Caribbean Produce Exchange (CPE), empresa de distribución de alimentos, reiteró que el retiro voluntario del producto WanaBana “Apple Cinnamon Fruit Purée” no afecta al mercado de Puerto Rico, ya que el producto no está disponible en el mercado local.

De acuerdo con los informes recibidos por la Agencia Federal de Drogas y Alimentos (FDA), el puré de manzana y canela de la marca WanaBana distribuido a través de la cadena de tiendas Dollar Tree en Estados Unidos, se ha detectado en ciertas unidades niveles elevados de plomo, el cual pudiera ser perjudicial para la salud, especialmente en menores de edad.

La empresa aclaró que los productos WanaBana disponibles en Puerto Rico no han sido afectados y son seguros para su consumo.

“A raíz de los comunicados de la FDA con respecto al puré de manzana y canela, de manera responsable queremos reiterarle al público sobre esta situación y aclarar que el retiro voluntario no afecta ninguno de los productos de la marca WanaBana en Puerto Rico”, destacó Félix López, gerente general de CPE.

Caribbean Produce Exchange es la principal distribuidora de alimentos, incluyendo frutas, vegetales y huevos frescos en Puerto Rico con 63 años de experiencia en el manejo seguro de alimentos altamente perecederos.

Su cartera de productos sobrepasa los mil artículos de marcas líderes en frutas, vegetales, huevos y productos alimenticios de alta calidad. Sus servicios incluyen el manejo de la cadena de suministros de productos frescos, procesamiento de alimentos frescos, empaque y distribución de productos locales, servicios de mercadeo y planificación.

(San Juan, 11:00 a.m.) Las autoridades gubernamentales llamaron a la población a adoptar las medidas precautorias ante el posible surgimiento en el país de la NJ1, una nueva variante del coronavirus que ya ha sido detectada en los Estados Unidos y en varios destinos de América y Europa.

El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, al lanzar la alerta, informó que se vigila la eventualidad pandémica a los fines de administrar a la ciudadanía los antvirus necesarios para evitar su propagación.

“Estamos vigentes ante el Covid-19 y la posible aparición de la nueva variante NJ1 y en esa situación estamos secuenciando para ver si aparece en nuestro país y lo vamos a decir en el momento en el que aparezca”, afirmó Rivera.

Asimismo, el galeno llamó a la ciudadanía a prestar atención y tomar los cuidados necesarios, a lo que ejemplificó que para estas fechas navideñas se espera la visita de muchos extranjeros a República Dominicana, sobre todo de los Estados Unidos, que podrían estar contagiados.

Según un reporte ofrecido por el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, en esta última semana se han reportado un total de 90 casos nuevos de Covid-19.

“Ese reporte corresponde a una semana y recordarán ustedes que la semana pasada habían 23 casos, o sea que realmente hemos tenido un aumento de casos de una semana a la otra”, destacó.

