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Vie, Abr

Economía Solidaria

(San Juan, 11:00 a.m.) El gobernador Pedro R. Pierluisi anunció, junto al secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, la apertura de un nuevo Centro de Cambio del Negociado de Loterías en Camuy, que servirá a la región noroeste de la Isla.
Los actos se realizaron el viernes 12 de enero en ese municipio y participaron la secretaria auxiliar del Negociado de las Loterías, Lorna Huertas Padilla, el alcalde de Camuy, Gabriel Hernández, y el director ejecutivo de la Autoridad de Edificios Públicos, Yamil Ayala, entre otros.
“Esta facilidad viene a reemplazar el antiguo Centro de Cambio de Arecibo para darle a nuestra gente y a los empleados de la Lotería un lugar moderno y más cómodo para realizar todos los trabajos del centro”, destacó el mandatario.
Pierluisi apuntó que “con este nuevo centro, y en celebración de los 90 años de la  fundación de la Lotería, reafirmo mi compromiso de respaldar y fortalecer al Negociado de la Lotería de Puerto Rico, entendiendo que el impacto va más allá de números y premios individuales. Es también un motor que impulsa el progreso y el bienestar de nuestras comunidades y de nuestra gente”.
Entre enero de 2021 y diciembre de 2023, las ventas del Negociado de la Lotería totalizaron $2,300 millones. Para el año 2023, específicamente, Pierluisi dijo que se pagaron premios de la Lotería Tradicional por un total de $191 millones en todo Puerto Rico, de los que $15.4 millones correspondieron a la región noroeste.
En el caso de la Lotería Electrónica, se pagaron premios por un total de $235 millones, de los que $8.3 millones también se distribuyeron en esta zona.
El secretario de Hacienda agregó que el nuevo Centro de Cambio de Camuy “pagará premios de Lotería Tradicional y Lotería Electrónica y ofrecerá servicios a toda región, que incluye los municipios de Hatillo, Quebradillas, Lares, San Sebastián e Isabela, entre otros”.
“En los Centros de Cambio pagamos premios mayores y menores para la Lotería de Puerto Rico y hasta $25,000 para la Lotería Electrónica. El pago de premios se realiza a través de seis Centros de Cambio, ubicados en Hato Rey, Caguas, Humacao, Ponce, Mayagüez y ahora en Camuy. También ofrecemos servicios en varios centros de Servicios Integrados y en las Colecturías del Departamento de Hacienda”, añadió Parés Alicea.
La secretaria auxiliar del Negociado de las Loterías, Huertas Padilla, destacó que el Negociado cuenta con aproximadamente 443 comercios en la región, con licencia para vender todos los productos de Lotería Electrónica, mientras que hay 385 agentes y vendedores con licencia para vender billetes de la Lotería Tradicional.
“Este gran proyecto forma parte de las metas establecidas en el Negociado de las Loterías, que busca aumentar recaudos mediante estrategias encaminadas al mejoramiento de los servicios. Esta instalación física es un ejemplo de nuestro compromiso para asegurarle a nuestros consumidores un servicio eficaz, eficiente y de excelencia”, dijo la funcionaria.
Por su parte el alcalde del municipio destacó la importancia de la apertura del Centro de cambio para el municipio. “El establecimiento de un Centro de Cambio de la Lotería de Puerto Rico en Camuy, es un gran acierto del Departamento de Hacienda ya que el centro más cercano en este momento está localizado en Mayagüez”, dijo Hernández.
“Así que esta instalación viene a resolver una necesidad de miles de personas de la zona norte que participan en los diversos ofrecimientos de la Lotería y que resultan beneficiados en los mismos. Agradezco que se haya identificado un espacio en Camuy y reitero la disposición de la administración municipal a colaborar con el gobierno estatal en todas las iniciativas que sean de beneficio para los constituyentes de Camuy y el norte de la Isla”, agregó.
El Centro de Cambio de Camuy es una facilidad de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), remodelada y acondicionada con una inversión de $89,600, del Negociado de las Loterías.
Yamil Ayala, director ejecutivo de la AEP dijo que “nos complace que nuestro equipo especializado pueda trabajar proyectos que sirven a la comunidad. Esta remodelación es un ejemplo del trabajo que hacemos para proveer espacios seguros y un entorno agradable para elevar la experiencia en las instalaciones de gobierno”.
La remodelación de este nuevo Centro forma parte de la optimización de los seis Centros de Cambios alrededor de Puerto Rico y suple las necesidades de los ciudadanos del noroeste ya que el próximo más cercano es Mayagüez.
La Lotería ofrece el servicio de pagos de premio en Hato Rey, Caguas, Humacao, Ponce, Mayagüez y ahora Camuy.  Asimismo, se ofrece en los Centros de Servicios Integrados, los Centros de Servicios 360 y las distintas colecturías del Departamento de Hacienda.
“Gracias a los fondos de la Lotería, se pueden realizar aportaciones a varias de nuestras instituciones, tales como el Departamento de la Vivienda, el Centro de Recaudos de Impuestos Municipales, el Fondo de Enfermedades Catastróficas, el Programa de Becas Estudiantiles de la UPR, el Comité Olímpico, el Albergue Olímpico y el Programa para el Desarrollo de Categorías Menores del Departamento de Recreación y Deportes”, expuso Pierluisi.
El gobernador dijo, además, que se utilizan fondos para combatir el juego clandestino en nuestra Isla y para ayudar a jugadores compulsivos. “Por eso reconozco y aprecio profundamente la contribución invaluable que el Negociado de la Lotería ha brindado a nuestra Isla a lo largo de los años”, concluyó Pierluisi.

