Justicia Social

(San Juan, 10:00 a.m.) El presidente de la República, Luis Abinader, anunció este domingo que las clases en las escuelas públicas, centros educativos privados y universidades serán suspendidas lunes y martes debido a los devastadores efectos del disturbio meteorológico sobre el país.

“El Ministerio de Educación, en conjunto con el Gobierno, ha decidido suspender clases hasta el día miércoles, o sea que estará suspendido lunes y martes”, dijo el mandatario durante una reunión en el Palacio Nacional con los representantes de las instituciones estatales y organismos de emergencia.

Además, el jefe del Estado indicó que las suspensiones se llevarán a cabo con el objetivo de inspeccionar las escuelas que pudieran haber sido afectadas por las fuertes lluvias registradas durante este fin de semana y garantizar la seguridad del estudiantado.

La convocatoria del mandatario fue dar seguimiento a la situación dejada por el paso del fenómeno natural por el país que causó inundaciones en todo el país, además de los daños a infraestructuras, provocó múltiples muertes, desaparecidos y miles de ciudadanos desplazados.

En su informe, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) detalló que seis viviendas resultaron afectadas, 17 destruidas; unas 7,915 personas fueron movilizadas a zonas seguras; seis carreteras afectadas, 29 comunidades incomunicadas, un paso a desnivel afectado, y 10 personas en un albergue.

Los aguaceros que inciden en el país a causa del desplazamiento de un huracán en el suroeste del Mar Caribe causaron la tarde de este sábado la muerte de diez personas, cuatro femeninos y cinco masculinos, dentro de varios vehículos, luego de derrumbarse una pared en el paso a desnivel del túnel de la avenida 27 de Febrero con Máximo Gómez, en el Distrito Nacional.

La décima persona falleció tras caerle una pared encima en el municipio Barahona (región suroeste) como consecuencia de las intensas precipitaciones en esa localidad, así como en las otras provincias que conforman la región Enriquillo: Pedernales, Bahoruco e Independencia. El fallecido, identificado como Camilo Sánchez, ya estaba sin vida cuando una unidad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 91-1, así como los bomberos, acudieron al lugar.

(San Juan, 9:00 a.m.) El gobernador Pedro R. Pierluisi convirtió hoy en ley el Proyecto del Senado 45 que expande y uniforma los requisitos para los cargos de los comisionados que forman parte del Departamento de Seguridad Pública (DSP), aprobada de manera unánime y que entra en vigor de inmediato, una de las cuatro medidas a las que el primer ejecutivo estampó su firma.

Al darle paso a este proyecto senatorial, que fue avalado por el DSP y el Departamento de Justicia, se uniforma el requisito que deben tener las personas que ocupen los cargos de comisionados de los Negociados de la Policía, Negociado de Manejo de Emergencias y Administración y Desastres (NMEAD), Cuerpo de Bomberos, Sistema de Emergencias 9-1-1 y Cuerpo de Emergencias Médicas.

Todas las personas que ocupen estos cargos deberán tener un bachillerato o al menos seis años de experiencia en el área que maneja en el Negociado, así como conocimientos y destrezas en administración y supervisión.

Pierluisi también firmó el Proyecto del Senado 119 que incluye entre los deberes de la Secretaría Auxiliar de Servicios Educativos Integrales para las Personas con Impedimentos el orientar a los padres y madres de los estudiantes del Programa de Educación Especial que están prestos a cumplir la mayoría de edad sobre la figura de la patria potestad prorrogada y sus criterios.

Otras medidas que el gobernador firmó son las Resoluciones Conjuntas del Senado 271, 314 y 406. Las primeras dos medidas ordenan al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y otras agencias estatales a hacer las gestiones pertinentes con LUMA Energy o cualquier otra entidad autorizada para realizar trabajos de alumbrado en la Carretera PR-111 (jurisdicción de Aguadilla, Moca y San Sebastián) e instalar artefactos de iluminación directa (ojos de gato) en la carretera PR-466 (jurisdicción de Isabela).

Mientras, la Resolución 406 ordena al Departamento de la Vivienda a evaluar, conforme a disposiciones legales y reglamentos aplicables a nivel local y federal, el traspaso o transferencia de la antigua escuela Ángela Calvani a la Fundación Casa de Salud Ven-Rose, Inc.

Por último, el gobernador les explicó a los presidentes legislativos las razones para no firmar la Resolución Conjunta del Senado 391, el Proyecto de la Cámara 1715 y el Proyecto de la Cámara 1078.

En torno a la primera medida, que pretendía asignar al Fondo de Asistencia de Emergencia Municipal $562 millones provenientes del Infrastructure Investment and Jobs Act, el gobernador comentó que “esta pieza legislativa parece hacerles justicia a los municipios en Puerto Rico”.

