las Alianzas Público Privadas” (AAPP) creada en 2009, había autorizado la privatización del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín ubicado en San Juan. En julio de 2012 “Aerostar Airport Holdings, LLC”, un consorcio de capital mejicano vinculado a “Highstar Capital” y al “Grupo Aeroportuario del Sureste”, materializaron una Alianza Público-Privada (APP) que les permitiría administrar aquellas facilidades por 40 años a cambio de un desembolso de poco más de $2,500 millones. La presión de la ciudadanía entusiasmada por la campaña populista para que se rescindiera el compromiso con “Aerostar Airport Holdings” fue notable. No empece, en febrero de 2013 el nuevo gobierno dio el visto bueno a la transacción sobre la base de que se trataba de una “cuestión de honor” y de una “palabra empeñada”. Los argumentos económicos para justificar la decisión brillaron por su ausencia.
Del mismo modo, cuando en octubre de 2013, el Presidente del Senado Bathia propuso abrir a la libre competencia la generación de energía eléctrica, la herida volvió a abrirse. La aprobación de una reforma al sistema de retiro de empleados públicos, de otra reforma al sistema de retiro de maestros y de los empleados de la judicatura, volvió a abrir aquella herida. Todo parece indicar que la gravedad de la crisis económica y fiscal del ELA, no le dejó otra salida al liderato popular que continuar con la “terapia de shock” que estaba promoviendo el PNP. La privatización, la austeridad para un abajo social que crece cada vez más y que esos sectores interpretan como un despojo, la aceleración de la discusión de las medidas y los choques en la legislatura continúan.
El problema es que todas esas acciones juntas no significaron mucho para el juicio de las casas acreditadoras a las que se esperaba complacer si la economía colonial no crecía. La pregunta que nadie parece capaz de responder es ¿cómo y hacia dónde vamos a crecer económicamente?