(San Juan, 1:00 p.m.) En el día de hoy el gobierno de Washington ha anunciado que habrá de regalar $6 mil millones de dólares para programas de mitigación a través del Departamento de Vivienda federal, aplicados para Puerto Rico.  En el cálculo de los que viven de fondos federales, esto, y otro dinero que nos deben, según alegan, aumenta a $9.5 mil millones de dólares.  Con esa cantidad de dinero, Pedro Pierluisi y el Partido Nuevo Progresista (PNP) intentarán comprar voluntades para la estadidad y para ganar el próximo cuatrienio.  Es decir “los chavos van a volar en la isla ahora”.

Es patético que ante la falta de una izquierda no dependiente de fondos federales, aquí nadie se plantee callar o cuestionar la situación imperante donde el colonialismo y la anexión se venden como una forma de vivir de fondos federales.  Es patético, pero Pierluisi ni el PNP se plantean utilizar dichos fondos para el desarrollo de una infraestructura nacional de corte productivo. Nadie lo piensa.  Simplemente, que podemos hacer con esos fondos para poder consumir más.

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Decenas de empleados municipales recibieron cartas de despido en la tarde de hoy en San Juan, acusó la presidenta del comité municipal del Partido Popular Democrático (PPD), Rossana López León, quien al mostrar una de las misivas de lo que catalogó una nueva Ley 7.

“Tal como de había mencionado en la pasada campaña proselitista, la posibilidad de despidos masivos en el Municipio de San Juan si Miguel Romero llegaba a la poltrona, lamentablemente se ha convertido en realidad”, dijo la exsenadora, quien aspiró a la alcaldía capitalina.

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(San Juan, 9:00 a.m.) El capítulo de jubilados de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) insistió en emplazar al gobernador Pedro R. Pierluisi para que respalde el proyecto de Ley 120 para un Retiro Digno.

“El gobernador expresó que uno de los cuatro asuntos medulares que discute con la Junta de Control Fiscal es su ‘oposición a recortes en pensiones’. Nos parece bien y que, más allá de las declaraciones, hay que demostrar ese compromiso con acciones concretas. Por eso, insistimos en solicitarle una reunión para presentarle el Proyecto de Ley 120 por un Retiro Digno, que es una excelente  alternativa para que el gobierno negocie con la Junta una solución justa al asunto de las pensiones”, expresó Pedro Pastrana Ortiz, portavoz de los maestros y maestras retirados.

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(San Juan, 9:00 a.m.) El gobernador Pedro R. Pierluisi informó hoy que presentará el próximo 2 de febrero el borrador de declaración de emergencia por violencia de género a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Al respecto, aseguró que “vamos a incluir en esa petición presupuestaria todos los recursos”

Sobre la declaración de emergencia, comentó que “esta orden ha sido bien recibida. Es más abarcadora que la anterior. Atiende la mayoría de los reclamos que este servidor ha recibido”.

Tras una reunión de gabinete en La Fortaleza, el mandatario opinó que “la mayor parte de los casos son mujeres, pero lo amplié para que fuera violencia de género porque quiero que esto atienda todos los tipos de violencia que puede ser psicológica, física que atienda todos los aspectos de identidad de género.

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(San Juan, 1:00 p.m.) El representante Orlando José Aponte Rosario, presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, dijo que el Código Electoral aprobado “a toda prisa” el cuatrienio pasado, sin consenso y sin transparencia, fue un “error”. 

Según el legislador, “la crisis en las primarias y luego en las elecciones, son el mejor ejemplo”.

“Toda esta situación se está atendiendo por la Cámara de Representantes con la creación de la Comisión para el Estudio y Evaluación del Derecho Constitucional Puertorriqueño y las Propuestas Enmiendas a la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y Asuntos Electorales. De las vistas se desprende que al momento hay 17 casos en los tribunales, todos relacionados al manejo del proceso por parte de la Comisión Estatal de Elecciones. El país tiene la oportunidad de corregir los errores cometidos y vamos a cumplir con nuestra obligación legislativa”, añadió Aponte Rosario.

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(San Juan, 10:00 a.m.) Realmente hablando, no es posible que la familia Maldonado salga del entuerto del Chat de Telegram del verano del 2019, incólume.  Cuando uno hace el tracto de las llamadas, entre la élite gobernante de ese momento, uno se da cuenta que entre Raulie Maldonado, Sixto Jorge Díaz Colón y el resto de los amigos el ex-incumbente Ricardo Rosselló, lo que había era una amistad de poderse llamar para amenazarse, decirse cosas y sobre todo, buscar dinero.

Resulta que Raulie Maldonado llama primero a Sixto Jorge Díaz Colón para que dejen tranquilo a su padre.  ¿En serio?  Luego Díaz Colón lo toma muy en serio, y llama a sus amigos en Fortaleza, por vía de Anthony Maceira, y hablan de parar la cosa, y pagar por vía de dinero y contratos.  Entonces, luego viene el verano del 2019, y todo cambió.

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(San Juan, 11:00 a.m.) De todas las reacciones que alguien pudo haber tenido ante la reciente orden ejecutiva del gobernador electo Pedro Pierluisi, ninguna debería ser “inconsecuente”. Esta orden ejecutiva es un llamado de alerta por la insurgente ola de violencia contra la mujer. Violencia generacional desatendida adrede.

Es una lástima escuchar, leer, reacciones en contra de este estado de emergencia. Más doloroso resulta el que estos comentarios vengan de académicos, profesionales y líderes políticos. Estamos cansados de escuchar sobre el abandono de otros grupos de la sociedad cuando se intenta lidiar con la violencia contra la mujer. Violencia que últimamente no molesta hospitales y ha ido llenando cementerios.

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(San Juan, 1:00 p.m.) Elías Sánchez y Valerie Rodríguez demandaron a Jay Fonseca, el 31de diciembre de 2020. Es una demanda, de esas épicas, en las cuales se busca una modesta reclamación de $30 millones de dólares, por todo el daño que Fonseca le ha hecho a la reputación de Sánchez y su esposa Rodríguez.

El caso es el no caso.  Es decir, la demanda radicada en el estado del la Florida, a nivel federal, busca detener lo que aparenta ser una campaña de descredito contra Sánchez y familia.  No obstante, la demanda tiene un efecto real y simbólico de enviar un mensaje, directo y contundente de que las fuerzas asociadas a Ricardo Rosselló, están vivas y activas. 

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