Se convierte en algo inevitable: el informe que presentó el juez Ángel Pagán como comisionado judicial en el caso ante el Tribunal Supremo, impugnando la Ley 160, que modifica la Ley de Retiro de los maestros y las maestras de Puerto Rico, indica que el sistema está quebrado y que es imperiosa su reestructuración.
Ante este informe, el Tribunal Supremo tendrá que decidir en este caso particular si le da la razón al Gobierno, que desea reestructurar y privatizar el Sistema de Retiro de los maestros o si, por el contrario, le da la razón a los maestros y decide sostener el estatus quo actual. Lamentablemente para los maestros y las maestras en lucha, el informe del Comisionado Judicial, figura legal que asiste a un tribunal a entender la complejidad de un caso, es contrario a los intereses del magisterio.
No será la primera vez que el Tribunal Supremo se alinea con la posición del Gobierno central que intenta reestructurarse. Ya en el verano pasado el propio Tribunal Supremo, en sentencia modificada luego de haber invalidado la reforma que hiciera el Gobierno central al plan de retiro general del Gobierno, dio marcha atrás, y se alineó. En otras palabras, la rama judicial supo “comprender” a la rama ejecutiva y apoyó mediante su decisión los actos de la otra parte.
Para los maestros, este informe puede ser decisorio. Con mucha pena se trata de reconocer que el sistema está buscando cómo garantizar los cambios que necesita hacer. Dentro del argumento que se podía explorar otras opciones, incluyendo el Comité de Diálogo que actualmente sostiene el Gobierno con los maestros y las maestras, la postura del Comisionado Judicial no ayuda mucho. Se trata del preámbulo de una decisión que debe sostener la constitucionalidad de la Ley 160.
Ahora bien, de sostener la Ley 160, ¿qué hará el Tribunal Supremo con la otra ley cuestionada que afecta el plan de retiro de los jueces y las juezas del País?
Hay que ir paso a paso, pero a pesar de ser legal, sería inmoral que el Tribunal Supremo declare constitucional la Ley 160 y no haga lo propio en la Ley 162 que modifica su plan de retiro. En esta, el Tribunal Supremo no ha dado indicios aún de lo que va a hacer, pero en esta todos los jueces han reclamado que es inconstitucional, pues su retiro es de ellos y no del Ejecutivo. Sea cierto o falso, ¿estará la judicatura por encima de las necesidades del País? Se trata del mimo País quebrado para los maestros que para los jueces y las juezas.
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