Sin embargo, resulta impractica e improcedente, como cuestión de derecho porque gran parte de los fondos, competitivos y de fórmula, ya han sido debidamente programados por el Gobierno de Puerto Rico de conformidad con las normas federales aplicables.

El gobernador indicó que en el caso de los fondos asignados para proyectos relacionados con proyectos de la Autoridad de Carreteras y Transportación ya están en el programa federal conocido como Statewide Improvement Transportation Program.

Este documento ya fue aprobado y publicado por la Metropolitan Planning Organization en septiembre pasado. Por otro lado, la Federal Highway Administration es quien brinda los fondos a la ACT y es la entidad con autoridad para decidir cómo se va a distribuir. La ACT tiene que cumplir un Transportation Management Plan y si no se cumplen con las regulaciones federales, se ponen en riesgo todos los proyectos ya que la entidad federal podría imponer una penalidad que reduciría los fondos y hasta tener que pagar multas, explicó el gobernador.

Pierluisi destacó que las normas federales que fundamentan  la aprobación de estos fondos para Puerto Rico tienen requisitos muy específicos que debemos cumplir. En ese sentido si se aprueba la R.C.S 391 se pone en riesgo innecesario el cumplimiento con dichos requisitos. Esta establece que se utilizarán parte de los fondos del Bipartisan Infrastructure Law para distribuirlo entre los municipios y que estos a su vez lleven a cabo las obras de reparación de carreteras y puentes. “Esta propuesta no puede ser atendida con los fondos provistos a la Autoridad de Transporte Integrado ni de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, las cuales ya han sido autorizadas por el gobierno federal”, acotó.

En torno al Proyecto de la Cámara 1715, que enmendaba varias leyes para que el Estado transfiriera a los gobiernos municipales la responsabilidad de proveer los servicios de seguridad-protección e investigación, el gobernador indicó que la medida adolece de errores de redacción que violan la normativa constitucional vigente. Además, destacó que a pesar de que actualmente el Negociado de la Policía trabaja asuntos de seguridad pública en colaboración con los municipios, “resulta preocupante que los acuerdos de carácter voluntario que se pretenden incluir en la medida entre los municipios y el Gobierno sean para asumir los servicios de seguridad-protección e investigación que están delegados al Negociado de la Policía por ley. Aunque los deberes de los policías municipales son similares, existen diferencias en asuntos medulares. La facultad operacional del Negociado de la Policía se vería trastocada con la puesta en vigor de la presente legislación”.

A su vez, el gobernador indicó que la aprobación de la medida implicaría un impacto fiscal indeterminado para los municipios que voluntariamente asuman estas responsabilidades porque aun cuando el texto dispositivo indica que los pactos entre la policía estatal y municipal incluirán la transferencia de capital humano, la propiedad y los recursos fiscales proporcionalmente necesarios para el cabal cumplimiento de los acuerdos, puede haber un impacto fiscal a largo plazo para los ayuntamientos, posterior a las transferencias de recursos iniciales. Además, la pieza legislativa no contenía el estimado del impacto de gastos de nómina y adiestramientos que conlleva el reclutamiento de policías auxiliares y asumir responsabilidades nuevas ajenas a la jurisdicción y competencia actual de la policía municipal. Tampoco, asigna presupuesto ni presenta posibles fuentes de recursos que puedan sufragar el impacto.

El Proyecto de la Cámara 1078 pretendía enmendar la Ley para Mejorar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Límites para atemperar las definiciones de cannabis medicinal y las identificaciones de acompañante autorizado-paciente de cannabis medicinal e identificación ocupacional, entre otras enmiendas.

“Esta legislación no responde a los mejores intereses del Pueblo de Puerto Rico. En primer lugar, siendo la industria del cannabis medicinal una altamente regulada, entiendo que la evaluación y autorización de las licencias debe permanecer bajo la autoridad de la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal, creada al amparo de la citada Ley 42. De esta forma, promovemos una política pública de transparencia en la toma de decisiones y evitamos la arbitrariedad que pudiera producir el lenguaje aprobado. Otra de las enmiendas propuestas eliminaría el actual mandato de la Asamblea Legislativa a los efectos de que la Junta tenga facultad de imponer —mediante reglamento- las prohibiciones aplicables a los médicos autorizados, en cuyo caso deben ser similares al marco jurídico federal entre los médicos autorizados y la industria farmacéutica. Esta es una sana doctrina de administración pública. Favorezco la política pública original que impone penas significativas a quien incumpla con las normas de la Junta”, destacó.

El primer ejecutivo reafirmó que su política pública es proteger el programa de cannabis medicinal de intereses particulares sobre los intereses de los pacientes y que estos tengan una relación bona fide con su médico.

