(San Juan, 1:00 p.m.) Una veintena de organizaciones comunitarias apoyaron el proyecto del Senado 319, que busca crear la “Ley de Seguridad Ciudadana sobre la Construcción, Instalación y Ubicación de Torres de Telecomunicaciones de Puerto Rico”.
Las entidades participaron en una audiencia pública de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, que preside Elizabeth Rosa Vélez, en la que varias agencias del gobierno que regulan la instalación de las antenas de telecomunicaciones se opusieron a la medida.
“Con estas vistas públicas queremos que ustedes tengan voz y que esos reclamos que hacen sean escuchados. Nosotros estamos aquí, elegidos por un pueblo para eso mismo, escucharlos y defenderlos; además de ser el puente entre ustedes y la agencias. Mi compromiso siempre será con ustedes”, expresó la senadora Rosa Vélez a los representantes de las organizaciones.
Wanda Ríos del Comité Pro Bienestar La Margarita de Salinas manifestó que “este proyecto es necesario para crear una armonía entre las telecomunicaciones y el ambiente del ser humano y más aún restablecer los derechos que se nos han arrebatado bajo la actual Ley 89 de 2000. Hemos sido víctimas de las construcciones desmedidas de torres de telecomunicaciones sin que se nos tome en consideración, violando un sinnúmero de Leyes Federales”.
Los reclamos que hacen las organizaciones son las mismas: tener una mayor participación en los procesos de toma de decisiones con las construcciones relacionadas a las torres y que se cree una ley clara que así lo disponga. 
Asimismo, demandan haya una distancia mayor entre las antenas, las residencias, las escuelas y los hospitales, ya que la mayoría de las torres sobrepasan la altura regulada. También, exigen un mejor proceso de notificación antes de comenzar la construcción de los proyectos y que sea mucho más ágil que el actual.
En cuanto a las agencias del gobierno, la Junta de Planificación y el Negociado de Telecomunicaciones no favorecen el proyecto, ya que la Ley 89 de 2000 y otras leyes federales, según las agencias, atienden los reclamos expuestos por los ciudadanos.
La Junta de Planificación presentó en su ponencia que “es menester señalar que la Ley 89 de 2000 fue adoptada en armonía con las disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones la cual ocupó el campo con relación a los posibles efectos ambientales y de salud asociados con la construcción, instalación y uso de torres de servicios móviles”.
Asimismo, expresó que “por entender que la ejecución de medida podría estar en contravención a lo que representa un campo ocupado por la legislación federal, la Junta de Planificación de Puerto Rico, no endosa a la aprobación del proyecto del Senado 319”.
Por su parte, el Negociado de Telecomunicaciones aclaró en su memorial presentado a la Comisión que “la jurisdicción para evaluar solicitudes de usos de terrenos y permisos relacionados con la construcción y ubicación de torres de telecomunicaciones recae en la Oficina de Gerencia de Permisos y la Junta de Planificación”. 
También, reconocieron que “muchos de los artículos contenidos en el proyecto, imponen cargas onerosas y trabas excesivas al desarrollo de las torres de telecomunicaciones. Prácticamente, buscan prohibir la construcción de nueva infraestructura de telecomunicaciones. Esto como ya expresamos es contrario a las leyes y regulaciones federales. La Ley 89, supra, cumple con el propósito de armonizar con el desarrollo de las comunicaciones inalámbricas a la vez que obligan a cada proponente a garantizar un estricto cumplimiento con las especificaciones de seguridad, para los residentes de áreas adyacentes”.

(San Juan, 12:00 p.m.) Como parte del proceso de desmantelamiento del país, calificó hoy el secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, la determinación de la jueza federal Laura Taylor Swain de anular la Ley 7 de Retiro Digno por no cumplir con el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) pública de Puerto Rico.

“Nos desmantelan el país, abusan de los más vulnerables y nos recolonizan para tratarnos como peones de finca”, resumió el dirigente del PIP ante la determinación de la jueza de quiebra, dirigida a recortar las pensiones de los jubilados gubernamentales.

