(San Juan, 11:00 a.m.) La dilación, falta de respuestas atadas a acciones ágiles y de personal cualificado para atender las emergencias por parte de LUMA son cada día más graves y evidentes, afirmó hoy el alcalde de Ponce, Luis M. Irizarry Pabón, quien exigió que la empresa actúe con urgencia ante la falta de servicio en el aeropuerto Mercedita y en varias comunidades del pueblo.

Aseveró que “hay comunidades que llevan más de 27 horas sin servicio, al igual que el aeropuerto internacional, lo que afecta directamente a la población tanto en su calidad de vida como en su economía”.

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(San Juan, 11:00 a.m.) Una investigación para estudiar las tasas acumuladas de casos, mortalidad, fatalidad y personas totalmente vacunadas desde el inicio de la pandemia hasta septiembre 2021 estableció que la Isla ha tenido un desempeño exitoso frente al Covid-19, aunque concluye que hubiera sido mejor si se controlaba el flujo de personas en puertos y aeropuertos del país

Un estudio del catedrático de la Escuela Graduada de Salud Pública (EGSP) del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Heriberto Marín Centeno, señala que “el resultado del estudio reveló que, al comparar a Puerto Rico con el promedio mundial y de las subregiones del mundo, ha tenido un desempeño relativamente exitoso manejando la pandemia del Covid-19. Sin embargo, cuando se compara a Puerto Rico con la región del Caribe el desempeño es mixto”. 

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(San Juan, 12:00 p.m.)  La tradicional farmacia Luma del Viejo San Juan ya no se llamará así debido a que es “un nombre odiado” por los puertorriqueños, que rechazan el servicio del consorcio Luma Energy, a cargo de la transmisión y distribución de la energía eléctrica en el país y responsable de numerosos apagones en la Isla.

El propietario de la farmacia, Juan Fernández García, dijo que el negocio cambiará de nombre a farmacia Viejo San Juan o farmacia VIP

“Haremos una encuesta para saber qué dice nuestra clientela, pero será uno de estos dos.

Nuestro nombre formado por Luisa y Manolo, y creado en 1965, no puede seguir siendo usado porque sencillamente es un nombre odiado por la totalidad de clientes de energía eléctrica afectados por un servicio grosero, soberbio e indiferente”, dijo Fernández García.

Según el empresario, Luma Energy “simplemente ignora a los clientes, a la Asamblea Legislativa, a la judicatura y de muchas maneras se sienten por encima de la ley”.

Agregó que debido a la mala fama de la empresa que da servicio de electricidad al país “nos destrozaron el nombre” de la histórica farmacia que funciona en el casco antiguo de la capital.

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(San Juan, 12:00 p.m.) La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) informó hoy que eliminará los recortes a las pensiones del plan de ajuste de la deuda.

El anuncio lo hizo en una comunicación que envió al gobernador Pedro R. Pierluisi, así como al Senado y a la Cámara.

En la carta, la JSF señala que no tiene “ningún desacuerdo filosófico con las loables aspiraciones políticas del proyecto de ley” y que incluso muestra “un interés muy arraigado en el bienestar de los jubilados”.

