(San Juan, 12:00 p.m.) La gobernadora Wanda Vázquez Garced definió el pasado lunes 7 de julio, el último toque de queda, el cual dura hasta el 21 de julio. El mismo impone un control mayor del estado, luego del cierre total que nos contuvo entre abril y junio de este año. Ahora hemos vuelto a un tipo de cierre total, pero en esta ocasión, la gobernadora ha salido mucho mucho más eficiente en la medida en que se ha convertido en una persona más represiva.

Este toque de queda no es distinto a los anteriores.  Lo que si es distinto es el manejo del control.  Dos manifestaciones de este toque de queda nos permiten entender lo nuevo: por un lado, la gobernadora movilizó a la guardia nacional para hacer efectivo el patrullaje y control de algunos espacios, como la playa. Ante esto, de repente los soldados se han convertido en prominentes. 

De otro lado, desde el lunes, la policía de Puerto Rico ha iniciado una serie de patrullajes preventivos y cierre de carreteras, a los cuales le llamamos popularmente hablando, “bloqueos”.  Con los bloqueos se cierra el ciclo de control sobre la población, pues el bloqueo es más legítimo que una intervención directa sobre una persona que estuviera violando el toque de queda. El bloqueo es contra toda la población.  Los bloqueos son legítimos desde que se decidiera el caso de Pueblo v. Yip Berrios en el 1997.

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(San Juan, 1:00 p.m.) El pasado 13 de octubre de 2020, el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una singular sentencia, en el caso de Rosario Ramos v. Scotiabank (2020 TSPR 123).  La misma establece un importante precedente para los deudores hipotecarios, los cuales viven bajo la amenaza de la banca comercial e internacional, de ejecutarles su propiedad, su casa, por no poder pagarla.

Los hechos se remontan al 2014, cuando la Sra. Rosario Ramos no pudo pagar más su casa, y se inició un proceso de ejecución de hipoteca.  Así las cosas, el proceso se vio en el Tribunal de Primera Instancia de Aibonito, y de ahí fue referido a un proceso de mediación hipotecaria, bajo la ley 184-2012.  El caso se perfiló a todos los niveles, y la Sra. Rosario Ramos, perdió en el tribunal de Aibonito, porque el proceso de mediación en el cual ella participó estuvo viciado.  El banco hipotecario, Scotiabank, no ayudó ni le ofreció los medios adecuados.

El Tribunal de Apelaciones tampoco le dio la razón y de ahí en un recurso discrecional, Certiorari, fueron al Tribunal Supremo de Puerto Rico en el 2016.  El caso se decidió recientemente, a favor de ella. Se estableció un precedente importante, por el cual se determina que la banca debe de actuar de buena fe en los procesos de mediación. Esto quiere decir, que tienen que ofrecer toda la información disponible para la cual puede cualificar una persona que es deudora y participa en los procesos de mediación hipotecaria.

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(San Juan, 1:00 p.m.) La comisionada residente Jennifer González nos ha compartido por las redes sociales que se reunió con el nuevo integrante de la Junta de Supervisión Fiscal, Justin Petersen.  Bueno, todo un espectáculo. Pues por un lado, como cabildero y relacionista público, Petersen es un hombre con intereses múltiples, sobre todo en el beneficio que le ha provisto el gobierno de Puerto Rico.  Pero hoy, de forma inusual, Jennifer González se reúne con este nuevo miembro, para mendigarle que nos ayude a recibir un adelanto de fondos de salud, que están en cuestionamiento en Puerto Rico.

A lo largo de su carrera, Jennifer González ha sido una leal miembro del Partido Republicano.  En esta medida, ha sabido callar cuando dicho partido ha sido brutal contra las minorías, contra hermanas republicas como Cuba y Venezuela, y cuando los asesinos como Julito Labatud, han campeando por su impunidad en Puerto Rico. Jennifer González es una colaboradora. Simplemente resulta que es la político más votada en Puerto Rico en las pasadas dos elecciones.

¿Qué nos dice el apoyo general a López y su incondicional apoyo al Partido Republicano? Posiblemente nos indica que este país relaciona lo conservador con el progreso.  Que ser de derechas en Puerto Rico, y aliarse de forma incondicional al poder, se ve como alternativa en la isla.  Es terrible, pero así es como esto se ve. 

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(San Juan, 1:00 p.m.) El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), por vía de su candidato a gobernación 2020, Juan Dalmau, se opuso en el dia de ayer al proyecto del Senado 1674, que propone conferirle poderes al gobernador de la isla, para impulsar en seis meses la estadidad para Puerto Rico.  La idea del Partido Nuevo Progresista (PNP) es concentrar por vía de legislación en el poder ejecutivo, la posibilidad de impulsar la estadidad, sin el aval de la legislatura.

Lo que intenta hacer el PNP, según el senador Dalmau del PIP, es establecer una “dictadura colonial”.  Es algo terrible, que se pretenda otorgar poderes exclusivos al gobernador electo, Pedro Pierluisi, por encima de los procesos democráticos.  En la experiencia de América Latina a esto se le llama un “fujimorazo”, en atención a conferirle poderes al ejecutivo excluyendo los procesos de pesos y contrapesos de la legislatura.

La estrategia del PNP es impulsar la estadidad de forma agresiva en los próximos meses, tomando por dato la victoria que obtuvo dicha opción en el plebiscito del pasado 3 de noviembre.  También toman de ventaja que, en la cúpula del Partido Demócrata, a partir de la postura del presidente electo, Joe Biden, se ve con simpatía impulsar la estadidad para Puerto Rico.

