(San Juan, 11:00 a.m.) La campaña política del Partido Nuevo Progresista contra los partidos que han conformado una Alianza de País, Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), inicio esta semana.  La misma va dirigida a desacreditar el junte político, y ya han matizado una crítica la cual posiblemente termine en los tribunales.  Bajo la crítica enarbolada por los portavoces radiales del PNP, todos al unísono, plantean que se trata de un fraude que va contrario al espíritu y derecho vigente bajo el Código Electoral actual.  Pues bien, otro pleito más que se habrá de dilucidar en los tribunales.

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(San Juan, 12:00 p.m.) La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), y el Ministerio Público informaron que desmantelaron de una supuesta banda criminal integrada por agentes de la institución, civiles y militares que se dedicaba a cometer secuestro, sicariato, robos, atracos, tumbes de drogas, extorsión, cobros compulsivos, tráfico y comercialización de armas de fuego, falsificación de documentos, entre otros delitos.

En el operativo murieron dos oficiales de la Armada Dominicana y un policía adscritos a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), señalados como miembros del grupo, en un presunto enfrentamiento a tiros con varias unidades policiales, según un comunicado ofrecido por la uniformada.

Explicó que los integrantes de la banda usaban indumentarias militares con las siglas de la institución anti narcótica.

Los caídos son los oficiales de la Armada, Sandro Miguel García y Nicolás Eladio Buten, así como Joel Emilio Rodríguez Silva, este último miembro de la DNCD.

Indica el comunicado que alrededor de las 12:15 de la tarde de este viernes, agentes de la Dicrim “obtuvieron informaciones en torno a una ‘tirada’ que se disponía a realizar la estructura criminal, por lo que materializó un amplio operativo en el kilómetro 12 de la Autopista 30 de Mayo, y la cabaña Tía Tania”, en el Distrito Nacional.

Señaló que durante el operativo se produjo un “intercambio de disparos”, resultando abatidos los citados uniformados. La Policía dijo que, además, que se produjo el arresto de una persona identificada como Michael José Constanza Piña, quien es investigado.

El organismo indicó que la supuesta red había participado en crímenes graves, incluyendo el rapto de un comerciante del este del país cuyo nombre no fue suministrado.

Precisó que en la jornada incautó cuatro pistolas y un fusil e informaciones de las acciones que esas personas pensaban hacer en las próximas horas.

“Las investigaciones están en proceso, en las próximas horas se darán más detalles de la operación”, aseguró la entidad en la nota de prensa.

En declaraciones posteriores que dio Luis Tavárez, representante del Ministerio Público que acudió al lugar, dijo también al interior de la cabaña encontraron vidrios de un cristal de un vehículo y proyectiles de armas de fuego. “Todo apunta en que fue una especie de operativo, y vamos a determinar más adelante”, dijo Tavárez.

QUEJAS FAMILIARES:

Familiares del capitán de la Armada Sandro García Mendoza dudaron de la versión policial respecto al “intercambio de disparos”.

Según Ángel García, “la Policía Nacional mintió” al dar ese testimonio debido a que confirmó a través de videos que su hermano fue esposado y luego apareció muerto en la escena.

A su entender, las autoridades debieron realizar el apretamiento y luego las investigaciones dé lugar sin necesidad de quitarle la vida a Sandro y a otros dos oficiales que le acompañaban.

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(San Juan, 1:00 p.m.) Ada Norah Henriquez se desafilió en las pasadas 48 horas del Partido Dignidady sera una de varias personas corriendo de forma independiente para el puesto de gobernación en Puerto Rico. Mientras, en la noche de ayer, Eliezer Molina, anunció que correra como senador por acumulación de forma independiente.  Esto nos plantea interesantes interrogantes a partir de los nuevos independientes, y en algo cambian las reglas generales de las proximas elecciones.
Ada Norah Henriquez, no es cualquier candidata. Es una mujer madura, negra y quien en las pasadas elecciones como candidata a comisionada residente, tuvo un desempeño satisfactorio. Mientras Eliezer Molina, como candidato a gobernador tuvo un desempeño limitado, aunque como activista social ecológico e independentista, durante los pasados cuatro años ha tenido un desempeño extraordinario. 
En el crisol de la política nacional, ya hay sobre dos docenas de candidatos independientes, para todas las posiones electorales, lo cual resta de a los partidos poílticos ya inscritos.  La influencia en el senado, abre una competencia interesante con dos candidatos independientes, Jose Vargas Vidot y Eliezer Molina. En total se eligen 11 senadores por acumulación.  Esto marcaría que podrían haber dos senadores independientes, Vidot y Molina, y luego uno por el el Partido Independentista Puertorriqueno, dos por el Movimiento Victoria Ciudadana, y el resto bajo el Partido Nuevo Progresista (que podría presentar seis candidadtos) y el Partido Popular Democratico (que solo va a presentar cuatro candidatos.
La llegada de Molina, a quien le damos buenas posibilidades de salir electo, por haber mardado una práxis de radicalismo de izquierda, y eso gana votos, podría afectar a los otros partidos.  Esto nos plantea que los otros partidos pierden un escano, pero reduce la eleccion de las voces alternativas, en particular en el Movimiento Victoria Ciudadana.  Tanto Vargas Vidor, Maria de Lourdes Santiago, y el PNP como el PPD, deberian de asegurar sus puestos.
Mientras Henriquez podría dar una sorpresa, sobre todo en los foros televisados, que debilitaría a Proyecto Dignidad. Tambien debilitaria los otros candidatos [todos hombres] que no son mujer, no son marginados y no son negros.
Veamos que pasa en el 2024. Pero serán unas elecciones interesantes. Pensemos.

