(San Juan, 1:00 p.m.) El error no es de Rafael “Tatito” Hernández, a quien se le escapó la bola al haber invitado a los cabilderos por la estadidad y luego no confrontarlos. Ante ese cuadro, Ricardo Rosselló la vio como una posibilidad para regresar de forma legitima a Puerto Rico, y “la bateó”. Así es la vida, de oportunidades y errores de cálculos. Ahora bien, nosotros, en la izquierda no podemos achacarle nada a Hernández. El que Ricardo Rosselló venga a Puerto Rico como Juan de los parlotes es nuestra irresponsabilidad.  En el exilio se debió haber quedado.
Por lo que, y según Daniel Santos, “yo no he visto a Linda”… perdón, a Ricky.  Es decir, su visita aquí ahora causa nuevos problemas, en particular a su Partido Nuevo Progresista (PNP),  pues su visita es un reto anto al gobernador de turno Pedro Pierluisi como a Jennifer González, quienes, según nuestras fuentes intentaban dividirse la gobernación para el 2024. Ahora todo aparenta, que Ricardo Rosselló entra a luchar por un pedazo o de la gobernación o de a la oficina de la Comisionada Residente.
En fin, que Ricardo Rosselló fue expulsado por un grupo de artistas que ninguno ha opinado ni ha movilizado a nadie.  Aparenta ser que su compromiso en el verano del 2019, era pauta. Hoy no lo es, hoy no participan. Por lo tanto, solo estamos nosotros.
Es al independentismo y a la izquierda boricua a la cual no le conviene permitir el regreso de Ricardo Rosselló. Esto no es personal. Simplemente, no le conviene que se vuelva a fortalecer dicho el PNP.  Es momento de continuar debilitando a la estadidad desde el terruño local. Pensemos.

(San Juan, 12:00 p.m.) Mañana la Cámara de Representantes tenía pautado una vista de interlocución con los delegados de Puerto Rico ante el Congreso federal. La misma acaba de ser cancelada.  La idea era sostener una sesión de rendimiento de cuentas de los referidos cabilderos para determinar si habían cumplido o no su trabajo. 
La vista había sido torpedeada tanto por los propios delegados, hasta por el gobernador de turno, Pedro Pierluisi.  Este había alegado que si usted no es estadista no puede cuestionar las funciones de dichos delegados.
En fin, que la Cámara de Representantes hoy canceló la vista de interlocución. En este caso triunfó Ricardo Rosselló.  El escurridizo líder estadista boricua, el cual desde que que fue depuesto por el pueblo en el verano el 2019, cuando era gobernador en Puerto Rico, no vive en Puerto Rico y todo indica que no va a regresar.  Pese a que él había aceptado venir físicamente a la isla, todo indica que su presencia habría de causar mucho interés a las personas que protestaron contra él hace dos años.
Hoy no viene. La vida regresa a la normalidad, y todo indica que el país continua sin darse cuenta que Ricardo Rosselló no regresa. Es momento de continuar.  Perdimos un acto público masivo contra él.  Ya vendrán otros. Por lo pronto, él continúa en Washington y dice que representa allí al pueblo de Puerto Rico.  Pensemos.

(San Juan, 1:00 p.m.) Una veintena de organizaciones comunitarias apoyaron el proyecto del Senado 319, que busca crear la “Ley de Seguridad Ciudadana sobre la Construcción, Instalación y Ubicación de Torres de Telecomunicaciones de Puerto Rico”.
Las entidades participaron en una audiencia pública de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, que preside Elizabeth Rosa Vélez, en la que varias agencias del gobierno que regulan la instalación de las antenas de telecomunicaciones se opusieron a la medida.
“Con estas vistas públicas queremos que ustedes tengan voz y que esos reclamos que hacen sean escuchados. Nosotros estamos aquí, elegidos por un pueblo para eso mismo, escucharlos y defenderlos; además de ser el puente entre ustedes y la agencias. Mi compromiso siempre será con ustedes”, expresó la senadora Rosa Vélez a los representantes de las organizaciones.
Wanda Ríos del Comité Pro Bienestar La Margarita de Salinas manifestó que “este proyecto es necesario para crear una armonía entre las telecomunicaciones y el ambiente del ser humano y más aún restablecer los derechos que se nos han arrebatado bajo la actual Ley 89 de 2000. Hemos sido víctimas de las construcciones desmedidas de torres de telecomunicaciones sin que se nos tome en consideración, violando un sinnúmero de Leyes Federales”.
Los reclamos que hacen las organizaciones son las mismas: tener una mayor participación en los procesos de toma de decisiones con las construcciones relacionadas a las torres y que se cree una ley clara que así lo disponga. 
Asimismo, demandan haya una distancia mayor entre las antenas, las residencias, las escuelas y los hospitales, ya que la mayoría de las torres sobrepasan la altura regulada. También, exigen un mejor proceso de notificación antes de comenzar la construcción de los proyectos y que sea mucho más ágil que el actual.
En cuanto a las agencias del gobierno, la Junta de Planificación y el Negociado de Telecomunicaciones no favorecen el proyecto, ya que la Ley 89 de 2000 y otras leyes federales, según las agencias, atienden los reclamos expuestos por los ciudadanos.
La Junta de Planificación presentó en su ponencia que “es menester señalar que la Ley 89 de 2000 fue adoptada en armonía con las disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones la cual ocupó el campo con relación a los posibles efectos ambientales y de salud asociados con la construcción, instalación y uso de torres de servicios móviles”.
Asimismo, expresó que “por entender que la ejecución de medida podría estar en contravención a lo que representa un campo ocupado por la legislación federal, la Junta de Planificación de Puerto Rico, no endosa a la aprobación del proyecto del Senado 319”.
Por su parte, el Negociado de Telecomunicaciones aclaró en su memorial presentado a la Comisión que “la jurisdicción para evaluar solicitudes de usos de terrenos y permisos relacionados con la construcción y ubicación de torres de telecomunicaciones recae en la Oficina de Gerencia de Permisos y la Junta de Planificación”. 
También, reconocieron que “muchos de los artículos contenidos en el proyecto, imponen cargas onerosas y trabas excesivas al desarrollo de las torres de telecomunicaciones. Prácticamente, buscan prohibir la construcción de nueva infraestructura de telecomunicaciones. Esto como ya expresamos es contrario a las leyes y regulaciones federales. La Ley 89, supra, cumple con el propósito de armonizar con el desarrollo de las comunicaciones inalámbricas a la vez que obligan a cada proponente a garantizar un estricto cumplimiento con las especificaciones de seguridad, para los residentes de áreas adyacentes”.