Es momento de decirle basta al PNP, y convocar por distinta formas y rutas, protestas concertadas contra el proyecto de ellos de promover la estadidad.  Es momento de luchar por una solución que promueva la independencia de la isla, y que se oponga a la anexión. Pensemos.   

(San Juan, 1:00 p.m.) Nadie lo ha dicho pero se ha tornado en una narrativa natural que los propietarios de Twitter y de Facebook, determinan a quien y porqué censuran. Ellos alegan que son el sector privado y determinan quien y por qué se patrocinan en sus redes sociales. Dicho esto, la censura hoy no viene del sector público, sino del sector privado. Las redes sociales son la forma dominante de comunicación, y hoy estas dos plataformas que controlan el flujo principal de información interpersonal determinan quien existe y quien no.

Esto es curioso, pues cuando a usted le insultan hoy, Jack Dorsey, propietario de Twitter, o Mark Zuckerberg, principal accionista de Facebook (lo cual incluye a Hotmail y WhatsApp) determinan si el insulto es libertad de expresión o es censurable. Lo interesante es que la vida de nosotros ya no pasa por un tribunal, sino por una mesa de u principal oficial ejecutivo que dice si algo va o no va.

El problema es que la censura como también la calumnia se han privatizado.   Y cada vez más el estándar del mundo del derecho va desapareciendo.  Esto es difícil pues hace que uno viva de formas o menos justas, no piense en el sector privado o peor aun lo problematice de formas mas benignas que al estado.

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(San Juan, 1:00 p.m.) El domingo 6 de diciembre de llevaron las elecciones democráticas en Venezuela para elegir el nuevo parlamento nacional (Asamblea Nacional).  De 20 millones de electores inscritos, participaron casi seis millones para un 31 por ciento de electores ante la contabilización del 82 por ciento del sufragio. En otras palabras, la democracia, de muchos o de pocos, se ejerció.

El Gran Polo Patriótico, la alianza del MAS-Chavismo con otros partidos de izquierda, se llevó el 67 por ciento de los votos en la legislatura. Los partidos de oposición que participaron, se llevaron el resto de los votos y escaños.  De un total de 277 escaños el GPP se lleva 177 posiciones y la oposición 97.  Se trata de un proceso democrático en el cual el GPP tiene mayoría absoluta y de más de dos terceras partes para hacer los cambios que sea necesarios en la legislación.

Con este cuadro, la oposición llevaba días anunciando el fraude.  No había habido elecciones y ya había fraude. Una vez se consumaron las elecciones, siguieron hablando de fraude. No obstante, los 200 observadores internacionales que participaron, así como los 1600 “veedores” , observadores locales creados por la ley electoral de Venezuela, no vieron o alegaron irregularidades.

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(San Juan, 12:00 p.m.) La gobernadora Wanda Vázquez Garced, acaba de nombrar un nuevo toque de queda, a partir del 7 al 21 de diciembre.  Es el toque de queda más severo en meses. Es una respuesta “al mal comportamiento” de la ciudadanía, la cual ha permitido o promovido, que incrementen los contagios a razón de sobre 300 al día y un promedio de 9 muertes diarias. Hoy tenemos 106 personas entubadas en unidades de cuidado intensivo, lo que constituye el número más alto desde que inicio la pandemia por vía de la declaración oficial del estado el pasado 12 de marzo de 2020.

Lo interesante es que la gobernadora nos advierte que si no cumplimos habrá de decretar un toque total nuevamente, lo cual, la única forma de garantizarlo hoy es mediante la utilización de la Guardia Nacional.  Bajo el nuevo toque de queda, la gobernadora cierra el país de sábados (9pm) a lunes (5am); prohíbe la venta de alcohol durante ese periodo, y cierra todos los negocios salvo gasolineras, supermercados y farmacias, los domingos.  De ahora en adelante los negocios, incluyendo centros comerciales, solo podrán atender a un 30 por ciento de la población.

Es algo terrible, pero es lo que tenemos hoy, ante la crisis que ha provocado la segunda ola de la pandemia.  Es algo terrible.  Mientras el sector comercial se opone, nadie ha planteado que controlando el turismo el país podría operar mejor.

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(San Juan, 11:00 a.m.) El pasado viernes, el principal científico iraní, Mohsen Fakhrizadeh, a cargo del programa fue asesinado.  La ejecución de su asesinato fue bastante sofisticado:  utilizando un sistema a control remoto, se le asesino con un ametralladora la cual estaba en un vehículo, los cuales ambos estallaron luego de la ejecución. 

La ejecución del científico Fakhrizadeh fue antecedida por el asesinato del jefe de las fuerzas elites del ejercito iraní, Qasem Soleimani, a principios de este año.  Soleimani fue asesinado utilizando un dispositivo no tripulado (dron) por el cual fue se le disparó un misil.

Estos asesinatos no resuenan en nuestra region caribeña, toda vez que pasan a miles de millas, y donde el entendido popular es que no tienen que ver con nosotros.  Nada que ver.  El 18 de agosto de 2018, a manera de ejemplo, Nicolás Maduro, el presidente democráticamente electo de Venezuela, fue víctima de un atentado utilizando dos drones que tenian capacidad de disparar balas, para asesinarle.  Los dispositivos mal funcionaron y el operativo fracasó.

Lo interesante es que los responsables locales fueron apresados. Ahora bien, como en el caso de los iraníes, los responsables internacionales no han sido apresados o identificados.  En el caso de Soleimani, todo indica que fue una maniobra del hoy derrotado presidente de los EE.UU., Donald Trump.  En el caso de Fakhrizadeh, aun nadie ha asumido responsabilidad, pero se presume fue el gobierno de Israel.  En el caso de Maduro, se presume fue el gobierno de Trump.

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