Economía Solidaria

El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) Rafael Rivera Ortega presentó en el 2013 un proyecto de ley para promover la prevención contra el crimen que está siendo considerado en la Comisión de Educación y para el Fomento de las Artes y la Cultura de la Cámara de Representantes. El proyecto de la Cámara 670 requiere que el programa de orientación sobre delitos y visitas a las cárceles que se impuso en el 2001 al Departamento de Educación se extienda a las comunidades que circundan las escuelas donde se presta dicho proyecto. El objetivo de la propuesta es promover un mayor conocimiento sobre delitos y las consecuencias del crimen y así desincentivar la conducta criminal. Lo interesante del proyecto, al cual me opongo obviamente por ser simplista y mal dirigido, no es la propuesta sino el argumento elaborado en la exposición de motivos.

San Juan- El declive económico ha llevado a Puerto Rico a perder en 15 años poco más de la mitad de los empleos en la manufactura, según datos del Censo Económico de 2012 divulgado ayer por el Centro de Información Censal.

En toda la discusión sobre el IVA el gobierno ha insistido en que la única solución a la crisis fiscal es la de ellos. Usted escucha constantemente al gobernador colonial de turno, Alejandro García Padilla, y a legisladores de la mayoría decir que las personas que se oponen no presentan o tienen propuestas. Lo dicen por dos razones, primero porque ellos son intermediarios de los bonistas y segundo porque menosprecian al pueblo. Para ellos lo que usted diga no es importante solo lo que ellos dicen o creen vale.

San Juan- La ministra de Agricultura, Myrna Comas, advirtió ayer sobre la vulnerabilidad alimentaria de Puerto Rico ante la salida del mercado de la empresa naviera Horizon, que trasiega productos comestibles desde Estados Unidos.

Hoy, una de las tres grandes casas acreditadoras, Fitch, degradó los bonos de obligación general del Gobierno de Puerto Rico. Esto lo hizo de forma preventiva por el mero hecho de que el Gobierno de Puerto Rico ha iniciado el diálogo de refinanciar la deuda pública que se tiene con los bonistas. La deuda, es de conocimiento general, asciende a $73 mil millones de dólares. De estos, $22 mil millones le competen al Gobierno central, mientras que $51 mil millones le corresponden a las agencias casi públicas del Gobierno de Puerto Rico entre otras, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, y la Autoridad de Carreteras.

El día 20 de marzo, el Tribunal Supremo emitió una opinión nefasta para el Pueblo de Puerto Rico. Según el juez Martínez, Puerto Rico es un territorio no incorporado de los Estados Unidos y, por lo tanto, no tiene soberanía propia. La opinión se emite en un caso sobre doble jurisdicción, en el cual personas juzgadas en el foro federal reclaman que juzgarlas en el foro estatal es una violación del principio que prohíbe la doble exposición. Tradicionalmente, y bajo un caso anterior, Pueblo v. Castro García, 120 DPR 740 (1988), Puerto Rico podía juzgar a un acusado por los mismos delitos por los cuales fue juzgado en el foro federal bajo el principio de la doble soberanía. En el esquema federal existen dos soberanías, la federal, que tiene poderes limitados y delegados, y la estatal, que es la soberanía primigenia. De acuerdo al Tribunal Supremo de Puerto Rico, nosotros seguimos siendo un territorio bajo la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos y, por lo tanto, no tenemos, ni nunca hemos tenido, soberanía propia.

La discusión, de corte democrático, que produjo el proyecto de ley de la Cámara Núm. 2329, conocido popularmente como el impuesto del IVA, merece todo nuestro respeto. Realmente hablando, a partir de la presentación del mismo por el gobernador, Alejandro García Padilla, del oficialista Partido Popular Democrático, todo el mundo asumió posiciones a favor o en contra, y salieron a la calle a protestar.

Un informe de la casa crediticia Moody’s expresa que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no tendrá el 1 de julio fondos para cumplir con sus bonistas y a la vez comenzar un programa de mejoras en sus instalaciones.