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(San Juan, 11:00 a.m.) El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y el municipio de Salinas presentaron un interdicto contra otros invasores de la reserva natural Bahía de Jobos, confirmó hoy la titular de la agencia Anaís Rodríguez Vega.
En el interdicto estatutario se solicita la paralización permanente del uso de la estructura so pena de desacato; la demolición de toda estructura construida en la propiedad dentro de un término razonable que no exceda los 30 días, sujeto a la aprobación del DRNA y cualquier otra recomendación de la agencia, so pena de desacato y se conceda a los demandantes cualquier otro remedio que se estime pertinente.
“Continuamos activos y decididos a enfrentar, y erradicar, cualquier actividad que viole las leyes ambientales. Nuestro mensaje es claro, no habrá tolerancia para el aprovechamiento indebido de nuestros espacios naturales. Este es nuestro deber ineludible y nuestra firme promesa a la ciudadanía”, afirmó la secretaria de Recursos Naturales y Ambientales.
El interdicto va dirigido contra la sociedad de bienes gananciales compuesta por Pablo Vergara Ramos y Judith Agnes Rivera Díaz, con residencia en Bayamón.
El juez superior Josian J. Rivera Torres, de la sala 303 del Centro Judicial de Guayama, citó una vista inicial que se llevará a cabo el próximo 18 de enero a las 3:00 de la tarde mediante videoconferencia.
Los demandados edificaron unas obras dentro de una propiedad identificada como el Solar #37, ubicado en el Camino los Indios, sector Las Mareas, en Salinas.
La construcción consiste de una estructura en cemento de un piso montada en columnas; un muelle pequeño; una columna de toma de luz con contador; un portón de acceso construido en acero galvanizado y madera y en los alrededores con verja de alambre eslabonado con zapata en concreto. La medida de este solar es de 1,625.45 metros cuadrados.
Sin embargo, no existe ninguna solicitud ni aprobación de permiso expedida por el Consorcio de Cayey, Coamo, Villalba y Salinas (CCVS) ni por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) para dichas obras, según requiere la Regla 3.2.1. del Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados con el Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios, vigente al momento de la construcción.
Estas obras de construcción no son objeto de legalización debido a la calificación del suelo donde ubican, de “Preservación de Recursos”.
En los predios bajo esta clasificación no se permite construcción alguna, excepto aquellas relacionadas con estudios científicos.
El distrito de “Preservación de Recursos” se establece para clasificar y designar áreas específicas que constituyen recursos naturales cuya condición existente es única, frágil, en peligro de extinción y que es necesario proteger para la contemplación o el estudio científico.
“Como siempre digo, cuidar de nuestra naturaleza no cuesta nada, pero dañarla va a tener un precio alto; y esta es una verdad que sostenemos con firmeza en el DRNA”, concluyó la jefa de las agencias ambientales.
Además, adelantó que más interdictos serán presentados próximamente.
En octubre pasado, el juez Rivera Torres ordenó la demolición de unas estructuras ilegales en el Camino del Indio, sector Las Mareas, en esa reserva.

(San Juan, 10:00 a.m.) Un informe  revela que en el 2022 el sector turismo local agregó valor agregado por 22,190 millones de dólares al Producto Interno Bruto (PIB), representando alrededor del 19%, con una capacidad de multiplicarse hasta tres veces en la economía.

Así lo señala el estudio “Impacto del sector turismo en la economía dominicana”, realizado por la firma Analytica y la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), un análisis que busca dimensionar el impacto directo, indirecto e inducido de esa actividad en el país.

Durante la presentación de la investigación en el marco del sexto Foro de Inversión Turística de Asonahores, la viceministra técnica de Turismo, Jacqueline Mora, indicó que el 50% de este o valor añadido (unos 11,171 millones de dólares) fue generado de manera inducida, a través del consumo de los empleados del sector.

Precisa que el 35% fue obtenido de manera directa con la venta de bienes y servicios en ese renglón, equivalente a 7,692 millones de dólares, mientras que 3,327 millones se generaron de forma indirecta a través de las compras que generó a otros sectores, para el 15 %.

“Uno de cada cinco pesos de valor que genera el turismo está vinculado a la economía”, enfatizó Mora, fundadora de la firma Analytica.

La especialista, quien es economista, destacó que el impacto de la industria en el PIB nacional se distribuye en el siguiente orden: 17% en los hoteles, 11% en el sector construcción, 10% en las pymes de servicios (pequeñas y medianas empresas) y el 10% en el transporte interurbano y turístico.

Sin embargo, agrega el reporte, al tomar en cuenta la participación del turismo en la generación de valor agregado de otros renglones de la economía, esta industria aporta el 44% del PIB en transporte interurbano y turístico, el 33% de la elaboración de productos textiles, de vestir y de calzado y el 28% del Producto Interno Bruto de los bares y restaurantes, siendo estos los tres sectores más impactados.