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(San Juan, 12:00 p.m.) Funcionarios de Hacienda y Salud, así como agentes de la División de Drogas y Narcóticos de Yauco, realizaron inspecciones en la zona que concluyeron con miles de dólares en multas por no respetar protocolos contra el Covid-19 y con ocupación de drogas y armas.

En Yauco, fueron inspeccionados dos establecimientos: Deportivo Sport Bar, ubicado en la carretera PR-128, Km. 3.9, donde Salud y Hacienda expidieron multas por 4,500 dólares, relacionadas a letreros alusivos a las medidas a seguir sobre el Covid-19 y, además, por ventas de bebidas al detalle.

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(San Juan, 11:00 a.m.) La legisladora municipal del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en Salinas, Ada Ramona Miranda Alvarado, denunció el relleno de algunos lugares de la costa, como en la comunidad de Villa Verde del barrio Playa.

Miranda Alvarado comentó que residentes de la comunidad trajeron ante su atención el problema del relleno.

“Residentes de la Playa, y del área de la comunidad Villa Verde, trajeron ante mi atención el asunto de propiedades establecidas en la costa que, utilizando maquinaria pesada, rellenaron dentro del mar.  En una de las residencias se depositaron bloques usados y otros rellenos”, expresó.

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(San Juan, 1:00 p.m.) Hoy vamos a marchar, todas y todos contra el privatizador del servicio de energía eléctrica, llamado Luma Energy. Lo hacemos el mismo día que el Tribunal Supremo nos informa que no va a resolver la controversia sobre quien debe presidir la Comisión Estatal de Elecciones.  Es decir, que entre protestas del pueblo, el Tribunal Supremo decide algo hoy que curiosamente tiene el efecto de debilitar al partido en el poder, el Partido Nuevo Progresista (PNP).

El país está caldeado. La luz eléctrica continúa yéndose, y nadie sabe que decir, ni qué hacer.  Por lo tanto marchar hoy contra la privatización del servicio de distribución eléctrico, es lo mejor que podemos hacer.  Pero la marcha, como han dicho tantos, es un reparo para un proyecto de país a vivir y a seguir.  No es cualquier cosa, sino es un proyecto de país.

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(San Juan, 12:00 p.m.) El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón Ortiz, estableció que “es totalmente incorrecto decir que no se contará con el suministro de energía para el periodo navideño a consecuencia de que las unidades de EcoEléctrica y AES estén fuera por mantenimiento”.

Explicó que EcoEléctrica tiene un mantenimiento programado para noviembre 2021, mientras AES tiene un mantenimiento programado para enero 2022.

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(San Juan, 1:00 p.m.) El sospechoso de perpetrar la séptima masacre registrada este año en Puerto Rico es un menor de edad, a quien el Departamento de Justicia le sometió hoy tres cargos de asesinato en primer grado, tres cargos por disparar en un sitio público y una docena de violaciones a la Ley de Armas.

La jueza Annette Santiago Díaz, del Tribunal de Primera Instancia en Fajardo, encontró causa para arresto en todos los cargos imputados por el Ministerio Público, representado por el fiscal Félix Sánchez Pizarro.

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(San Juan, 11:00 a.m.) La portavoz de la organización Educamos, Eva Ayala Reyes, criticó hoy la “laxitud” de Justicia en el caso de la exsecretaria de Educación, Julia Keleher, quien hoy llegó a un acuerdo con la fiscalía federal y aceptó la alegación de culpabilidad por conspiración para cometer fraude.

La acusada se expone ahora a seis meses de cárcel, un año de libertad supervisada y una multa de 21,000 dólares.

Al respecto, Ayala Reyes dijo que “lo que no dice el acuerdo es quién paga por el daño y sufrimiento causado a cientos de miles de personas, comunidades, magisterio y familiares por las acciones de la hoy convicta. Bajo su administración se cerraron sobre 300 escuelas, se declararon miles de maestras y maestros como sobrantes, se desmanteló prácticamente el Departamento de Educación”.

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