(San Juan, 10:00 a.m.) El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) informó que 19 personas fallecieron durante el asueto de Navidad, casos detectados en el marco de 125 asistencias realizadas en autopistas, calles y carreteras con la participación de un equipo 46 mil ciudadanos, conformado por socorristas de la Defensa Civil, Cruz Roja Dominicana, policías, militares y bomberos.

Esta cifra corresponde al operativo practicado desde el 23 de diciembre hasta el 25 en la que se señala que 338 individuos sufrieron intoxicaciones alcohólicas y alimentarias, entre ellos niños de 5 a 17 años.

El Centro de Operaciones de Emergencia, años tras años, emite

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(San Juan, 10:00 a.m.).  La presidenta de la Universidad de Harvard, Claudine Gay, acaba de renunciar en el día de ayer.  La transición ya fue efectiva.  Ya nombraron a un interino, y ella volverá a su catedra como profesora de ciencia política en la prestigiosa universidad privada en la ciudad de Boston.  Es terrible, pues se trata de la segunda mujer en la presidencia en casi 400 anos de existencia de la universidad, la más antigua de los EE.UU., y de la primera persona negra en dicha posición, y peor aun se van en el tiempo más corto de un mandato a la presidencia: seis meses después de haber sido nombrada. 
Como le paso a los boricuas Carlos Severino Valdez y Urayoan Walker, rector de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Rio Piedras, y presidente de la institución, respectivamente, hay gente que no aceptan que los negros lleguen al poder.  Eso acaba de pasar ante nuestros ojos en Harvard. La justificación para forzar su despido, que en las vistas congresionales de noviembre 2023, ella, junto a otras dos mujeres presidentas de prestigiosas universidades, no asumieron la posición solicitada por los congresistas, que pedían que se eliminaran las voces de los estudiantes de sus universidades, que clamaban que los hoy 22 mil palestinos asesinatos en Gaza son un acto de genocidio cometido por el ejército de Israel.  En particular, pedían los legisladores que las respectivas presidentas, en particular la de Harvard se retractaran y dijeran que pedir la muerte de los israelitas, era un acto de genocidio. No lo hicieron, y comenzó el ataque.
Pero en el caso de Gay, el ataque se movió a cuestionar sus credenciales académicas, que van desde su doctorado hasta sus sobre 30 artículos académicos. Cuestionaron su honestidad intelectual, y la acusaron de plagio. La universidad de Harvard la exculpó, y no aceptó el argumento de plagio. Pero ante la presión de todos los medios de noticias americanos pidiendo su renuncia, así como por los ataques racistas en contra de ella en todos los formatos, Claudine Gay decidió renunciar.
Lo que se ha impuesto en los EE.UU., es la intolerancia política al que discrepe con uno. Sea judío o musulmán, católico o ateo, capitalista o socialista, si usted no coincide conmigo, es decir discrepa, será víctima de la exclusión y censura.  Nos oponemos a lo mismo en todas sus dimensiones. 
Es una pena, que la primera mujer negra presidiendo Harvard, y recordamos los casos de Severino y Walker, haya sido despedida. Para ella, el “destierro académico” se impone ahora.  Para Severino y Walker, su victoria judicial, salieron absueltos de todos los cargos, los redimió. Los racistas son racistas, sean blancos o negros, cuando acusan injustificadamente. Pensemos.

