“Aunque los pagos a bonistas son menores que en el PAD anterior, los aumentos a la factura propuestos para este pago afectarían los bolsillos de los consumidores residenciales, comerciales e industriales, ya golpeados por las medidas de austeridad de la Junta. Los aumentos propuestos por 35 años podrían obstaculizar una recuperación que logre sacar al país de los más de quince años de estancamiento económico”, puntualizó el economista José Alameda, presidente de la Comisión Ciudadana.
Agregó que un pequeño comerciante que consume 1500 kWh pagaría $35.39 mensualmente. Un supermercado que consume 110,000 kWh mensualmente pagaría un cargo de $1,509.50 adicional por mes en su factura sólo para el pago a bonistas.
Los aumentos también dificultan la posibilidad de reconstruir el sistema eléctrico en Puerto Rico, que ya se encuentra en un estado crítico, anotó Alameda al referirse al estudio titulado “Nueva propuesta de pago a los bonistas de la AEE: insostenible para el pueblo de Puerto Rico”.
La Junta de Control Fiscal de Puerto Rico presentó su tercera enmienda al Plan de Ajuste de Deuda (PAD) para la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) en agosto de este año. Esta última propuesta busca reducir la deuda de bonos de la AEE de $8.3 mil millones a $2.3 mil millones, lo que representa una reducción del 72%. La carga de estos pagos, sin embargo, todavía recae directamente sobre los consumidores a través de aumentos en su factura de electricidad.
Según el informe, disponible en la página web www.comisionauditoriapr.org, tres asuntos llaman la atención sobre lo que propone la Junta que se puede pagar: el pueblo de Puerto Rico estará pagando por los nuevos bonos hasta 2059, o sea, por los próximos 35 años, un periodo extremadamente largo para un sistema eléctrico que está en tan malas condiciones.
Los intereses que pagarán los bonos alcanzan hasta poco más del 7%, una tasa alta que debilita las finanzas de la AEE y a pesar de que los nuevos bonos son por alrededor de $2.3 mil millones, en realidad el país terminaría pagando más del doble o $5.15 mil millones al sumar el pago de intereses.
Esta cifra tampoco incluye los posibles pagos por los CVIs ni los pagos millonarios en honorarios ni comisiones, por lo que el pago final podría ser muchísimo mayor en claro detrimento del pueblo de Puerto Rico.
“Uno de los grandes problemas de este PAD es que por medio de subterfugios invisibiliza el pago real que estarían recibiendo los fondos buitre. El PAD estipula, por ejemplo, que el gobierno central asignará $400 millones para pagarle a los acreedores por sus gastos de abogados y asesoría financiera”, expresó Eva Prados Rodríguez, portavoz de la Comisión Ciudadana.
La abogada indicó que “llama también la atención que los cinco fondos buitre que apoyan el PAD se comprometieron a comprar alrededor de $1.6 mil millones de los nuevos bonos por emitir. A cambio estos fondos cobrarán 8.25% del total de estos bonos en comisiones, lo que implica un pago de alrededor de $124 millones, más honorarios adicionales de aproximadamente $74 millones”.
Por su parte, El planificador José “Tato” Rivera Santana, detalló que “nuestro análisis es que un pago del gobierno central de $670 millones en efectivo para honorarios y comisiones a los bonistas, además de las nuevas emisiones de bonos, es un desvío de los fondos necesarios para evitar recortes de pensiones, abordar la crisis de los jubilados y rehabilitar de manera urgente el propio sistema eléctrico”.
El también portavoz de la Comisión manifestó que “las personas pensionadas de la AEE se ven particularmente afectadas por este PAD, ya que el mismo no articula una fuente de financiación clara para las pensiones, lo que plantea preocupaciones sobre el pago de las pensiones y aumentos futuros a la factura. Antes del gobierno central utilizar recursos del Fondo General para pagar a bonistas de deuda no asegurada debe atender con urgencia la crisis del Sistema de Retiro para evitar también nuevos aumentos”.
“El informe concluye que la tercera enmienda al PAD de la AEE es insostenible a largo plazo, pues sigue poniendo el pago de la deuda a bonistas por encima del pago de pensiones, de la reconstrucción de nuestro sistema eléctrico tan deteriorado, y del desarrollo económico del país, razón por la que Puerto Rico debe oponerse a este plan, asegurando un futuro mejor para su pueblo”, concluyó.
