(San Juan, 9:00 a.m.) El presidente Luis Abinader advirtió  a la comunidad internacional, durante su discurso este martes ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), la importancia de luchar todos para salvar a Haití y precisó que la República Dominicana luchará sola para defender su soberanía.

Dijo que uno de los principales obstáculos para completar esta misión de seguridad en el vecino pueblo, es el económico y al respecto manifestó que “la comunidad internacional debe facilitar el dinero tantas veces prometido y debe hacerlo ahora.  Es preciso dotar de todas las herramientas y recursos necesarios a la Misión Multinacional de Apoyo lo antes posible”.

Al mismo tiempo, sentenció que el tiempo de las promesas ha terminado y que a partir de hoy se entra en el momento de las realizaciones. Consideró que el dinero debe aparecer ahora o el colapso de Haití será irreversible. “Ese colapso sería una amenaza para nosotros y la región”.

Expuso que los países miembros del organismo hemisférico no pueden permanecer indiferentes frente a las emergencias humanitarias, la violencia e inseguridad que se han desatado y acumulado en estos últimos años en aquel territorio, el más pobre de occidente.

Resaltó que el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Haití estima que casi la mitad de la población, alrededor de 5 millones de personas, padecen de inseguridad alimentaria aguda, en gran medida por la violencia terrorista y la falta de institucionalizad democrática.

Abinader recordó que, desde septiembre de 2021, el Gobierno dominicano está denunciando, ante diversos órganos de las Naciones Unidas, el deterioro continuo de las condiciones sociales en Haití.

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(San Juan, 10:00 a.m.) El evento, coordinado por el Departamento de Justicia, tiene el propósito de adiestrar a los funcionarios de todos los componentes de las cortes de drogas, conocidas como Drug Courts, en torno a cómo atender los retos que han surgido debido al desarrollo de nuevas drogas y sobre las mejores prácticas de supervisión a quienes son procesados por delitos vinculados al uso de sustancias controladas y alcohol.

“Esta iniciativa es consistente con nuestra política pública de promover la rehabilitación y de tratar la adicción a drogas de forma salubrista. Muchos de ustedes saben que desde mis tiempos como secretario del Departamento de Justicia he sido un ferviente promotor de los Drug Courts y otros programas con enforque terapéutico.  Reconozco el esfuerzo del Departamento de Justicia por llevar a cabo esta Cumbre tan importante, en la que todo el componente de nuestro sistema de ley y orden va a recibir adiestramientos especializados que proveen herramientas necesarias para atender los casos relacionados a personas con adicción de forma más efectiva”, sostuvo el gobernador.

Pierluisi añadió que “tratar estos casos como un asunto de salud pública y no solo desde la perspectiva criminal, particularmente para casos no violentos, es un proceso que nace de la evaluación y apertura a considerar estrategias noveles por parte de jueces, fiscales, abogados de defensa, oficiales de probatoria y otros funcionarios de nuestro gobierno. Hoy es otro ejemplo de cómo seguimos buscando recursos, identificando nuevas ideas y considerando diversas estrategias en busca de remedios innovadores a favor de la justicia terapéutica, la rehabilitación y reinserción social”.

Por su parte, el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, expresó que “con la celebración de la Cumbre, Puerto Rico se convierte en una de las primeras jurisdicciones a nivel nacional en recibir este tipo de capacitación actualizada para optimizar los resultados en las Cortes de Drogas y atender los retos que generan las sustancias controladas emergentes. Es la primera vez que se lleva a cabo una cumbre sobre el trastorno de consumo de sustancias de esta magnitud, que impactará simultáneamente a todos los sectores llamados a prevenir y a remediar la adicción, con el objetivo de reducir la incidencia criminal en la Isla y promover la rehabilitación”.

Durante la actividad, el titular de Justicia firmó una nueva Orden Administrativa para atemperar la normativa a las nuevas guías que adoptaron todos los componentes de las Cortes de Drogas y que entran en vigor a partir este año.