(San Juan, 11:00 a.m.) El aeropuerto internacional de Isla Verde, en Carolina, estrenó un nuevo servicio al cliente, que pondrá a perros de terapia certificados a disposición de los viajeros como un medio de distracción, compañía y ayuda para reducir el estrés que pudiera provocarle a algunos pasajeros el proceso de viajar.

El programa fue denominado “SJU Pawner”, un juego de palabras que hace alusión al papel que desempeña la iniciativa como aliado y asistente del aeropuerto en el trato con el pasajero.

Se implantará en coordinación con la organización Puerto Rico Therapy Dogs, que lleva 15 años certificando los canes para servir de terapia en diferentes escenarios como hospitales, tribunales y hogares de adultos mayores.

El presidente de Aerostar Puerto Rico, Jorge Hernández, explicó que la iniciativa tiene como objetivo proveer un servicio a aquellos pasajeros que suelen experimentar ansiedad al momento de viajar e incluso, para los niños que sienten el efecto de las largas horas que conlleva realizar un viaje.

“Los perros de terapia son especiales. Se dejan acariciar, fomentan la calma, generan la sonrisa y tranquilidad en personas de todas las edades. Estos canes aportarán a la experiencia del pasajero, pues a ellos les encanta la compañía humana y el afecto. Su labor es hacer que los viajeros se sientan mejor”, indicó el ejecutivo de la empresa administradora del aeropuerto.

Según explicó, las mascotas harán recorridos por las instalaciones aeroportuarias guiados por sus dueños en todo momento y se detendrán cuando alguien desee interactuar con los peludos. Su área de trabajo comenzará luego de pasados los puntos de cotejo.

Los canes y sus dueños portarán distintivos para que los viajeros los puedan identificar fácilmente. Las mascotas lucirán bandanas en colores azul y blanco que los identificarán como perros de terapia del aeropuerto. Mientras tanto, los dueños lucirán polos color anaranjado con el logotipo y el lema “dejando huellas de alegría”, producto del programa de terapia canina.

(San Juan, 10:00 a.m.) El presidente del Instituto Duartiano,Wilson Gómez Ramírez, expresó preocupación por la tensa situación que prevalece en la frontera dominicana con Haití, agravada por lo que definió como abiertas actitudes de provocación de sectores de ese país interesados en generar confrontaciones, que pueden alcanzar acciones armadas.

Afirmó que es criticable que la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos internacionales no han pasado de las promesas demagógicas mientras la coyuntura de la vecina nación alcanza ribetes de alto peligro para la estabilidad de la República Dominicana.

Gómez Ramírez precisó que no hay evidencias de que haya la más mínima preocupación de la comunidad internacional, incluyendo las grandes naciones que, como los Estados Unidos de América, Francia y Canadá, para ayudar con estabilizar de ese pueblo que está inmerso en una crisis profunda por la proliferación de pandillas armadas responsables de los actos de violencia e inseguridad en ese lugar.

“El irrespeto haitiano se está manifestando cada vez con mayor desparpajo, ya no solo es la transgresión al tratado de 1929 y el grosero desvío del río Masacre o Dajabón, sino que se están produciendo agresiones de ciudadanos  ubicados en la frontera norte contra los soldados del ejército de la República Dominicana que patrullan en estricto cumplimiento de su obligación de cuidar nuestra soberanía terrestre”, dijo.

Señaló que los remanentes de autoridad que muestra Haití siguen asumiendo una conducta poco clara, tanto el primer ministro Ariel Henry como el canciller Jean Víctor Geneus, pues no hacen la oportuna declaración de que no se verifica violación alguna del territorio haitiano por parte de la autoridad militar dominicana, para así edificar a estas gentes y evitar sus desafueros.

“El Instituto Duartiano formula un llamado de urgencia a la OEA, ONU, y de manera particular a los gobiernos de Washington, Francia y Canadá para que desplieguen sus esfuerzos a los fines de alcanzar una solución pacífica, dialogada y acordada, en beneficio de ambas naciones”, agregó en una rueda de prensa.

Manifestó que debe estar absolutamente claro que nuestro país tiene que adoptar todas las medidas que sean menester para salvaguardar su integridad, los altos intereses de la nación dominicana y su soberanía.

Por otro lado, Gómez Ramírez exhortó al presidente de la República, Luis Abinader, al Congreso Nacional y a otras autoridades a adoptar medidas para preservar la seguridad en la Ciudad Colonial, el Archivo General de la Nación, el Registro Civil y otros monumentos públicos y museos emblemáticos que constituyen el patrimonio por excelencia de la dominicanidad.

El organismo responsable de difundir el ideal del padre de la Patria, Juan Pablo Duarte, expresó que es necesario que el Congreso Nacional legisle para que perímetro que comprende la Ciudad Colonial solo puedan ostentar la titularidad de los inmuebles dominicanos y aquellos que revistan mayor importancia histórica-cultural y hayan sido adquiridos por extranjeros sean expropiados, conforme a los procedimientos establecidos por la Constitución de la República y las leyes.

