(San Juan, 12:00 p.m.) Rafael Pina Nieves, conocido y exitoso productor de música
urbana, salió culpable en el día de ayer en un pleito en su contra en la Corte Federal
del Distrito de San Juan. Salió culpable de dos cargos de violación a la ley de armas,
luego de haber sido hallado culpable de un delito federal en el 2015.
Este pleito tenía que ver y no tenía que ver con Rafael Pina Nieves, conocido en
industria por Raphy Pina. En realidad, este pleito tenía que ver con la injerencia del
gobierno federal en la industria de la música urbana, la cual no ha sido controlada por
ella, pese a las convicciones en los pasados años de Tempo, Anuel AA y Farruko. En
este momento, el interés de los federales fue intervenir con la industria nacional más
lucrativa, la cual general ingresos que tributan y no ante el estado, y que ha estado
asociada y no con el mundo de las ilegalidades.

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(San Juan, 10:00 a.m.) Contrario a la última década del siglo pasado, Puerto Rico ha
pasado de ser de una de las jurisdicciones menos corruptas del dominio de Estados
Unidos a ocupar de manera consistente el segundo lugar en convictos por corrupción
pública entre todos los estados y territorios, según estadísticas oficiales.
Las cifras indican que de los cerca de 500 convictos por casos federales de corrupción
pública desde 1976, más del 73 por ciento se han producido a partir del cambio de
siglo.
Las estadísticas anuales de la Sección de Integridad Pública del Departamento de
Justicia de EEUU indican que, en la primera década de este siglo XXI, el distrito federal
de Puerto Rico saltó de manera súbita al segundo lugar detrás de Nueva Jersey y, en
la segunda década, detrás del distrito este de Virginia. Si en lugar de distritos federales,
se calcula a base de jurisdicciones políticas, Puerto Rico ocupa el deshonroso décimo
lugar, por encima de más de cuarenta estados y territorios.
Mientras durante el último cuarto del siglo XX un año con 13 convictos por corrupción
era uno de alta incidencia, en 2001 Puerto Rico llegó a un nuevo pico con 101
convictos, marca que se superó en 2011, cuando se produjeron 130, entre funcionarios,
políticos y socios privados de ese crimen de cuello blanco. De 1976 a 2019, hubo 493
convicciones federales por corrupción, 73,6 por ciento de las cuales han ocurrido en
este siglo.

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(San Juan, 9:00 a.m.) El exalcalde de Aguas Buenas Luis Arroyo Chiqués se declaró hoy culpable en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico de participar en un esquema de soborno, mediante el cual recibió pagos mensuales en efectivo de $5,000, para un total de 300 mil dólares, a cambio de adjudicar un contrato municipal por 10 años para servicios de recogida de residuos.

Arroyo Chiqués, de 71 años, quien fue alcalde desde 2005 hasta 2016, negoció en 2016 un contrato de recolección de residuos para la Empresa A, según las autoridades federales, que la agencia Inter News Service (INS) corroboró que se trata de Waste Collection, misma que estableció un esquema de sobornos en diversos municipios.

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(San Juan, 1:00 p.m.)  Vivimos un país donde las fuerzas de seguridad del territorio colonial, es decir el gobierno de Puerto Rico, no se enteran de los actos de corrupción política, salvo cuando les conviene. En el día de hoy, la Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI) le ha radicado querellas tanto a la pasada alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz y a la pasada alcaldesa de Ponce, Maria “Mayita” Meléndez.

En fin, que a ambas se les acusa de haber contratado a personas que estaban relacionadas a otras personas que también trabajaban en sus municipios. En el caso de San Juan, se contrató para un proyecto a un médico, y por otro lado, para otro proyecto, se contrató a la esposa del médico.  En el caso de Mayita Meléndez, en ocho ocasiones contrató personas sin haber pasado por el crisol de la asamblea municipal.

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(San Juan, 10:00 a.m.) La administración del gobernador Pedro R. Pierluisi continuará “dando la batalla a favor de los pensionados y servidores públicos para brindarles un retiro justo”, afirmó hoy el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar J. Marrero, al reaccionar a la demanda interpuesta por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“Luego de extensas conversaciones, el Gobierno de Puerto Rico logró que la JSF desistiera de su intención de recortar las pensiones de los retirados como parte del proceso de quiebra bajo la ley federal Promesa. Ese compromiso también se extiende a nuestros empleados públicos que están próximos a retirarse y que merecen una pensión justa”, sostuvo Marrero.

