En el 1998, cuando el entonces gobernador Pedro Rosselló decidió privatizar a la entonces Puerto Rico Telephone Company, solo fueron escuchados los sectores de los grandes intereses que apostaron a la compra de dicho bien público. En particular, una empresa de Texas, GTE, y el Banco Popular de Puerto Rico. Hoy, 16 años luego, la telefonía es un campo completamente privatizado en la Isla para pecunio de los intereses económicos que creen en el lucro como forma de vivir a expensas de los consumidores. No obstante, la privatización no resolvió los problemas de información del pueblo de Puerto Rico, quien ante la desigualdad imperante, siempre solicita justicia, es decir un reclamo de ser tratados todos y todas de forma igual.

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Ayer, Yashei Rosario y Julián García, dos residentes de la isla-municipio de Vieques, comparecieron al Congreso de los EE. UU. para demandar que su isla se separe del archipiélago de Puerto Rico. En particular, ellos desean que la isla sea declarada un territorio autónomo y tratada de forma independiente a los asuntos de la Isla Grande por parte del Congreso. La novedad de esta idea no radica, como incorrectamente se publicó en otros medios, en un reclamo por la independencia de Vieques. Sino por el contrario, se trata de un interés de eliminar intermediarios en la relación de la isla de Vieques con el Congreso de los EE. UU., que según la Constitución de dicho país, es la rama política que viene por el artículo IV, sección III, mandada a resolver los problemas de los territorios.

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Fracturamos el orden social con la perpetuación de las construcciones nominales que acentúan el discrimen, la marginación y contribuyen al arraigamiento de estereotipos. Recordemos que desde los signos lingüísticos se va conformando la realidad. Desde ahí dotamos a todo de significado. Es por ello que cada concepto tergiversado, constituido desde la concepción del estigma permea al sujeto de una dinámica paralela en la que se erigen su realidad interna y aquella que se le ha construido desde fuera. 

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Segunda parte

Como expresara en una columna anterior, el pasado mensaje del gobernador Alejandro García Padilla sobre la situación del estado del País distó de abarcar de alguna manera propuestas para lidiar con la situación de salud mental en la Isla, inclusive para ese entonces se anunciaron recortes al presupuesto de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción. Quizás, históricamente, la salud mental ha sido “el patito feo” del Estado, el eterno olvidado. 

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Finalmente, los empleados y empleadas públicas, dijeron basta ya. En el día de hoy, sin haberlo hecho anunciado, varias agencias y corporaciones públicas del gobierno de Puerto Rico, han decretado un paro y detenido la producción. En particular se destacan los empleados unionados de la Autoridad de Energía Eléctrica, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. La protesta va dirigida a la eliminación o modificación de la Ley de Emergencia Fiscal, la cual va a sesión hoy en la legislatura, y según los unionados la misma es contraria a sus intereses como gremios.

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En dos días será la vista en el Tribunal de Primera Instancia, de los tres jóvenes que, el pasado 8 de mayo, decidieron realizar una actividad artística en la Plaza de Armas del Viejo San Juan. La actividad del desnudo, la convocó la estudiante Stephanie Monserrate, estudiante graduada del programa de Maestría en Gestión y Administración Cultural de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

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