Los gobiernos democráticos establecen que habrá tres componentes para lograr un gobierno justo y que les ofrezca a los ciudadanos las garantías requeridas para gobernar un país. Esos componentes son: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Cada rama tiene la responsabilidad de realizar sus funciones específicas para garantizar que se fiscalicen entre sí de forma que no se pueda crear un gobierno dictatorial. La dictadura más frecuente es la dictadura del ejecutivo: presidente o gobernador. Las dictaduras del gobernante en general son aborrecidas por todos los ciudadanos del mundo. Sin embargo, las dictaduras judiciales son raras, pero son más perjudiciales y mucho más malignas que las dictaduras ejecutivas. El ejecutivo y la legislatura o parlamento son electos por el voto directo de los ciudadanos. Los jueces son nombrados por el ejecutivo con la anuencia del senado. El ejecutivo y el legislativo se pueden remover cada cuatro años, pero los jueces no. En Estados Unidos los jueces son electos a sus puestos de por vida y en Puerto Rico hasta la edad de 70 años. Los jueces de la corte federal de Puerto Rico son nombrados por el presidente de Estados Unidos, con la anuencia del Senado norteamericano. Los ciudadanos americanos del territorio no incorporado (colonia) de Puerto Rico no votamos por el presidente de Estados Unidos y no tenemos representación en el Senado federal!!! Ese es el país más democrático del mundo. Además, las decisiones u opiniones de los tribunales, no así las sentencias, acumulan lo que se denomina jurisprudencia. Jurisprudencia se define como el conjunto de las opiniones emitidas por los tribunales y las doctrinas que contienen y que son de aplicabilidad para futuros casos a ser considerados por los tribunales de justicia. Las sentencias que emite el Tribunal Supremo no se publican en Lex Juris y no acumulan jurisprudencia. Los tribunales supremos emiten sentencias en lugar de opiniones cuando no están seguros o no tienen dominio del tema; no quieren dar una opinión para evitar jurisprudencia equivocada, o utilizan la sentencia como mecanismo para castigar al acusado por razones ajenas a lo tratado en el caso. Al Tribunal Supremo se le debe prohibir por legislación que emita sentencias, que sólo emitan opiniones. Es muy difícil revocar una sentencia adoptada como cierta por un tribunal supremo de justicia de un país, a menos que se documente que la decisión anterior estuvo equivocada desde el punto vista de los conocimientos científicos de la época.
El territorio no-incorporado de Puerto Rico no tiene representación en el Congreso norteamericano donde se presenta le legislación queÂÂ se aplica al territorio. Solo tenemos un representante con voz pero sin voto en la Cámara de Representantes del Congreso. Los ciudadanosÂÂ americanos de Puerto Rico tampoco pueden votar para escoger a los congresistas ni al presidente norteamericano. Esa privación es la máxima injusticia que ejerce el colonizador sobre el colonizado. Al territorio de Puerto Rico nunca se le ha permitido ejercer el derecho a su auto--determinación como pueblo. Aunque se han realizado múltiples plebiscitos ninguno ha contado con el aval del Congreso. Nunca el Congreso ha asumido lo que es su responsabilidad de acatar la votación mayoritaria del pueblo con relación al asunto del estatus colonial 
El sistema de poderes o división de poderes proviene del latín, trías política. La teoría de separación se le adscribe al Barón de Montesquieu, Charles-Louis de Secondat en su obra, Del Espíritu de las Leyes y en la experiencia de la política de la Revolución inglesa del Siglo XVII. El gobierno existe supuestamente para proteger al hombre de otros hombres. En ocasiones, el hombre no se encuentra protegido por el gobierno, y es éste el que lo puede oprimir impunemente utilizando los mismos poderes que le proveyeron los propios ciudadanos. Montesquieu decía que la independencia del poder judicial tenía que ser real y consideraba que el poder judicial era el más importante de los poderes, sin control e independiente y por tanto el más peligroso. Observen que los miembros de la judicatura no son electos por el pueblo, sino que son nombrados por el gobernador o presidente y confirmados por el senado. Además, los jueces ejercen sus cargos de por vida en Estados Unidos y hasta la edad de 70 años en Puerto Rico. Es muy difícil, por no decir imposible, remover a un juez de su puesto particularmente del Tribunal Supremo. Por el contrario, los miembros de las ramas ejecutiva y legislativa pueden ser removidos cada cuatro años por el voto del pueblo. La dictadura judicial es la más temida, más aún que la dictadura ejecutiva. 
Los tribunales de justicia ignoran totalmente los argumentos básicamente humanos que puedan aportar los demandados en los tribunales de justicia. Meramente basan sus decisiones en tecnicismos legales y la jurisprudencia acumulada.
Revisión judicial fue un principio propuesto por el Juez John Marshall del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el 1803 en el caso Marbury v Madison. El Juez Marshall nació en Virginia en el 1755 y murió en el 1835. Fue el cuarto juez de la Corte Federal donde ejerció por 34 años. Es considerado como el más famoso y prestigioso de los jueces que han ejercido en esa corte. El concepto de revisión judicial implica que el Tribunal Supremo está obligado a ejercer su autoridad para descartar leyes si éstas violan la Constitución norteamericana, un tratado o alguna otra ley fundamental. ¿Pudiera la revisión judicial ser aplicada a la revisión de decisiones de los tribunales si éstas violan los derechos humanos que establece la Constitución norteamericana?
Los jueces en Puerto Rico no son electos por el voto directo del pueblo, sino que son nombrados por el Ejecutivo con el consentimiento del Senado. En el pasado se obtenía la opinión del Colegio de Abogados antes de designar a un juez; sin embargo, al presente esa opción ha sido descartada. Actualmente, los jueces son nombrados por el gobernador en ocasiones de forma apresurada y meramente porque el candidato tiene unas relaciones familiares o políticas que lo hacen merecedor(a) de ese privilegio. 
El Proyecto del Senado 27 de la autoría de Thomas Rivera Schatz fue aprobado unánimemente en la Cámara y en el Senado. La medida es para enmendar la Ley del Procurador del Paciente otorgándole mayores poderes para mejorar los servicios de salud tanto a los pacientes del Plan de Salud del Gobierno (PSG) como a los pacientes con seguro médico privado. 
El Comité de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas fue creado en el 1961 para impulsar la descolonización de los territorios no autónomos bajo la administración de potencias coloniales. Cuando se organizó la ONU en el 1945 había 80 territorios coloniales, en el 2017 todavía existen 17 territorios no autónomos. De esos 17 tres pertenecen a Estados Unidos, estos son Islas Vírgenes, Samoa y Guam. Las otras colonias pertenecen al Reino Unido, Francia, España y Nueva Zelanda. El Comité de Descolonización tiene al presente 29 países, mayormente son países pequeños excepto China, Rusia, Indonesia y la India. En ese comité no están representados los países europeos como Inglaterra, España, Francia y Bélgica que fueron colonizadores en siglos pasados. La ausencia de esos países hace que el Comité de Descolonización no tenga suficiente autoridad para ejercer presión para lograr eliminar el status colonial de esos 17 territorios.