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altSe convierte en algo inevitable: el informe que presentó el juez Ángel Pagán como comisionado judicial en el caso ante el Tribunal Supremo, impugnando la Ley 160, que modifica la Ley de Retiro de los maestros y las maestras de Puerto Rico, indica que el sistema está quebrado y que es imperiosa su reestructuración.

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Ayer una de las agencias acreditadoras del gobierno de Puerto Rico, Standard and Poor's, decidió de forma unilateral, degradar a nivel especulativo, o mejor conocido como chatarra, por la capacidad de repago del gobierno central de Puerto Rico, la Autoridad de Carreteras, el Banco Gubernamental de Fomento y a la Universidad de Puerto Rico. La consecuencia práctica de este acto de degradar, es que impide que el gobierno o las dependencias así nombradas, puedan salir al mercado de prestamistas y buscar una nueva deuda pública. Es decir, el gobierno es un deudor moroso o potencialmente moroso, que no puede asumir más deuda pues no la podrá pagar.

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altEl gobierno de Puerto Rico, le ha presentado a la legislatura de la Isla una, en mi opinión insensata, propuesta para una emisión de bonos, por el valor de 3,500 de dólares (USD). Esta noticia se dio simultáneamente con la de que las compañías de servicios financieros estadounidenses Standard & Poor’s (S&P) y Moody’s decidieran arbitrariamente devaluar el valor de la deuda del gobierno del territorio de los Estados Unidos a chatarra.

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En el día de hoy se anunciado que la carretera PR 22, el expreso José de Diego que conecta de San Juan hasta Hatillo, ha sido finalmente privatizada su administración plena. El 51% de las acciones del cuerpo rector de dicha autopista, le pertenece hoy al grupo Abertis, de origen español. La pregunta ante un país que han ido privatizando el uso y disfrute de algunos de sus bienes comunes, como el aeropuerto y ahora la principal arteria del país, la PR 22, ¿no deberían estos bienes estar en manos del gobierno o una corporación pública que los administre?

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