El Departamento de Justicia anunció que cerrará el año con sobre $340 millones en recobro, producto de múltiples pleitos legales incoados contra empresas de carácter multinacional en representación de los derechos de los puertorriqueños, en particular de poblaciones vulnerables.
El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, indicó que, a través de la Secretaría Auxiliar de Asuntos Monopolísticos, ha enfocado sus esfuerzos en defensa de los ciudadanos, radicando una serie de reclamaciones judiciales contra empresas que han incurrido en prácticas engañosas, cuyas transacciones, hasta el presente, representan $344,557,580 en nuevos ingresos para el Gobierno de Puerto Rico.
Esta cifra ya fue recibida, mientras que otra se recibirá por etapas, al tiempo que mantienen varios pleitos activos contra empresas a las que le han exigido compensaciones económicas para subsanar los daños provocados por sus prácticas ilegales que afectan la salud y el acceso a medicamentos de la población, la situación económica de los estudiantes universitarios, la calidad del agua, ente otros.
Según Emanuelli, estas acciones se traducirán en servicios directos a los ciudadano.
Entre los pleitos transigidos, figuran los incoados contra las empresas involucradas en la epidemia de opioides y los fabricantes de cigarrillos electrónicos.
El equipo de la Secretaría de Asuntos Monopolísticos representó al Gobierno de Puerto Rico en el pleito contra los fabricantes de insulina: Eli Lilly & Co., Eli Lilly Export, Novo Nordisk, Sanofi Aventis, y los PBM: Express Scripts, CaremarkPCS Health, Caremark Puerto Rico y OptumRx, por haber incurrido en prácticas comerciantes injustas y engañosas, que han elevado el precio de este medicamento ilegalmente durante la pasada década hasta 1,200% de su costo original.
Estos controlan la mayor parte del mercado en Estados Unidos y sus efectos se ven reflejados en Puerto Rico.
A su vez, el país recibirá sobre $200 millones mediante el anuncio del acuerdo por el cual Johnson & Johnson, así como los distribuidores AmerisourceBergen, Cardinal Health y McKesson, desembolsaron $26 mil millones a nivel de Estados Unidos.
Estas empresas aceptaron transigir miles de demandas de los gobiernos estatales y locales de Estados Unidos y Puerto Rico, cuyos residentes se vieron afectados por las farmacéuticas, distribuidoras y empresas involucradas en la epidemia de opiodes.
Además de la compensación económica, se impusieron varias prohibiciones con el fin de que estas empresas detengan las prácticas que provocaron la emergencia de salud pública y se exigió a las distribuidoras la implementación de medidas correctivas.
De igual forma, se anunció una transacción legal, mediante la cual Puerto Rico recibió sobre $7 millones para contrarrestar los efectos del uso ilegal de los cigarrillos electrónicos entre menores de edad.
Esta isla se unió a 34 estados y territorios de Estados Unidos en una investigación contra JUUL Labs Inc., principal fabricante de cigarrillos electrónicos, señalado por sus prácticas de mercadeo ilegales y engañosas para fomentar el vapeo entre jóvenes y niños.
Además, el Departamento de Justicia demandó por fraude y prácticas engañosas al principal proveedor de préstamos estudiantiles en Estados Unidos, la empresa Naviet Solutions, anteriormente conocida como Sallie Mae.
Al menos 20,000 estudiantes de Puerto Rico obtuvieron servicios de Navient y se exigió que la organización cancelara unos $12 millones en deudas e intereses acumulados ilegalmente.
La Secretaría Auxiliar de lo Civil logró, de otra parte, prevalecer en 796 casos civiles de 1,272 casos que se cerraron para ese periodo, en representación del Gobierno de Puerto Rico, sus agencias y funcionarios.

(San Juan, 10:00 a.m.) Pese a la nueva norma que requiere veredictos unánimes en los juicios por jurado, el Departamento de Justicia de Puerto Rico ha alcanzado este año, a través de las trece fiscalías de Distrito, un 97% de convicción en representación de las víctimas en los casos criminales.

Según el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, este año la Fiscalía ha presentado un total de 14,546 denuncias en los tribunales.

En los casos de feminicidio en etapa de juicio, mantiene el 100% de convicción y ha implementado múltiples herramientas para fortalecer el procesamiento de delitos que constituyen violencia doméstica y prevenir las fatalidades.

Una de estas herramientas consiste en una evaluación de riesgo o danger assessment para que en todo caso de violencia de género los fiscales puedan identificar el riesgo al que se expone una víctima de perder la vida a manos de su agresor.

“Para nosotros estas cifras no representan un mero número, sino las veces que se ha hecho justicia a las víctimas de delito y a sus familiares en la Isla. Estamos transformando los procesos con un enfoque centrado en la víctima y sus necesidades. El Departamento de Justicia ejerce una función esencial en Puerto Rico y la cumple con gran compromiso y esfuerzo”, dijo Emanuelli Hernández.

Indicó que la asistencia a las víctimas de delitos ha sido un asunto prioritario para Justicia.

