HON. JOSE L. BÁEZ RIVERA

Representante

Distrito Núm. 4

Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y

para el Desarrollo de Iniciativas contra el Crimen y la Corrupción

4 de marzo de 2016

Estimados Compañeros y Compañeras:

Reciban un cordial saludo de todos los que laboramos en esta oficina.En esta Asamblea Legislativa se han estado considerando una serie de medidas que impactan positivamente a nuestra clase togada. Me refiero a los proyectos de la Cámara 1320, 1322, 1363, 1192, 696, 2358, 2428 y el 2740.

El proyecto de la Cámara 1320 regula la práctica legal de oficio en casos criminales voluntaria y compensada; el 1322 establece el término prescriptivo de un (1) año para las querellas disciplinarias contra abogados; el 1363 propone un procedimiento disciplinario uniforme para la profesión legal y el 1192 instituye la reinstalación automática para los abogados suspendidos a término específico. A su vez, el proyecto de la Cámara 696 autoriza a los notarios públicos a celebrar matrimonios en Puerto Rico, mientras que los proyectos de la Cámara 2428 y 2358 permiten que los casos de divorcio por "mutuo consentimiento" y ciertos casos de divorcio por ruptura irreparable sean consignados mediante escritura pública ante notario. El proyecto de la Cámara 2740regula la práctica legal de oficio en casos civiles y de familia.

Su colaboración será de un incalculable valor para lograr la anuencia del Senado a las medidas allí discutidas y su eventual firma como ley por el señor Gobernador. Por esa razón les exhortamos a que se comuniquen tanto con el señor Presidente del Senado, Hon. Eduardo Bhatia a facebook: Eduardo Bhatia, twitter: @eduardobhatia; con el portavoz de la mayoría en el Senado, Hon. Aníbal José Torres a facebook: Anibal José Torres, twitter @ajt1975 y con el Presidente de la Comisión de lo Jurídico del Senado, Hon. Miguel Pereira a facebook: Miguel "Cuco" Pereira, twitter: @MPereirapr.¡Expresen su apoyo a los proyectos para que se acelere su aprobación!

Siempre a tu disposición quedo,  

Fraternalmente,

Jose L. Báez Rivera


P. de la C. 1320
P. de la C. 1322P. de la C. 1363P. de la C. 1192P. de la C. 696P. de la C. 2358P. de la C. 2428P. de la C. 2740


En el día de ayer el Primer Circuito de Boston revocó la sentencia contra Pablo Casellas Toro y devolvió para que se lleven a cabo los procedimientos en acorde con la opinión incluyendo un nuevo juicio. Señala que la corte de distrito abusó su discreción al denegar la solicitud de Casellas Toro de mover el juicio fuera de Puerto Rico.

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El golpe de estado que vemos en la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en  Pueblo v. Sánchez Valle tiene sus origines en la decisión que anula la colegiación compulsoria del Colegio de Abogados de Puerto Rico, Rivera Schatz v. ELA (2014), privando a la Legislatura del poder de crear un colegio integrado.  Allí, a fuerza de mollero judicial, el Tribunal anuló el poder que desde el 1932 la Legislatura históricamente había ejercitado sobre la colegiación. En su lugar expandió su propio poder inherente para usurpar un dominio público que anteriormente pertenecía al pueblo a través del proceso político. Así lo hizo, al igual que en Sánchez Valle: contrario a todo precedente, contrario a la historia de PR, a la trágala.

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(San Juan, 1:00 p.m.) Joel Rivera Alejandro es el líder de una ganga de delincuentes dedicados al narcotráfico. La ganga, según se alegó, era una empresa familiar. Dos hermanos, dos cuñadas, su madre y su sobrino, entre otros familiares, pertenecían a dicha ganga. Más aún, Rivera Alejandro tenía expediente criminal, y en el 2003 fue acusado en la Corte del Distrito Federal de Puerto Rico, por asesinato, lo cual lo expuso a la pena de muerte. Salió absuelto. En el 2009, volvió a ser acusado, junto a sus familiares por llevar a cabo una empresa delictiva, en la cual controlaban el parque deportivo de su comunidad en Trujillo Alto.

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Botín de guerra. Es la frase que utilizó el director del FBI, Carlos Cases, para describir el lucro derivado por Anaudi Hernández Pérez y compañía como parte de un alegado esquema de corrupción en el Gobierno. En tiempo de antes, el botín de guerra era una práctica aceptada y consistía de la división entre los vencedores de los hombres, las mujeres, los niños, y bienes movibles tomados del enemigo por el ejército conquistador y repartido entre sus líderes y combatientes. El botín de guerra, no obstante, no es del todo ilegal. Aun en la democracia, donde la lucha entre poderes ha sido domesticada por un proceso democrático por vía electoral, el botín de guerra en varios aspectos goza de legalidad. Quare, como se dice en el argot jurídico para establecer la duda, si el caso de Hernández es uno de esos casos.

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(San Juan, 1:00 p.m.)- Continúa el golpe de Estado judicial. El primer asalto se dio con el caso de Pueblo v. Sánchez Valle. Ahora se aplica al caso de Pablo Casellas. El 20 de marzo de 2015, el Partido Nuevo Progresista dio un golpe de Estado en Puerto Rico mediante su brazo judicial, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en donde ha logrado mayoría de 6-3. En Pueblo v. Sánchez Valle, una mayoría del Tribunal mediante voto 6-3 anuló la concesión de soberanía local que el Congreso endosó mediante la Ley 600 y la subsiguiente aprobación de la Constitución de Puerto Rico en el 1952. Sánchez Valle nulifica el Estado Libre Asociado y reduce a Puerto Rico a una propiedad federal.

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