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(San Juan, 10:00 a.m.) La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) informó hoy que otorgó plazo hasta mañana al Senado para que apruebe el plan de ajuste de la deuda o pedirá al Tribunal que postergue su confirmación.
El Senado aún no tendría los votos para aprobar el proyecto de la Cámara 1003 sobre el plan de ajuste de la deuda para terminar con la quiebra de la Isla, ante lo cual la JSF indicó que “lo que está en juego para Puerto Rico es increíblemente alto. No aprobar esta legislación significa que Puerto Rico permanece atascado en una nube de bancarrota, sofocando su capacidad para crecer y atraer la inversión necesaria”.
Además, advirtió que “las pensiones no estarán protegidas y el plan no se modificará para brindar apoyo adicional a la Universidad de Puerto Rico y a los municipios”.
Agrega que si el proyecto de ley de la Cámara de Representantes 1003, aprobado el 19 de octubre de 2021, no se convierte en ley antes de las 2:00 de la tarde del viernes, la Junta de Supervisión se verá obligada a solicitar el aplazamiento de la audiencia de confirmación en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. 
“Como resultado, Puerto Rico permanecería en la bancarrota y el peso de la deuda insostenible seguirá sobre los hombros de todos los puertorriqueños, amenazando el progreso económico de la isla”, indicó el organismo que maneja las finanzas del gobierno de la Isla.
El ente alertó de las consecuencias de no aprobar la medida: Puerto Rico permanecerá en quiebra, los acreedores pueden solicitar que se levante la moratoria sobre el pago de la deuda vigente en este momento, “lo que lleva a una demanda caótica de pago basado en el efectivo disponible y socava la la capacidad del gobierno para funcionar” y el litigio continuaría y aumentaría enormemente los costos y el tiempo para salir de la quiebra.
A su vez, consignó que “la duración de la Junta de Supervisión se extenderá por el tiempo perdido en este proceso, los acreedores serían elegibles para recibir cien millones como tarifa de terminación si ejercen su derecho a rescindir su acuerdo para respaldar el plan, y podrían potencialmente hacer nuevas y mayores demandas de reembolso, basadas en la opinión pública”.
Asimismo, advirtió que “los maestros y jueces no serían elegibles para los beneficios del Seguro Social del gobierno de EEUU y seguirían dependiendo de los pagos del presupuesto de un gobierno que impulsará sus plan de pensiones en quiebra.
La JSF declaró que “un grupo diverso de partes interesadas que van desde sindicatos, jubilados, tenedores de bonos y otros acreedores y aseguradores de bonos acordaron un Plan que es el mejor resultado posible dada las circunstancias difíciles que Puerto Rico ha tenido que manejar durante los últimos años”.
La Junta aseguró que el plan reduce la deuda pendiente del Commonwealth en 80%, de 33 mil millones a siete mil millones y garantiza que el gobierno no pagaría más de 1,150 millones al año.
“El plan ahorra casi 50 mil millones en el servicio de la deuda que de otro modo se adeudaría y permite al gobierno pagar un poco más de siete centavos de cada dólar de impuestos por el servicio de la deuda, en comparación con hasta 25 centavos antes de cualquier reestructuración. El plan brinda una seguridad considerable a los futuros beneficiarios de pensiones al establecer un fideicomiso de pensiones financiado con al menos 175 millones por año durante los próximos años y asignando la mayor parte del excedente al fideicomiso de pensiones”, manifestó el ente.
Agrega que “el plan transfiere más de 1.2 mil millones y restaura las contribuciones de los empleados al Sistema que fueron utilizados por gobiernos anteriores, proporciona a miles de empleados de la administración pública hasta cien millones en lugar de intereses
en sus cuentas de contribución definida y resolvería cientos de litigios que le costarían al gobierno decenas de millones de dólares solo en honorarios legales. El plan pondría fin a la bancarrota y pondría a Puerto Rico en el camino hacia una economía sostenible. crecimiento y prosperidad”.