“La Orden concede un rol más activo al Ministerio Público en la identificación de estos casos y expande los servicios que ofrece Drug Courts para cobijar, por primera vez, el trastorno de alcohol exclusivamente. Esta iniciativa forma parte de las medidas que hemos implementado en cumplimiento con la política pública del Gobierno de Puerto Rico para atender con un enfoque de justicia terapéutica a quienes incurren en delitos no violentos debido al trastorno adictivo de sustancias y alcohol, asegurando que, al ser procesados criminalmente, tengan a su disposición programas de rehabilitación efectiva que les permita reintegrarse a la sociedad y evitar la reincidencia. Tenemos que humanizar la ley y los procesos judiciales, atendiendo el aspecto emocional y sicológico. Al atender de manera distinta a quienes cometen delitos debido a condiciones adictivas, obtendremos resultados más efectivos para estos, sus familiares y la sociedad”, añadió el secretario de Justicia.

El evento fue organizado por la División de Coordinación de las Unidades Especializadas de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Departamento de Justicia con el apoyo de la Oficina de la Jefa de los Fiscales. Como parte de los talleres, también se capacitará sobre la administración efectiva del Naloxone para revertir los efectos de la sobredosis de opioides y sobre los efectos neurofisiológicos del uso y abuso de sustancias. Los participantes que recibirán adiestramiento incluyen fiscales, agentes investigadores, jueces, profesionales de la salud y personal de distintas agencias gubernamentales y el sector privado.

“Con esta capacitación masiva, esperamos fortalecer el conocimiento especializado que deben tener todos los componentes del Programa de Drug Courts, en especial nuestros fiscales. En el Departamento de Justicia estamos comprometidos con lograr que los programas que atienden los trastornos de consumo de sustancias controladas y alcohol sean eficaces. La Cumbre de Justicia Terapéutica es un es esfuerzo encomiable dirigido a promover la política pública del gobernador, promoviendo la rehabilitación”, indicó la jefa de los Fiscales, Jessika Correa González.

Mientras, la fiscal Laura Hernández Gutiérrez, directora de la División de Coordinación de las Unidades Especializadas de Drug Courts del Departamento de Justicia enfatizó en que “la Cumbre es una actividad que reúne a todo el componente de seguridad, salud y comunidad en un esfuerzo por promover la política pública, nuevos enfoques de tratamiento y prevención para atender a la población en Puerto Rico que sufre de un trastorno en el uso de sustancias controladas y alcohol. Por primera vez, una organización como ALL RISE, destacada nacionalmente por ser los educadores de los profesionales que componen las cortes de drogas y todos los estados, forma parte de la cumbre e incluye a Puerto Rico como parte de los esfuerzos para mejorar las respuestas de este problema de salud pública y seguridad que nos aqueja a todos y a todas”.

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Las autoridades del Ministerio de Turismo y de los Estados Unidos formalizaron hoy un acuerdo de entendimiento para fortalecer la seguridad de ese sector económico a nivel nacional debido al auge de los visitantes norteamericanos que pernoctan cada temporada en el territorio local, que en el 2023 totalizaron 4,290,000.

Con la asistencia del cónsul general de la Embajada de Estados Unidos en el país, Greg Segas, la firma fue encabezada por el ministro de Turismo, David Collado, quien explicó que el objetivo es dotar de conocimientos y recursos a las personas que participan en el intercambio directo con los vacacionistas para que puedan enfrentar, de manera adecuada, cualquier situación que se le presente al visitante durante su estadía en el país.

“República Dominicana viene en franco crecimiento. Hemos tomado las medidas necesarias en el momento necesario para hacer un ejemplo a nivel mundial, y es por eso que la seguridad de los turistas para el presidente Luis Abinader, para el Gabinete de Turismo y para mí como ministro, es extremadamente importante”, expresó Collado.

Enfatizó la importancia de involucrar en el convenio a la Policía Turística (Politur) y a la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), por ser la representación de esta nación en la atención al visitante.