El valor agregado es un concepto utilizado en economía, finanzas y contabilidad con dos significados diferentes: desde el punto de vista contable, la gran diferencia entre el importe de las ventas y el de las compras, es decir, la diferencia entre los precios de mercado y costos de producción.

Destaca que la industria turística cuenta con una participación importante en el área de las pymes, al aportar el 24% de aquellas destinadas a la manufactura local y el 22% de las que ofrecen servicios.

Según el análisis, los aportes de esa arteria de la economía al Producto Interno Bruto se explican en un 78% por el flujo de los visitantes que eligen este destino de inversión, mientras que el 22% proviene del gasto focalizado.

Además, los hoteles son responsables de haber generado el 59% de ese valor agregado durante 2022, mientras que el 41% se distribuye en el resto del sector. En tanto, las operaciones de la banca contribuyeron en un 8%.

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(San Juan, 10:00 a.m.) La Sociedad Española de Auxilio Mutuo y Beneficencia de Puerto Rico, entidad matriz del Hospital Español Auxilio Mutuo, ha anunciado la adquisición del Hospital HIMA-San Pablo de Bayamón en una transacción inicial de 35 millones de dólares para el beneficio de la salud del país.

Tras culminar el proceso de compraventa en la noche del viernes 15 de diciembre, el hospital de Bayamón se convierte en el Hospital Español Auxilio Mutuo San Pablo.

La transacción representa un paso significativo en el compromiso de la institución española con la excelencia en la atención médica.

Aunque ambos hospitales trabajarán bajo la sombrilla de la Sociedad Española, mantendrán sus operaciones de forma independiente, incluyendo servicios, personal y facultad médica.

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(San Juan, 10:00 a.m.) Los 14 líderes sindicales que acudieron la semana pasada a Washington divulgaron hoy, mediante comunicado de prensa, la información discutida y los documentos entregados a funcionarios del Departamento del Trabajo federal, a congresistas estadounidenses y funcionarios de Casa Blanca.

El presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), Emilio Nieves Torres, indicó que “le resumimos los daños que la junta de control fiscal (JCF) ha causado a los trabajadores del sector público y privado en relación a salarios congelados, derogación de leyes de justicia social (reforma laboral, retiro digno) y recorte a pensiones”.

“Planteamos otros daños que nos afectan como pueblo tales como los aumentos en tarifas de servicios esenciales, el cierre masivo de escuelas, la reducción del presupuesto a la UPR (Universidad de Puerto Rico), entre otros”, abundó.

El veterano dirigente sindical reveló que “entregamos y discutimos una Declaración que resume 18 daños causados por la Junta con el reclamo principal de sacar la JCF de Puerto Rico y derogar la Ley Promesa”.

“Reconocemos que esto requiere un proceso de informar y legislar, pero tiene que hacerse de forma acelerada porque mientras continúe la sumisión del gobierno y la Legislatura a la junta de control fiscal, la agenda de mayor pobreza y emigración continuará en Puerto Rico durante los próximos 5 a 10 años”, abundó.

Nieves Torres detalló como logros de esta etapa de la campaña contra la JCF:

1. Establecer con los congresistas enlaces de comunicación permanente y el compromiso de impulsar legislación a favor de nuestros reclamos. Incluso se comprometieron a solicitarle a la junta fiscal que se reúna con nosotros.

2. Abrir las puertas con funcionarios de Casa Blanca para investigar la realidad de la junta fiscal en Puerto Rico y atender el reclamo de su salida.

3. Lograr el respaldo de la organización CASA, que tiene más de 150,000 afiliados que apoyan a trabajadores latinos y a los inmigrantes.

4. Ampliar los esfuerzos con la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos, que está atenta a nuestras necesidades y la dictadura colonial que ejerce la junta de control fiscal. Esa diáspora es una fuerza política que va a incidir en la atención que los congresistas deben dar a los reclamos de los trabajadores y del pueblo de Puerto Rico.

5. Entregar un documento firmado por el presidente de la Asociación de economistas de Puerto Rico, Ricardo Fuentes, en el cual se identifican deficiencias de la JCF y la validez de las enmiendas a la reforma laboral.