De este modo, el funcionario reaccionó a la demanda interpuesta por la JSF contra el gobernador Pierluisi en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para Puerto Rico con el fin de impedir que el gobierno ponga en vigor cuatro medidas que beneficiarían a los empleados gubernamentales.

“Nuestra administración ha intentado negociar de buena fe con la JSF para llegar a un consenso con relación a las Leyes 80, 81 y 82, con el propósito de mejorar la calidad de vida de nuestros empleados públicos no esenciales y próximos a retirarse, de una manera fiscalmente responsable”, expresó el director ejecutivo de la Aafaf.

Marrero manifestó que “luego de extensas conversaciones, el Gobierno de Puerto Rico logró que la JSF desistiera de su intención de recortar las pensiones de los retirados como parte del proceso de quiebra bajo la ley federal Promesa”.

“Ese compromiso también se extiende a nuestros empleados públicos que están próximos a retirarse y que merecen una pensión justa. Por esta razón, nuestra administración ha intentado negociar de buena fe con la JSF para llegar a un consenso con relación a las Leyes 80, 81 y 82, con el propósito de mejorar la calidad de vida de nuestros empleados públicos no esenciales y próximos a retirarse, de una manera fiscalmente responsable”, expresó.

El director ejecutivo de la Aafaf añadió que “a pesar de nuestros esfuerzos, y las múltiples alternativas y soluciones viables que le hemos presentado, la JSF presentó anoche una demanda ante la jueza Swain para anular las Leyes 80, 81 y 82, así como la Resolución Conjunta 33, que pondría en marcha la implementación parcial del Programa de Retiro Incentivado, creado bajo la Ley 80-2020”.

Ante esa situación “nuestros abogados están evaluando el recurso para determinar los próximos pasos a seguir”, sostuvo.

(Madrid, 11:00 a.m.) Es difícil hacerse la idea de convivencia en un mundo sin
“el mal, sin malas intenciones, sin maldad alguna, simplemente un mundo
social para el bien, que gravite el torno a la perfección.
¿Por qué difícil? Porque si así fuere ese concepto de bueno y de malo, de lo
perfecto y de lo imperfecto, de lo correcto y de lo incorrecto, no tendría sentido
alguno, pues solo conoceríamos un término; el perfecto. Por tanto, es imposible
imaginar, pues ningún concepto tendría sentido alguno, ya que cuando hay una
sola percepción no hay cabida para el dialogo de la confrontación.
¿Y que pasaría en un mundo donde la moralidad fuera perfecta y buena?
Exactamente igual que en un mundo donde no se conociera el día, solo la
noche o viceversa. No tendría sentido confrontar día y noche, oscuridad y luz,
claridad y opacidad, simplemente porque solo conocemos una de las dos
nociones.
Hoy podemos a través de un termómetro calcular la temperatura porque existe
dos extremos, solido y gaseoso, pasando al mismo tiempo por otro llamado
líquido. Es esta enorme diferencia de cuerpos lo que nos permite apreciar cada
estado de todo cuanto envuelve nuestro planeta y esta es la razón por la que
apreciamos los cambios y nos sometemos a las indulgencias del frio y del
calor. Si no existe el frio extremo, tampoco existe el calor extremo, simplemente
porque solo tendríamos un único conocimiento, o el frio o el calor.
Este concepto nos permite establecer una escala que cada individuo crea en su
interior y que analiza en función de la misma, y después descubrimos cada ser
humano en función de esta escala, que podríamos llamar reglas de convivencia
y que a cada uno le otorga un valor, según la percepción de la persona que lo
analiza.
Incluso me permitiría ir más lejos en el análisis y llegar al extremo, teniendo
como fundamente las dos enormes teorías sociales fundamentales; el
marxismo y el capitalismo. Esto me hace reflexionar y entender por qué Marx
que fue el fundador del marxismo en un momento de hesitación dijo que él no
era marxista. Pues ahí podemos entonces encontrar la respuesta a un mundo
perfecto y único; todos iguales y todos excelentes, lo que significa que no
habría interés por nada y que ningún individuo haría esfuerzos para imponerse
en una sociedad repleta de rivalidad. Si tan solo existe una tendencia político
social, ¿para qué ir más lejos y esforzarme ya que el mundo es perfecto y no
necesita ninguna investigación para mejorarla?