Precisó que lo ocurrido recientemente en esa zona de Santo Domingo reveló el descuido de las autoridades, “puesto que en ese sitio gravitan la Policía Nacional, la Policía Turística y la Policía Municipal, además de los organismos de seguridad, y nadie estuvo presente en la grave escena que afectó por horas emblemáticos espacios abiertos como la Plaza Duarte y el parque Colón, amenazando la integridad de la Santa Iglesia Catedral Primada de América”.

El Instituto Duartiano dijo que “resulta lamentable que, a la fecha, no hay ningún informe oficial en respuesta a estos desmanes, no se ha informado nada con relación a los responsables de estos vergonzantes acontecimientos, los cuales sembraron la inseguridad en las calles, violaron el domicilio de familias, alteraron la paz en las viviendas y establecimientos comerciales de un sector tan sensible y tradicionalmente seguro”.

“Deploramos este descuido y demandamos que se instalen cámaras en estas plazas públicas, al igual que en la Puerta de la Misericordia, el Altar de la Patria el Panteón Nacional o de la Patria, y se establezcan servicios de vigilancia las veinticuatro horas del día como manera de ofrecer el nivel de garantía necesaria para que impere el mayor respeto y el más elevado comportamiento por parte de las personas que a ellos acuden o hacen acto de presencia en la periferia de los mismos”, indicó.

Gómez Ramírez aseguró que también se debe resolver de manera definitiva lo concerniente a la titularidad de los inmuebles en la región Fronteriza y que, por lo tanto, los senadores y diputados tienen que cumplir con el numeral 2 del artículo 10 de la Constitución de la República que establece una reserva de ley que se orienta a resguardar la soberanía terrestre.

(San Juan, 1:00 p.m.) El Partido Popular Democrático (PPD) demandó al Gobierno de Puerto Rico, al gobernador Pedro R. Pierluisi y a los secretarios de Desarrollo Económico, Manuel Cidre, y Transportación y Obras Públicas, Eileen Vélez, para que desistan de publicar anuncios de campaña política con el estribillo “Haciendo que las cosas pasen” pagados con fondos públicos.

La demanda se produce luego que la Contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, validara mediante carta, la querella que la colectividad presentó ante su oficina.

El secretario general del PPD, Gerardo “Toñito” Cruz, anunció que “ante la inacción de la oficina encargada de fiscalizar la erogación de los fondos públicos, entiéndase la Oficina de la Contralor de Puerto Rico, hemos decidido interponer una demanda para que la Rama Ejecutiva, cese de la publicación de estos anuncios políticos disfrazados de anuncios de servicio público y que contienen la frase política ‘Haciendo que las cosas pasen’ en clara violación al artículo 13 de la Ley de Financiamiento de Campañas Políticas”.

Cruz recordó que la campaña a la elección de 2020, del Gobernador Pierluisi y la Comisionada Residente en Washington, Jenniffer González Colón, contenía el estribillo “voy a hacer que las cosas pasen”.

Hace unas semanas, la Contralora Valdivieso, reconoció en una misiva enviada a la Comisionada Electoral del PPD, Karla Angleró, que “en la situación planteada, la frase haciendo que las cosas pasen complementa la expresión voy a hacer que las cosas pasen”.

“Lo que hubo fue un cambio en los tiempos verbales, pero la esencia de ambas es la misma. Si bien no es el mismo lema, al analizarlos de forma integrada se puede deducir que la intención de la frase haciendo que las cosas pasen es resaltar el cumplimiento con una promesa político partidista —voy a hacer que las cosas pasen— como un logro a futuro”, subrayó.

La demanda del PPD estipula que al menos, durante los pasados seis meses, el Gobierno de Puerto Rico ha incurrido en gastos de más de 3 millones de dólares de fondos públicos en una campaña política en los medios de comunicación masiva (radio, televisión, prensa, internet y otros medios de publicidad) con el único fin de realzar y promover las aspiraciones políticas de reelección del gobernador Pierluisi en las próximas elecciones generales, pautadas para noviembre de 2024.

“Es inconcebible que a pesar de nuestro señalamiento hace algunas semanas la práctica de los secretarios de agencias de pautar estos anuncios políticos con fondos públicos continúe. De igual manera nos sorprende que la Contralora valide nuestro planteamiento, pero decide esperar porque otra agencia termine su investigación”, añadió Cruz.

En el recurso, el Partido Popular establece que en 1995 el Tribunal Supremo de Puerto Rico tuvo que detener una campaña del gobernador Pedro Rosselló, que fue permitida por el entonces secretario de Justicia, Pedro Pierluisi.