“Acá en Puerto Rico nos corresponde reclamar a los que aspiran a la Gobernación, a la Comisaría Residente, a la Legislatura y a las alcaldías, su posición y compromiso con eliminar la junta de control fiscal. En ese aspecto no basta palabras con promesas. Evaluaremos su trayectoria de sumisión ante la Junta de Control Fiscal o de lucha para defender al pueblo y los trabajadores ante los abusos que ha cometido la junta de control fiscal”, expuso el líder sindical al concluir que “tal como lo expresamos frente al Capitolio en Washington, sacar la junta de control fiscal, ¡sí se puede!”

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(San Juan, 11:00 a.m.) Residentes de la comunidad Miramar de Guayama catalogaron de “abuso” la intención del gobierno de Puerto Rico de rescatar económicamente a la corporación AES Puerto Rico, para mantener en operación su planta de carbón, aumentando el costo de la luz a las familias del país.

“La carbonera le pide un rescate y el gobierno está buscando la forma de darle ese rescate. A puerta cerrada han estado negociando todo eso. Los que sufrimos, los que estamos pasando esta terrible situación de salud, pues no les importa. O sea que las enfermedades y las muertes que hay en nuestro sector, no son tan importantes como salvar a esos criminales”, dijo Alberto Colón del Valle, residente de la comunidad Miramar.

El dirigente comunitario hizo estas expresiones en el programa radial “Agenda ambiental”, que tiene entre sus promotores es el Campamento contra las cenizas en Peñuelas.

Por su parte, Aldwin Colón Burgos, una de las personas que vive más cerca de la planta de carbón, recordó que la corporación colombiana AES frecuentemente ha rehusado cumplir con las leyes de Puerto Rico.

“Esta compañía ha demostrado a través de todos estos años que no respeta las leyes puertorriqueñas. Cuando los huracanes Irma y María, le ordenaron tapar la montaña de cenizas y ellos se negaron a hacerlo. En múltiples ocasiones se ha demostrado que esas cenizas tóxicas se salen fuera de sus (instalaciones) provocando que caiga al mar”, aseguró.

Colón Burgos, quien es sobreviviente de cáncer, argumentó que “el gobierno aún insiste, no solamente en la permanencia de esta compañía, sino de hacer nuevos contratos con estas personas dándole la espalda al ciudadano, a nosotros que vivimos cerca y a todo Puerto Rico, porque eventualmente esto afecta a todos los puertorriqueños”.

Durante la entrevista radiofónica a los guayameses afectados por AES, José Manuel Díaz Pérez, dirigente de la lucha en Peñuelas contra el depósito de cenizas, criticó la agenda de la corporación carbonera contra la seguridad y vida de las familias cercanas a sus proyectos.