(San Juan, 12:00 p.m.) Como parte del proceso de desmantelamiento del país, calificó hoy el secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, la determinación de la jueza federal Laura Taylor Swain de anular la Ley 7 de Retiro Digno por no cumplir con el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) pública de Puerto Rico.

“Nos desmantelan el país, abusan de los más vulnerables y nos recolonizan para tratarnos como peones de finca”, resumió el dirigente del PIP ante la determinación de la jueza de quiebra, dirigida a recortar las pensiones de los jubilados gubernamentales.

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(San Juan, 1:00 p.m.) El controversial Proyecto de la Cámara 1003, se encuentra detenido en el Senado de Puerto Rico, pues no cuenta con los votos para ser aprobado.  El llamado Plan de Ajuste de la Deuda, o el plan para ponerle fin a la quiebra de Puerto Rico, fue aprobado el pasado lunes por la Cámara de Representantes con 30 votos a favor y el resto en contra o abstenido (de un total de 51 votos).  No obstante, hoy, el proyecto no cuenta con 14 votos en el Senado para ser aprobado.

En la calle protestan tanto pensionados como personas que defienden la Universidad de Puerto Rico. También protestan maestros como toda persona que se beneficia de una forma u otra de servicios del gobierno en Puerto Rico.  La razón de la protesta es para detener que no se viabilice el proyecto 1003, toda vez que el mismo compromete la calidad de vida de hoy y de las futuras de la poblaciones. 

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(San Juan, 9:00 a.m.) Manifestaciones en el Capitolio y en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se llevaron a cabo ayer en contra del proyecto 1003 sobre el plan de ajuste de la deuda.

El proyecto 1003 sería aprobado hoy, martes, en la Cámara y el Senado, luego de un acuerdo entre la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y la Asamblea Legislativa, por lo que se han desarrollado distintas manifestaciones en rechazo a la medida.

En la mañana de ayer llegaron al Capitolio miembros de organizaciones de jubilados, maestros y estudiantes, quienes también protestaron en el campus de Río Piedras, el más grande del sistema de la UPR.

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(San Juan, 1:00 p.m.) Hoy vamos a marchar, todas y todos contra el privatizador del servicio de energía eléctrica, llamado Luma Energy. Lo hacemos el mismo día que el Tribunal Supremo nos informa que no va a resolver la controversia sobre quien debe presidir la Comisión Estatal de Elecciones.  Es decir, que entre protestas del pueblo, el Tribunal Supremo decide algo hoy que curiosamente tiene el efecto de debilitar al partido en el poder, el Partido Nuevo Progresista (PNP).

El país está caldeado. La luz eléctrica continúa yéndose, y nadie sabe que decir, ni qué hacer.  Por lo tanto marchar hoy contra la privatización del servicio de distribución eléctrico, es lo mejor que podemos hacer.  Pero la marcha, como han dicho tantos, es un reparo para un proyecto de país a vivir y a seguir.  No es cualquier cosa, sino es un proyecto de país.

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(San Juan, 12:00 p.m.) El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón Ortiz, estableció que “es totalmente incorrecto decir que no se contará con el suministro de energía para el periodo navideño a consecuencia de que las unidades de EcoEléctrica y AES estén fuera por mantenimiento”.

Explicó que EcoEléctrica tiene un mantenimiento programado para noviembre 2021, mientras AES tiene un mantenimiento programado para enero 2022.

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