“A mí no me gustaría ir a un país con mi hija y tener un accidente o tener una situación difícil. Es por eso que la seguridad, para mí, como ministro de turismo, no es negociable y esto va traducido a la práctica”, dijo.

Los suscribientes tendrán a su cargo la formación técnica de su equipo y el fortalecimiento de la comunicación constante para mantener en custodia la seguridad física y médica de los estadounidenses que arriben al suelo dominiano.

Con el pacto, el ministro Collado dijo confíar en que República Dominicana se convertirá en el destino más seguro de la región latinoamericana para viajar y aseguró que es la primera vez que Norteamérica aúna esfuerzos con este propósito, con un país del Caribe.

“No hay registro de que otro país en la región haya firmado un acuerdo como este con el Gobierno de los Estados Unidos. Ayer, hablábamos de resiliencia, ayer hablábamos de sostenibilidad, y la sostenibilidad se afianza en la firma de este acuerdo con el cónsul Greg y con los Estados Unidos en materia de seguridad del país número uno en emisión de turistas hacia la República Dominicana”, sostuvo el ministro.

Citó el funcionario cifras del Banco Central de aquí de que durante el 2023, el 64.4% de los excursionistas que llegaron a la Republica Dominicana vía aérea procedieron de América del Norte, liderados por Estados Unidos y Canadá. Estos representaron el 46.8 y 16.2% del arribo total de extranjeros no residentes, respectivamente.

Señala el reporte que solo la entrada de los estadounidenses tuvo una variación interanual del 21.6%, contribuyendo éstos a atenuar la caída de los turistas europeos.

En ese año, la República Dominicana se posicionó como el décimo país con el mejor desempeño en llegadas de viajeros vacacionistas por la vía aérea, de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT).

Los datos, publicados en el reporte “Barómetro Mundial del Turismo”, señalan que República Dominicana registró un 24% de crecimiento en sus llegadas aéreas, erigiéndose como el principal destino elegido por los pasajeros en el Caribe en ese período.

La organización multilateral indica, además, que la ciudad caribeña fue el tercer destio en el mundo con mejor desempeño de crecimiento en este renglón, si se compara con los resultados obtenidos en el 2019, solo por detrás de Arabia Saudita y Albania.

Las Islas Turcas y Caicos lideraron el crecimiento en la llegada de turistas vía aérea en el 2023, con un 127%. Catar, Arabia Saudita y Albania le siguieron, con incrementos del 90, 56 y 53 %, respectivamente.

La República de El Salvador estuvo en un quinto lugar, con un crecimiento de 40%, y Colombia en el sexto, con un alza de sus llegadas aéreas del 33%. Estos fueron los únicos dos países sudamericanos que registraron un crecimiento destacado.

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(San Juan, 11:00 a.m.) El principal oficial ejecutivo del Hospital Damas, Pedro Barez Clavell, anunció que la institución concluye este miércoles, 7 de febrero, la prestación de los servicios de Obstetricia.

El Hospital Damas sometió el pasado mes de enero en conjunto con la petición de cierre de servicio, el plan para el manejo de casos de embarazadas a través de la Sala de Emergencia, en caso de un parto activo en cumplimiento con la Ley EMTALA.

“Nuestro personal Sala de Emergencia está capacitado para brindar el servicio y garantizar la seguridad y el bienestar de pacientes gestantes en labor de parto y del bebé por nacer”, explicó Barez Clavell.

Precisó que “en caso de recibir una paciente embarazada en labor de parto, el médico de Sala de Emergencia determinará a través de la evaluación si es un parto inminente o si la paciente debe ser trasladada a una institución cercana que brinde los servicios”.

El pasado 2 de febrero, el Secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado López, emitió la autorización del cierre temporero de este servicio en el hospital, efectivo el 3 de febrero de 2024 y otorgó un Certificado de Necesidad y Conveniencia (CNC) por un año a partir de la misma fecha.

