altEl gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, nombró el viernes pasado un comité de la sociedad civil, para asistirlo en resolver una serie de problema sociales. Entre otros, los problemas asociados a la pérdida de población joven, el envejecimiento poblacional, la baja tasa de participación laboral, entre otros asuntos. Se trata de una buena idea, que sin lugar a dudas tiene sus propias contradicciones.

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El 22 de marzo de 1873, por decreto español de la Asamblea Nacional de España, quedó abolida para Puerto Rico la esclavitud. Se trató del fin de un régimen de explotación laboral, o modo de producción, que entró en vigor a mediados del Siglo XVI en Puerto Rico, y advino a un fin, más de 300 años después. Lo curioso de la ley española son dos hechos. Por un lado, en su artículo 3, el cual disponía que el gobierno español, habría de disponer una indemnización a los propietarios de esclavos por la pérdida de estos tras la abolición. De otra parte, en su artículo 7, dispone dicha ley, que los esclavos liberados sólo habrían de entrar en pleno derecho ciudadano cinco años después. Es decir en el 1878.

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Así como lo oye, Puerto Rico vuelve a integrarse al Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD). Puerto Rico ya estuvo vinculado a este proyecto a principios del siglo XXI, por vía de los programas graduados en Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico y la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Por razones que uno desconoce, dicha vinculación no evolucionó a más, no obstante en el día de ayer y hoy, bajo el auspicio de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, y su Comisión de Gobierno presidida por José “Conny” Varela, se está realizando en el país la conferencia: “Gobierno y la gestión pública en el nuevo siglo”. Ante esto, Puerto Rico ha contado con la distinguida presencia del Dr. Gregorio Montero, presidente actual del CLAD.

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altHoy juramenta, por segunda vez en su vida, la candidata electa a presidente de Chile, la socialista Michelle Bachelet. Inicia un nuevo mandato, y la mujer que la habrá de investir, como presidenta del senado de Chile, lo será Isabel Allende, la tercera, y la más pequeña, hija del asesinado presidente democráticamente electo de Chile, Salvador Allende.

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