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(San Juan, 11:00 a.m.) La exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, tras una querella sometida en su contra por la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), dijo hoy que “me toma por sorpresa” de decisión, que consideró “frívola” y, además, “evidencia que la OEG cayó en vergüenza y ahora quiere lavarse la cara”.

Cruz Soto consideró que “esta querella no implica ningún acto de corrupción de mi parte porque no estamos hablando de parientes míos como ya leí en un titular. Se trata de una alegación de que no se realizó un trámite administrativo que, en nada, repito en nada ni siquiera sugiere un acto de corrupción”. 

“El tipo de trámite que se me imputa es el de no haber pedido una dispensa a ética para este empleado y su esposa -que tenía un contrato- los cuales no trabajaban en el mismo departamento y uno no supervisaba al otro. Estas dos personas desempeñaron su trabajo con total pulcritud. Este tipo de gestión administrativa es delegada a Recursos Humanos. De hecho, en Recursos Humanos había un grupo de personas que manejaban todos los asuntos de Ética Gubernamental”, añadió.

La exalcaldesa afirmó que “yo desconozco si la dispensa se pidió o no se pidió. Y tengo que decirlo, me enorgullece que no hayan podido ni siquiera inventar la más mínima implicación de corrupción. Todo el mundo sabe que siempre mis instrucciones a todo el mundo eran de que las cosas se hicieran de manera legal, moral y ética”. 

Reclamó que “han tenido un año para buscar miles de contratos, miles de transacciones de personal y lo único que pueden alegar es en relación a un trámite administrativo. Estamos hablando de una alegación de una falla, de una. Lo que pasa es que como el contrato de la persona por contrato se repite, pues se mencionan múltiples fallas administrativas, pero estamos hablando de una situación administrativa”.

Para Cruz Soto, “no se puede andar por ahí haciendo alegaciones para manchar reputaciones; estamos hablando de personas que hacían su trabajo. No estamos hablando de un contratista fantasma. Eso sí, a mí me toma por sorpresa que ellos sean tan diligentes, en Ética Gubernamental, para buscar faltas administrativas, pero que no puedan ver un Lamborghini paseando por las calles de Cataño. La doble vara se ve desde la Luna”.

“Esta es la politiquería de la que el país está cansado. Como la semana pasada y antepasada hubo críticas a la Oficina de Ética Gubernamental y a otras dependencias del gobierno, pues ahora tienen que buscarse una instancia de un trámite administrativo para lograr titulares que distraigan el tema y que dejen a uno en entredicho. Yo soy una persona decente y con total pulcritud en el manejo del servicio público y personal”, aseveró.

La OEG informó hoy que sometió querellas contra Cruz Soto y la alcaldesa de Ponce, María Méléndez Altieri.

La OEG señaló en la querella contra Cruz Soto que la exprimera ejecutiva municipal violó la ley luego de contratar a parientes de empleados municipales.

En la querella se establece que “durante el periodo que la querellada ocupó el puesto de alcaldesa del municipio de San Juan, contrató los servicios profesionales de la señora Nilsa Medina Piña, quien a la fecha de las mencionadas contrataciones era esposa del señor Lidy López Morales, quien ocupó el puesto de director de Salud del municipio de San Juan”.

Según la agencia, la exalcaldesa otorgó ocho contratos entre junio de 2015 y julio de 2020.

Al respecto, la OEG indica que el municipio de San Juan entonces “nunca acudió a la Oficina de Ética Gubernamental en solicitud de evaluación o autorización para otorgar los contratos antes mencionados, a pesar de que las leyes vigentes así lo disponían”.

Cruz Soto arriesga una multa de hasta 20,000 dólares por cada infracción.

(San Juan, 10:00 a.m.) La portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en la Cámara de Representantes, Mariana Nogales Molinelli, propuso hoy investigar las circunstancias por las cuales se le retiró la protección a terrenos con alto valor ecológico en Luquillo, para permitir su desarrollo mediante la construcción de un hotel.

La Resolución de la Cámara 631 ordena a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía y a la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Reciclaje de la Cámara de Representantes a que realicen una investigación exhaustiva sobre el proceso de permisos para el hotel Fairfield Inn & Suites, sus planes de mitigación, su impacto sobre los recursos naturales, y las consecuencias de este desarrollo en la zona circundante, entre otros asuntos relevantes.

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