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(San Juan, 12:00 p,m,) Teniendo presente la masacre en la noche del lunes en el negocio La Casita del Árbol, en el Barrio Campanillas, Pedro Irene Maymí, candidato a alcalde por el Partido Popular Democrático (PPD) en Toa Baja, exigió a la Policía Municipal y Policía estatal más presencia de agentes en el pueblo.
“La ola criminal no da tregua, cada día nos arropa más”, expresó el otrora dirigente sindical, quien presidió la Unión Independiente Auténtica de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (UIA-AAA).
“Los toabajeños volvemos a vivir llenos de terror y a recordar aquella escalofriante masacre de La Tómbola”, hizo hincapié. “Nuestro pueblo está pasando por una crisis de seguridad sin precedente alguno”, indicó.
Para el aspirante a alcalde “la criminalidad sigue en aumento y no se toma acción alguna”.
Irene Maymí sumó, además, los casos de robo a mano armada, carjackings y escalamientos, entre otros.
“Si recordamos, el año pasado subieron a cuatro las masacres en Toa Baja, sumándose los eventos de tiroteos… Tristemente, nuestros efectivos de la Policía Municipal se han ido reduciendo”, dijo al reclamar al alcalde Bernardo Márquez García que refuerce ese cuerpo armado, “que lo vuelva más atractivo ya que, de aproximadamente 200 efectivos, quedan menos de 40, según le informan porque se van a otros pueblos porque, no son bien remunerados”.
En la noche del lunes, dos mujeres y dos hombres fueron acribillados a tiros desde un vehículo, convirtiendo el hecho en la tercera masacre de 2024, mientras que otras cinco personas, tres mujeres y dos hombres, resultaron críticamente heridos, incluyendo a un hermano del exalcalde de Cataño Félix “El Cano” Delgado.

(San Juan, 12:00 p.m.) Altos mandos militares de Estados Unidos, personal militar, empleados civiles, integrantes del gobierno estatal y federal se reunieron este sábado en el Fuerte Buchanan, en Guaynabo, única instalación del ejército de la nación norteña en el Caribe, para la inauguración de un centro de entrenamiento, construido a un costo de 20 millones de dólares.

“Nuestra misión en el ejército es peligrosa; por eso tenemos que seguir invirtiendo en el Fuerte Buchanan y en Puerto Rico, (para) asegurarnos de que los soldados asignados al Fuerte Buchanan estén listos para movilizarse directamente desde la isla”, expresó el Mayor General Robert D. Harter, comandante de la División 81 de Preparación y oficial de más alto rango del Ejército de Estados Unidos para Puerto Rico.

Añadió que “nuestras tropas deben poder subir a un avión en San Juan y transportarse directamente al teatro de operaciones; y este edificio es el primer paso para llegar allí”.

El coronel Charles N. Moulton, comandante del Fuerte Buchanan, explicó que el ejército provee a la comunidad militar del Caribe servicios de vivienda, atención médica y cuidado infantil, empleo para cónyuges, mudanzas militares, programa de servicios excepcionales para familiares, preparación financiera, y recreación, entre otros.

“Si bien todas las áreas son importantes, mantener nuestra infraestructura es clave para nuestra misión. Después de todo, nuestras tropas necesitan un lugar para entrenar, y trabajar. Estas modernas facilidades demuestran nuestro enfoque de proveerle a nuestro personal militar los servicios y facilidades que necesitan para cumplir su misión alrededor del mundo”, dijo Moulton.

El coronel Charles N. Moulton, comandante del Fuerte Buchanan, destacó la importancia de la inversión de 20 millones de dólares. Inter News Service

Ante interrogantes sobre posibles movilizaciones de soldados boricuas en respuesta a la situación de seguridad mundial, entre Israel y Hamas y Ucrania y Rusia, Moulton evitó adelantar información que pudiera violentar la seguridad operacional.