(San Juan, 1:00 p.m.) El presidente del Banco de Desarrollo Económico (BDE), Luis Alemañy, reveló hoy el último informe del Centro de Estudios Económicos de la institución bancaria, que valida que la perspectiva inflacionaria en los Estados Unidos es cónsona con el aumento en los precios que perciben los consumidores nacionales. 
“Continuamos utilizando nuestro nuevo Centro de Estudios Económicos para educar e ilustrar a nuestros empresarios y a los consumidores sobre importantes temas económicos y su impacto, cónsono con la visión del gobernador Pedro Pierluisi de apoyar a los pequeños y medianos comerciantes y a los consumidores.  Es por esto que hoy hacemos público este informe donde se establece que la perspectiva inflacionaria en los Estados Unidos presenta un ritmo cónsono con el aumento en los precios que notan los consumidores de la Isla en algunos productos”, dijo el financiero acompañado de los economistas del BDE, Gladys Medina y Juan Carlos González Ruiz.
Detalló que “desde el punto más bajo que se registró en junio del año pasado (-1.7%), la tasa de inflación en Puerto Rico ha mantenido un ritmo de crecimiento ascendente, alcanzado 3.3% en agosto de 2021. Para septiembre de 2021, la inflación en Estados Unidos se encuentra en 5.4% según el índice de precios al consumidor y en 8.6% de acuerdo con el índice de precios del productor”. 
Indicó, además, que “el Sistema de la Reserva Federal (Fed), que es el banco central encargado de establecer la política monetaria de los Estados Unidos, mantiene como metas alcanzar el empleo máximo y mantener la tasa de inflación nacional en 2%.  La Fed estimó que la inflación promediará 4.2% al cierre de este año y que se reducirá a 2.2% el año que viene”. 
Según el funcionario, “la subida se debe a varios factores como interrupciones y embotellamientos en las cadenas de suministros, que han limitado la oferta de algunos productos y servicios. También por aumentos en la demanda según las restricciones impuestas para manejar la pandemia se moderan y los indicadores de actividad económica y empleo mejoran”.
Medina explicó que “se define como inflación a la tendencia que tienen los precios de los bienes y servicios de subir a través del tiempo. Si los precios aumentan, el poder adquisitivo del dinero disminuye. O sea, mientras más altos están los precios, menos cosas podrán comprarse con el mismo dinero”.
Añadió que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) es un indicador que sirve como herramienta para medir los cambios en los precios que pagan los consumidores por la compra de bienes y servicios, entre dos periodos de tiempo específicos. 
Este grupo de artículos y servicios se conoce como la canasta de bienes y servicios.
La División de Coste de Vida del Negociado de Estadísticas del Trabajo del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico (DTRH), publica todos los meses el informe del IPC de la Isla. 
Asimismo, el Negociado de Estadísticas Federal, (BLS, por sus siglas en inglés) publica el IPC de Estados Unidos (EE. UU.). El BLS también es la fuente de otro indicador que se utiliza como medida de inflación a nivel nacional, conocido como el Índice de Precios del Productor (IPP). 
En términos generales, el IPP se diferencia del IPC en el sentido de que el primero mide los costos desde el punto de vista de las industrias productoras de bienes y servicios, mientras que el segundo mide los precios desde la perspectiva de los consumidores. 
“En otras palabras, el IPP registra los cambios en precios según su costo de producción versus el IPC, que hace lo propio en el punto de venta, cuando el consumidor compra un bien o paga por un servicio”, dijo el experto.
Sostuvo que “como el IPP mide los costos de producción de los que serán bienes de consumo, y conforme los precios de las materias primas, productos intermedios y de los alimentos afectan directamente el valor de los artículos que se venden al detal, se le considera un buen pre indicador, o indicador líder, de presiones inflacionarias. Los cambios en los precios a nivel de producción suelen anteceder aumentos o reducciones en el valor de lo que se consume”.
Para González Ruiz, “el anterior principio económico se resume en que cuando los precios de los recursos empleados en el proceso de producción aumentan, ese incremento en costos se transfiere al comercio y eventualmente al consumidor. No obstante, las fluctuaciones en los precios de producción y consumo no siempre están alineadas. Por ejemplo, aumentos o reducciones en impuestos sobre las ventas al detalle no se reflejan en los precios de producción”. 
También, consignó que “las compañías que forman parte de la cadena de distribución típicamente suscriben contratos de cobertura, o acuerdos de compra a precios predeterminados, con el fin de proteger o “cubrir” su producción de aumentos inflacionarios. Claro está, una vez vence la vigencia del contrato de cobertura, cesa la fijación de los precios”.
Medina manifestó que la tasa de inflación en Estados Unidos según el IPC fue de 5.4% en septiembre de 2021 y de 8.6% de acuerdo con el IPP, ambas sin ajuste estacional. 
“Es importante mencionar que ambos índices, al productor y consumidor, están siendo movidos al alza impulsados por los altos costos en energía. Siendo que, en el caso del índice de precios al productor en septiembre de 2021, los precios de la energía incrementaron en 36.3%, mientras que, para los consumidores se ha experimentado un crecimiento de 24.8% en la misma categoría. Ahora bien, cuando se experimentan aumentos significativos en los costos de energía por ser un insumo imprescindible para la sociedad, esta inflación se traslada a todos los sectores de la economía”, acotó.

(San Juan, 11:00 a.m.) La presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Mayra Olavarría Cruz, aseguró hoy que ni la administración central ni la junta de gobierno de la principal institución educativa del país tienen en sus planes el cierre del recinto de Utuado.
 “Hemos visto y escuchado durante los pasados días en diversos medios de comunicación y en redes sociales información de fuentes no autorizadas que aseguran que se aproxima el cierre del Recinto de Utuado de la UPR. Esa información es completamente falsa”, indicó Olavarría Cruz. 
La académica agregó que “ni la junta de gobierno de la UPR ni esta presidenta interina contemplamos el cierre de ese ni de ningún otro recinto de la UPR”. 
En declaraciones escritas, la presidenta interina afirmó que “seguiremos trabajando e identificando nuevas formas de gobernanza y administración del sistema que se ajusten a la realidad que nos imponen los retos fiscales para garantizar la operación de todos los componentes de la UPR”.

(San Juan, 10:00 a.m.) El presidente del Banco de Desarrollo Económico (BDE), Luis Alemañy González, y el secretario del Departamento del Trabajo, Carlos Rivera Santiago, firmaron hoy un acuerdo colaborativo para proveer financiamiento y subvenciones del programa SBF CDBG DR a nuevos y existentes empresarios que recibieron beneficios de desempleo y Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, siglas en inglés).

Los ciudadanos que cualifiquen al producto de financiamiento Microempresario podrán recibir hasta un máximo de 25,000 dólares por un término de cinco años con una tasa de interés anual que podría fluctuar entre cuatro y ocho por ciento.

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