A través de la Oficina de Compensación y Servicios a Víctimas y Testigos de Delito, se han otorgado sobre $789,000 a las víctimas de delitos. Además, se han distribuido sobre $24.5 millones de fondos federales y estatales a albergues, municipios y entidades gubernamentales y sin fines de lucro privadas que ofrecen servicios directos a las víctimas de delito y sus familiares.

Entre las iniciativas emprendidas figura el inicio de la reconstrucción total del Albergue de Protección a Víctimas y Testigos de Delito, con una inversión de $13.5 millones de fondos federales, la habilitación de salones especializados para mejorar la experiencia de las víctimas durante el proceso en las fiscalías, la optimización del Registro de Ofensores Sexuales y el reclutamiento de fiscales.

Como parte de la lucha contra el crimen y conforme al Plan Integral de Seguridad del Gobierno de Puerto Rico, este año la División para Combatir el Crimen Organizado y Drogas del Departamento de Justicia participó junto al Negociado de la Policía en seis operativos realizados contra organizaciones dedicadas al trasiego de sustancias controladas, venta de armas y otros delitos. La acción de ambas agencias resultó en 272 arrestos y la presentación de 548 cargos.

De otra parte, la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor de Justicia emitió 24 referidos a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI), producto de investigaciones por corrupción.

Desde el 2021 esa división ha enviado alrededor de 80 notificaciones a la OPFEI y dicho organismo independiente ha acogido el 94% de las determinaciones de Justicia, a base del derecho y la evidencia examinada. Algunos de los casos fueron presentados ante los tribunales y se encuentran en distintas etapas del proceso judicial.

El titular de Justicia indicó que la División de Delitos Económicos también se destacó por haber estado muy activa este año, como parte de la alianza investigativa con el Departamento de Hacienda para combatir la evasión contributiva. Esta división logró la convicción de 43 personas y corporaciones por incumplir con sus responsabilidades contributivas y otros delitos económicos, así como la restitución de $8,889,279 al erario.

“En el cierre del año, reconozco y valoro el gran desempeño de todo el personal del Departamento de Justicia, especialmente de los hombres y mujeres que realizan la labor compleja y sacrificada de representar a las víctimas de delito en los procesos criminales. Nuestros fiscales sienten y sufren también el impacto del crimen en las vidas de los ciudadanos perjudicados y luchan diariamente porque su trabajo resulte en un Puerto Rico más seguro”, resaltó.

“Hemos alcanzado muchas metas trazadas y tenemos múltiples proyectos encaminados para el nuevo año, de acuerdo con la política pública del gobernador Pedro Pierluisi. Seguiremos trabajando por la justicia y la seguridad de todos los que residen en Puerto Rico”, agregó el secretario.

(San Juan, 9:00 a.m.) La Junta de Planificación (JP) emitió una resolución en la que, tras acoger las recomendaciones del oficial auditor, determinó suspender al Profesional Autorizado, ingeniero Ángel Rodríguez Sánchez, su credencial por un término de dos años e imponer una multa de $25,000.

“En este caso el querellado recurrió a todas las instancias apelativas que le asistían, incluyendo el Tribunal Supremo, y en todas ellas se ratificó la acción fiscalizadora de la JP a través del proceso llevado a cabo mediante la auditoría. En vista de ello, luego del debido proceso de ley, la Junta en pleno evaluó las recomendaciones del oficial auditor y determinó la imposición de las sanciones”, explicó el presidente de JP, Julio Lassús Ruiz.

La determinación de la JP ocurre luego de un exhaustivo proceso de auditoría en el que se encontró, entre otras cosas, que, en septiembre de 2019, Rodríguez Sánchez expidió, sin facultad para así hacerlo y en contra de leyes y reglamentos, el Permiso de Uso Núm. 2019-279203-PUS-065158, para cambio de nombre y uso residencial para una estructura ubicada en el camino Los Indios, Las Mareas, en Salinas.

La evaluación del auditor arrojó que la totalidad del predio de terreno donde enclava la propiedad atada al permiso se encuentra ubicado en una zona delimitada como Barrera Costera, lo que constituye una declaración del Gobierno federal de no participar y desestimar el desarrollo de dicha área, mientras que, además, el predio se encuentra en un 98% en el distrito Preservación de Recursos, donde no se permite construcción alguna, excepto para estudios científicos.

Durante el proceso administrativo, Rodríguez Sánchez no presentó evidencia documental de permiso previo de la propiedad que pruebe la legalidad de la estructura.

Este proceso administrativo comenzó con un referido del Consorcio CCVS a la JP, lo que activó el proceso de investigación y auditoría tras la cual se emitió un informe en el que se concluye que el permiso otorgado por el Profesional Autorizado (PA) era contrario a derecho.

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