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(San Juan, 10:00 a.m.) Haití sigue viviendo una nueva jornada violenta de protestas antigubernamentales protagonizadas desde ayer por miles de ciudadanos que exigen la salida del Gobierno del primer ministro Ariel Henry, quien se aferra al poder, una jornada que ha generado las muertes de seis personas y más de una decena resultaron heridas en violentas manifestaciones antigubernamentales en Haití.

Mientras, en medio del caos, Henry pidió calma en un discurso público a primera hora del jueves en un intento para calmar a los ciudadanos frustrados por la incesante violencia de las pandillas, el aumento de la pobreza y la ausencia de convocatoria de elecciones generales.

“Creo que ha llegado el momento de que nos pongamos a pensar juntos para salvar a Haití, para hacer las cosas de otra forma en nuestro país”, afirmó Henry, quien no ofreció más detalles, según reportan las agencias internacionales de noticias

Saqueos, actos de vandalismo e incendios de neumáticos matizaron las movilizaciones de este 7 de febrero eran de esperar, al cumplirse la fecha en la que el estadista debería abandonar sus funiones, en virtud de un pacto firmado en diciembre de 2022 con partidos de oposición, representantes de la sociedad civil y el beneplácito de la comunicada internacional.

Entre los fallecidos hay cinco agentes de la Brigada de Vigilancia de las Zonas Protegidas (BSAP), una nueva entidad armada sobre la que las autoridades han perdido completamente el control, que cayeron durante enfrentamientos con agentes de la Policía Nacional de Haití en la zona de Laboule, en las colinas de la capital.

Por la mañana, una persona murió en la comunidad de Ouanaminthe (Juana Méndez), en el noreste del país, tras atacar una comisaría de la Policía Nacional, que tomó violentas represalias contra los manifestantes, en una jornada en la que se mostraron muy ofendidos e incluso amenazantes.

Además de los cinco miembros de las BSAP abatidos por agentes de la Unidad del Departamento de Aplicación de la Ley (UDMO, por sus siglas en francés), otros tres miembros han sido detenidos por la policía, según informan fuentes policiales.

La Brigada de Vigilancia de las Zonas Protegidas (BSAP), uno de los principales actores en el corazón de las protestas que se han intensificado en los últimos días, también ha contado este miércoles con víctimas entre sus filas.

Cientos de esos agentes respaldan al exsenador Guy Philippe, que ha regresado tras cumplir años de cárcel por tráfico de drogas, y afirman que quieren provocar una “revolución” en el país.

El BSAP está formado por antiguos militares reconvertidos en guardas forestales, así como por voluntarios, y también por personas integradas al margen de cualquier jerarquía o norma. El gobierno les prohíbe circular por la ciudad y llevar armas y municiones.

Desde entonces, se han rebelado contra las autoridades uniéndose a los manifestantes, sobre todo en las ciudades de provincia.

Reportes periodísticos indican que en la región metropolitana, las actividades se paralizaron por completo. Apenas se veía a la gente por las calles, mientras que las escuelas volvieron a mantener sus puertas cerradas, al igual que las instituciones públicas y privadas.

En diversas áreas de la capital, Puerto Príncipe, y principalmente en Pétion-ville, se levantaron trincheras con neumáticos ardiendo, y la respuesta de la Policía Nacional contra los manifestantes fue el lanzamiento de gases lacrimógenos y disparos.

En todo el país se mantiene encendida la antorcha de la movilización hasta que Ariel Henry abandone el poder, tal y como se ha asegurado en las protestas de Jacmel, en el sureste; en Anse-à-galets, en el oeste; en Hinche, en el centro; en Jérémie, en Grand’Anse; en Cap-Haitien, en el norte, y en Les Cayes, en el sur, mientras las autoridades y el Gobierno guardaban silencio sobre las multitudinarias manifestaciones.

Ayer Kenia solicitó ingresar como miembro observador permanente en la Organización de los Estados Americanos (OEA) para coordinar la misión policial que pretende enviar a Haití, reveló el organismo.

