Ayer, no hubo una vista sobre asuntos de Puerto Rico ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sino dos en Washington D. C. Por un lado, tenemos la vista donde se discutieron asuntos relacionados con los derechos de los niños, los inmigrantes, las mujeres, la pena de muerte, la trata humana y la comunidad LGBTT. Por otro lado, tenemos la vista, en la cual participó el profesor y licenciado Carmelo Campos de la Universidad del Sagrado Corazón, sobre la pena de muerte en el Gran Caribe. Dicha vista, obviada por los medios en Puerto Rico, reveló que en el Gran Caribe tenemos más territorios retencionistas, es decir que retienen la pena de muerte en sus códigos, que abolicionistas. Como afirmó el licenciado Campos, todos los territorios son abolicionistas, excepto los territorios de Estados Unidos. Entre esos territorios que no son abolicionistas está Puerto Rico. Ese tema adquirió visos políticos cuando César Miranda, secretario de Justicia de Puerto Rico, en la vista sobre los derechos humanos en la Isla, afirmó que era irreal que tuviera que responder por actos del Gobierno federal.

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San Juan- Diputados del oficialista Partido Popular Democrático (PPD) anunciaron ayer siete medidas legislativas, entre ellos una reforma constitucional, que permita la reestructurar la deuda de más de 73 mil millones de dólares que tiene Puerto Rico.

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Lejos de aceptar de forma no crítica la campaña mediática que las universidades y colegios privados auspiciaron, así como las propuestas de la Fundación Sentido Común, en El Post Antillano llevamos dos semanas invitando al público lector a examinar el proyecto de la Cámara 2329, conocido popularmente como el tributo del IVA. Por los indicadores de lectores que vemos, reconocemos que cerca de 10 mil personas lo han leído o examinado de alguna manera. Luego de semanas de este debate, hemos también apuntado que cada día que pasa el proyecto se consolida más, en lugar de estar en crisis. Para colmo, y de forma no esperada, en lugar de hablarle al pueblo de forma directa, el pasado lunes, el gobernador Alejandro García Padilla prefirió transmitir un infocomercial, en el cual le ofrecía una charla a una audiencia cautiva en el pueblo de Cayey.

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El País quiere captar empresas que quieran una puerta de entrada a los Estados Unidos.

En Puerto Rico hay empresas catalanas y españolas. Pero prácticamente todas son grandes. De catalanas, serían claros ejemplos Abertis y Gas Natural Fenosa. De españolas, Acciona, Mapfre o el Santander. Pero la isla caribeña, que tiene un estatus único de estado libre asociado a los Estados Unidos, quiere captar más inversión, entre otras cosas para enderezar su economía.

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Esta semana la Cámara de Representantes de Puerto Rico dio un voto afirmativo a una medida para quitarle el derecho a votar a los presos que hayan cometido delitos graves. La aprobación de la medida trajo una controversia porque se dice que el coautor del proyecto de ley, Carlos Vargas, buscó los votos de sus compañeros legisladores a cambio de dar su voto a un alza sustancial en el impuesto al barril de petróleo. 

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El exgobernador Luis Fortuño, quien fuera derrotado por Alejandro García Padilla en noviembre de 2014, opinó que el IVA es malo para la economía de Puerto Rico. Las declaraciones fueron realizadas en una conferencia de prensa luego de haber participado en un foro empresarial en la UMET (Universidad Metropolitana), donde compareció junto a Rafael Hernández Colón. Fortuño, rodeado de empresarios, alegó que el IVA es malo porque en primer lugar le añade un costo transaccional al hacer negocios en Puerto Rico.

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alt                                                                                  7 de marzo de 2015

Alejandro García Padilla, Gobernador                                                                                                                           Eduardo Bathia, Presidente del Senado                                                                                                                             Jaime Perelló, Presidente de la Cámara de Representantes

Estimados licenciados García Padilla, Bathia y Perelló:

La propuesta legislación para allegar fondos al erario a través del IVA atenta contra varios sectores que, por la fragilidad de sus ecosistemas de producción y ventas, quedarían abocados a desaparecer. Uno de estos sectores es el de escritura, edición, publicación y venta de libros.

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