El boxeador Félix “El diamante” Verdejo no respondió hoy a preguntas de la Policía en el caso de la desaparición de una joven que, según la familia, tenía una relación con el boxeador.

El púgil fue interrogado esta mañana en el cuartel general de la Policía, en Hato Rey, por agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, debido a que es “persona de interés” en el caso de la desaparición de Keishla Marlen Rodríguez Ortiz, de 27 años, cuya familia alega que tenía una relación con Verdejo, de la misma edad.

Por instrucciones de sus abogados, Jorge Colina y Elí López Montes, no respondió a las preguntas de los policías.

Según dijo el capitán Luis Díaz Muñoz, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, a un diario nacional (El Nuevo Día), Verdejo “no cooperó. La entrevista que le hicimos era porque alegan familiares de Keishla de que tenían una relación y lo citamos para preguntarle si sabe del paradero de Keishla, si la ha visto o si ha tenido comunicación y eso fue nuestra misión. No respondió ninguna de las preguntas”.

Mientras, el teniente coronel Roberto Rivera Miranda dijo que ya se han entrevistado a familiares y amigos, por lo que esperaban que el púgil arrojara luz al caso.

A raíz de la desaparición reportada por su familia, la Policía activó desde anoche una alerta Rosa, que persigue que los ciudadanos colaboren compartiendo información que ayude a encontrar el paradero de la persona desaparecida.

Según la teniente Aymee Alvarado Cardona, directora de la División de Crímenes Contra la Mujer y Violencia Doméstica de la Policía, Rodríguez Ortiz mide cinco pies y cuatro pulgadas de estatura, pesa unas 120 libras, es de tez blanca, cabello largo rubio y ojos marrón.

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(San Juan, 10:00 a.m.) La portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado, María de Lourdes Santiago, cuestionó hoy el pago a través de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) de generosos contratos para gestionar arrendamientos de escuelas cerradas por un dólar.

La Aafaf, aunque en vista pública celebrada hoy en torno a la Resolución del Senado 9, de la autoría de la senadora independentista, alegó no tener conocimiento de los trabajos que realiza una corporación llamada “Doing Business Puerto Rico” (DBPR LLC), figura en los registros de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico como firmante de los contratos a favor de esta empresa, que fluctúan entre $50 mil y $200 mil.

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(San Juan, 12:00 p.m.) Vivimos en tiempos difíciles, donde a la falta de un poder soberano claro, la cultura de derechos en general, y la de los derechos civiles en particular, se está perdiendo.  Es un momento complicado, pero solo en países con una clara narrativa de derechos y soberanía, como en Cuba,  Venezuela, Francia, o Canadá, se preservan los derechos básicos de los ciudadanos. En Puerto Rico este no es el caso.

Vivimos en tiempo de una erosión de la cultura de derechos en Puerto Rico, donde el sistema de justicia, así como los reclamos de la ciudadanía, se han utilizado para perseguir personas. Lo que en  América Latina se ha conocido como el lawfare, o la persecución a través de la radicación de casos criminales sin fundamento, ha calado también en nuestros entendidos de los derechos civiles.

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(San Juan, 11:00 a.m.)  El senador Ramón Ruiz Nieves pidió hoy al gobernador Pedro R. Pierluisi que analice bien la designación del próximo secretario de Educación, porque “no podemos tener a otra Julia Keleher”.

Luego de que el nombramiento de Jesús González Cruz no pasara ayer el crisol del Senado, Ruiz Nieves señaló que “la carta de presentación del licenciado González es lamentable. El Senado concluyó que González Cruz no cumple con los requisitos para el cargo. Mi posición es que el gobernador no debe insistir en dejarlo en el puesto mientras designa un secretario en propiedad. No tiene las cualificaciones”.

“Estamos hablando que González ocupó una posición en el Departamento de Corrección durante la incumbencia de Carlos Molina, con resultados lamentables, y todo el país conoce eso. Luego fue vicealcalde de Arecibo, con resultados aún peores. No podemos tener otra Julia Keleher en la posición”, concluyó Ruiz Nieves.

En su turno de ayer, el legislador recordó que el Departamento de Educación tiene un presupuesto multimillonario en fondos federales y con una gran responsabilidad con los 200 mil estudiantes.

“Esa gran responsabilidad está también en los maestros y el personal no docente. Mi recomendación al gobernador Pierluisi es que debe asegurarse de nominar a una persona cuya carta de presentación sea intachable. A quien nombre, debe cumplir con los más altos valores de integridad honestidad y compromiso”, añadió.

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(San Juan, 10:00 a.m.) La jueza federal Laura Taylor Swain, encarada de supervisar el caso de la restructuración de la deuda de Puerto Rico, negó hoy la solicitud de interdicto pedida por el presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, por asignación por parte del gobierno de fondos para la elección especial de cabilderos por la estadidad.

Dada la decisión, sigue el proceso programado para el 16 de mayo.

Sobre la determinación, el gobernador Pedro R. Pierluisi comentó que “la voluntad del pueblo se respeta. Nadie se debe interponer ante nuestro pedido por la estadidad. La elección especial para elegir delegados al congreso va. El pueblo de Puerto Rico pidió la igualdad y no descansaremos hasta lograrla”.

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(San Juan, 12:00 p.m.) La propuesta elección especial para elegir unos seis delegados a promover la estadidad en Washington, según el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juez Domingo Rosado Colomer, se encuentra encaminada.  La misma, en vos del presidente, ya se organizó a la antigua, “contando los votos uno a uno”. Estas elecciones especiales, en las cuales se espera que participen 120 mil personas, los votos se imprimieron en papel, y no tendrán conteo electrónico en el colegio electoral.

Lo interesante de esta conversación, es la imposición por parte del Partido Nuevo Progresista (PNP), de imponernos esta elección, por vía de la Ley 167-2020.  Bajo dicha ley, firmada en los últimos días del pasado cuatrienio, el PNP pretende celebrar una elección e implementar el mandato que ellos recibieron del referéndum del 2020, sobre la estadidad sí o no. 

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(San Juan, 1:00 p.m.)  Domingo Emanuelli es el actual secretario de justicia. Muchos sectores lo vieron como una persona justa y decente.  Lo reconocían como miembro del Partido Nuevo Progresista (PNP), pero una persona correcta para el cargo.  Eso fue así a principio del cuatrienio y mandato de Pedro Pierluisi, gobernador de Puerto Rico desde el 2 de enero de 2021.

No, obstante en los pasados 10 días el secretario de justicia se ha convertido en un “verdugo”  de una agenda silenciosa, que inició su trabajo rectificando las irregularidades de la pasada administración, también del PNP, pero de otra facción de dicho partido. Ante esto, este se ha desatado una persecución del PNP contra otras facciones del PNP que incluyen aliados de Ricardo Rosselló , como es el caso del hoy investigado por la Oficina del Fiscal Especial Independientes (FEI), Raúl Maldonado. 

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(San Juan, 9:00 a.m.) La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) presentó hoy una demanda ante la corte de Título III de Promesa para que se declare nulo el contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y Luma Energy, por ser contrario a la ley y al orden público. 

Además, solicita una orden de interdicto para que se paralice la implantación del contrato y para que Luma Energy devuelva a la AEE los más de cien millones que ha facturado.

“Hemos radicado esta demanda a nivel federal para que se declare nulo este contrato por ser ilegal, leonino y por violar las leyes de Puerto Rico y de Estados Unidos. Bien hemos visto, y ha salido a la luz pública en las investigaciones realizadas en la Legislatura, que la contratación de Luma Energy es perjudicial para el pueblo de Puerto Rico”, expresó Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Utier.

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