El parlamento haitiano está vacío luego de que el mandato de sus 10 últimos senadores expiró en enero de 2023. El país no celebró los comicios previstos para 2019 y 2023, y Henry asumió el poder con el respaldo de la comunidad internacional tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021.

ALERTA EN DOMINICANA

El ministro de la Presidencia, Joel Santos, aseguró es que República Dominicana está preparada para enfrentar cualquier eventualidad que se presente, a partir de las protestas que se desarrollan en el vecin pueblo, el más pobre de occidente.

“Se ha incrementado la vigilancia. Todo está bajo control; nosotros estamos debidamente preparados para enfrentar cualquier situación que ocurra”, dijo Santos Echavarría.

Indicó que en previsión de posibles acontecimientos que ocurran en esa parte de la isla y que puedan representar algún riesgo para la República Dominicana, el Gobierno ha prestado especial atención, desde el inicio de esta gestión, a la seguridad a lo largo de la zona fronteriza.

En ese contexto, desde tempranas horas de la mañana de ayer miércoles una gran cantidad de vehículos todoterreno con tropas militares y helicópteros llegó a la provincia Dajabón (región noroeste dominicana) para contrarrestar cualquier eventualidad que se pudiera presentar en la zona fronteriza por las acciones que se registran en Haití.

Los comandos militares de las nuevas tropas son dirigidos por el general de la Cuarta Brigada, Paíno Chocohan Perdomo Sánchez, y el teniente coronel Yoel Martes Rodríguez, comandante del Décimo Batallón, de acuerdo con los reportes de los periodistas stablecidos en la zona.

(Montevideo, 9:00 a.m.) Con irregularidades, polémicas y una democracia que cada día se debilita más en la región comenzó el 2024. El pasado domingo 4 de febrero dio inicio el ciclo electoral en América Latina y el Caribe, con las convocatorias a las urnas en El Salvador y Costa Rica, en un año con características especiales: más de la mitad de la población del mundo está llamada a votar en comicios nacionales o locales.

El 2023 terminó –más que con una sorpresa– con un golpe al mentón a una democracia latinoamericana que está bastante debilitada últimamente. El triunfo de Javier Milei y su asunción como presidente en un país como Argentina, uno de los grandes del continente, demuestran lo que el Latino barómetro viene mostrándonos año a año e investigación tras investigación: quienes son nacidos en este continente del tercer mundo valoran cada vez menos la democracia, es más, la mayoría no tendría problemas en vivir en una dictadura, siempre y cuando se le resuelvan las necesidades básicas.

Este escenario ha hecho emerger a una nueva generación de falsos mesías políticos que vieron la oportunidad de, con un discurso neopopulista, alcanzar sus objetivos y demostar la política como herramienta de cambio. Claro, que todo esto basado también en los magros resultados que han alcanzado muchas administraciones regionales en los últimos años, porque bien o mal, todos requerimos soluciones a nuestros problemas y las mismas –sobre todo luego de la pandemia– se han demorado en llegar.

Con estos antecedentes no sorprendió la altísima abstención que se dieron en las elecciones locales de Costa Rica. El 68% de los ciudadanos demostró desinterés y apatía al decidir no ir a votar por sus futuros gobernantes.

Los resultados mostraron también un revés muy importante hacia el presidente Rodrigo Chaves, ya que su colectivo, el Partido Progreso Social Democrático, solo obtuvo dos alcaldías, frente al medio centenar que consiguieron las dos agrupaciones históricas del país, el Partido Liberación Nacional (30) y el Partido Unidad Social Cristiana (20).

Unos cuantos kilómetros hacia el norte, en El Salvador se confirmó lo que todos ya sabían desde antes de comenzar la campaña electoral. En un país en el que está prohibida la reelección presidencial, Nayib Bukele decidió hacer caso omiso al mandato de la carta magna de su país y presentar nuevamente su candidatura a jefe de Estado.