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(San Juan, 10:00 a.m.) El secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, explicó que miles de familias recibirán beneficios para el Año Contributivo 2023 con un aumento por ajuste de inflación en el Crédito por Trabajo y un posible incentivo reintegrable que podrían alcanzar unos $1,500 millones en alivios para la clase trabajadora.
“Aunque el gobernador Pedro Pierluisi hubiese preferido la aprobación del Proyecto de la Cámara 1839 refrendada por la Asamblea Legislativa, estamos trabajando sobre una propuesta que concedería un incentivo reintegrable, similar al propuesto en el Proyecto de Ley de Alivio Contributivo, para el año contributivo 2023. Este, de concretarse, representará un desembolso de aproximadamente $260 millones, beneficiando a más de 177,000 familias de la clase trabajadora principalmente”, explicó.
El funcionario destacó que “el Proyecto 1839 era uno bueno e implementable y el gobernador demuestra nuevamente su capacidad de buscar acuerdos tanto con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) como con la Asamblea Legislativa. La Junta iba a impugnar esta ley, lo cual hubiese pospuesto por un año la implementación, en cuyo caso ponía en riesgo cualquier posibilidad de un beneficio para el año contributivo 2023”, destacó.
Parés Alicea añadió que la posible aprobación del incentivo reintegrable sería un paso positivo para continuar el diálogo con la JSF y mejorar el sistema contributivo de forma permanente, tanto para los individuos como para las corporaciones.
“El gobernador Pierluisi propone enmendar el presupuesto del año fiscal en curso y aumentarlo en $260 millones, para otorgar este incentivo reintegrable. Luego de finalizar el acuerdo, el Gobernador estaría sometiendo una Resolución Conjunta a la Legislatura que luego de ser aprobada y firmada por el gobernador, en Hacienda trabajaremos con las guías para concederlo”, dijo.
Según propuesto, el incentivo reintegrable sería la diferencia entre la responsabilidad contributiva de cada individuo, según presentada en la planilla correspondiente al año contributivo 2023 y lo que hubiese resultado de dicha responsabilidad contributiva a base de la contribución determinada en el Proyecto de la Cámara 1839.
Por otro lado, para la planilla correspondiente al año contributiv 2023, aumentará el beneficio de Crédito por Trabajo, que comenzó a desembolsarse en el año 2021. El beneficio tendrá un aumento de $233 millones a 669,000 familias, adicional a su costo original, por un ajuste por inflación.
El Boletín Informativo de Rentas Internas Núm. 23-05, informa un ajuste por inflación al Crédito por Trabajo equivalente al 15% del Ingreso Bruto Ganado (IBG). En el caso de un contribuyente individual sin dependiente, si el IBG es mayor de $17,660, pero no excede de $28,700, el crédito máximo será de $1,656, será reducido por una partida igual al 15% del IBG en exceso de $17,660.
Los contribuyentes casados que rindan planilla conjunta sin dependiente, si la suma del IBG por ambos es mayor de $19,870, pero no excede los $30,910, el crédito máximo de $1,656 será reducido por una partida igual al 15% del IBG, en exceso de $19,870.
Para individuos con un dependiente cualificado, el crédito será equivalente a un 33.98% del IBG, hasta un máximo de $3,864. Si el IBG es mayor $19,870, pero no excede $34,222, el crédito máximo será reducido por una partida igual al 26.92% del IBG, en exceso de $19,870.
Los casados con un dependiente, que rindan planilla conjunta, si la suma del IBG es mayor de $24,280, pero no excede $38,632, el crédito máximo de $3,864, será reducido en una partida igual al 26.92% del IBG, en exceso de $24,280.
Los individuos elegibles con dos dependientes cualificados, tendrán un crédito equivalente al 40% del IBG, hasta un máximo de $6,072. En el caso de contribuyente individual, si el IBG es mayor de $23,180, pero no excede los $40,841, el crédito máximo será reducido por una partida igual al 34.38% del IBG, en exceso de $23,180.
Los contribuyentes casados con dos dependientes que tengan un IBG mayor de $27,590, pero que no exceda de los $45,251, tendrán un crédito máximo de $6,072 reducido en una partida igual al 34.38% del IBG, en exceso de $27,590.
Individuos elegibles con tres o más dependientes cualificados recibirán un Crédito por Trabajo equivalente al 44.83% del IBG, hasta un máximo de $7,173. En el caso del contribuyente individual, si el IBG es mayor de $23,180, pero no excede los $44,147, el crédito máximo será reducido por una partida igual al 34.21% del exceso de $23,180.
Los contribuyentes casados con tres o más dependientes que sumen un IBG de $27,590, pero no exceda de $48,557, tendrán un crédito máximo de $7,173 reducido por una partida igual al 34.21% del exceso de $27,590.
Otros requisitos de elegibilidad establecidos en la Sección 1052.01 del Código de Rentas Internas en la Carta Circular de Rentas Internas 22-02, continúan vigentes y deben cumplirse para poder solicitar el Crédito por Trabajo en la Planilla del año contributivo 2023.

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