Pero principio tienen las cosas. Bukele, que había sido un político de izquierda en sus inicios –cuando fue alcalde de Nuevo Cuscatlán (2012 – 2015) y de San Salvador (2015 – 2018) integrando el FMLN– se convirtió en un mandatario que se presentó “sin ideología”, pero que a todas luces sus políticas comulgan con los colectivos más conservadores y despóticos. Hoy su figura se acerca más a la de un influencer de redes sociales que a la de un servidor público.

A Bukele le cuentan a su favor el haber “terminado” con la inseguridad que generaban las maras de su país, y que en un momento tuvieron a El Salvador de rodillas. Es más, el líder salvadoreño hizo gala de la construcción de una megacárcel, que se ha convertido prácticamente en un set de filmación, donde podemos observar a través de productos audiovisuales, que genera la misma administración, las violaciones a los derechos humanos que sufren los privados de libertad, muchos de ellos integrantes de las clicas, pero otros solo cometieron “el delito” de portar tatuajes, ser jóvenes o pobres, y debido a ello y a las políticas de seguridad impuestas, se los ha condenado a vivir tras las rejas sin tener siquiera el derecho a un juicio justo.

Algunos de los que antes temían ser víctimas de las maras hoy tienen miedo de los desbordes de quienes deben velar por la seguridad ciudadana de los salvadoreños.

En lo que tiene que ver con otros logros del gobierno, no son tan claros, primero porque la prensa está sometida en el país y no puede ejercer su función de watch dog. Un claro ejemplo de ello es que el equipo del prestigioso medio periodístico El Faro tuvo que exiliarse para poder continuar con su labor. De todas maneras, en el plano económico, educativo o social no se han registrado avances significativos. Sí se debe ponderar la revolución que ha realizado en materia de comunicación de gobierno, fundamentalmente en lo vinculado a la comunicación digital.

Con este panorama, con una oposición a la cual se persiguió y desfinanció –al punto que no pudieron hacer campaña electoral prácticamente–, bajo amenazas de que si no ganaba la inseguridad campearía por el país y violando la constitución, Bukele fue reelecto presidente.

No fue de extrañar que el jefe de Estado napoleónicamente se autoproclamara a sí mismo, sin esperar la resolución del organismo electoral que también él controla. El nuevo gobierno tendrá mayorías absolutas en el congreso luego de aplastar en las urnas a la oposición con más de un 80% de adhesiones, y buscará ahora sí la forma “legal” de instalar la reelección por tiempo indeterminado.

Manuales de estrategia sostienen que para mantener el poder y el liderazgo es necesario tener un enemigo contra el cual pelear. Hasta el momento Bukele había puesto como su enemigo político a las maras –sobre las que, paradójicamente, hay denuncias de haber financiado otrora las campañas del actual mandatario–. Pero con las clicas derrotadas y encarceladas, en su discurso del pasado domingo 4 de febrero dio pistas sobre quiénes serán sus nuevos enemigos: la prensa y los países que componen la comunidad internacional que denuncian su acto inconstitucional.

Lo cierto es que la figura y el estilo de Bukele concita mucha adhesión no solo en El Salvador, sino también en otros países de la región que ven como emerge un nuevo tipo de liderazgo, basado en el debilitamiento del sistema democrático y de los partidos políticos; una nueva casta autoritaria y populista, cuasi con visos monárquicos, los autoproclamados nuevos mesías en los que muchos de los latinoamericanos comienzan a depositar sus menguadas esperanzas de conseguir una vida mejor.

El año electoral comenzó en El Salvador y Costa Rica, pero el 2024 también convocará a las urnas a dominicanos, chilenos, venezolanos, uruguayos, panameños, mexicanos y boricuas en nuestra región. En muchos de estos países comienzan a surgir oportunistas figuras que pregonan los discursos de Bukeles y Mileis como una herramienta de marketing electoral. Serán los ciudadanos latinoamericanos quienes decidirán si optan por cantos de sirenas o por apostar a una democracia que se ve cada vez más en riesgo en nuestro continente.

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