(San Juan, 12:00 p.m.) Con el propósito de garantizar la transparencia, el buen uso de fondos públicos y la erradicación del germen de la corrupción, el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, radicó el proyecto 1981 con el fin de hacer obligatorio el establecimiento de un plan de clasificación y retribución de los empleados de la Legislatura.
“Al presente solo existe un Plan de Clasificación y Retribución para los empleados administrativos de la Cámara de Representantes. Para los empleados legislativos se firmó una circular que estableció unas guías con unos salarios tope según las funciones y las plazas de cada empleado, las mismas no son de carácter obligatorio y su implementación está sujeta a la discreción de cada legislador”, expresó Márquez Lebrón.
Expuso que “en aras de garantizar la transparencia, el bueno uso de fondos públicos y la erradicación del germen de la corrupción mediante este tipo de esquemas, resulta urgente la obligatoriedad de Planes de Clasificación y Retribución en la Asamblea Legislativa”.
La obligatoriedad que busca el portavoz del PIP en la Cámara de Representantes sería mediante una enmienda a la ley para cambiar el lenguaje de esta de “podrá” a “deberá adoptar un plan de clasificación y retribución de sus respectivos empleados…”
El legislador independentista explicó que el Plan de Clasificación y Retribución es el mecanismo que se utiliza para compensar a los empleados por su trabajo, de manera justa y equitativa, agrupando en clases los puestos según las similitudes en cuanto a la naturaleza y complejidad de sus deberes, el grado de autoridad y responsabilidad asignado a los mismos y la preparación académica y experiencia de los empleados, entre otros criterios.
Este mecanismo, detalló Márquez Lebrón, crea un orden organizacional que fortalece el principio de mérito en la administración de los recursos humanos, garantiza el principio de igual paga por igual trabajo y promueve la transparencia, evitando posibles casos de corrupción.
Al presente, tanto la Rama Ejecutiva, como la Rama Judicial cuentan con un Plan de Clasificación y Retribución.
“Exhorto al liderato de la Cámara de Representantes a atender esta medida de inmediato y aprobar la misma como mecanismo para el buen manejo de fondos públicos y como un esfuerzo preventivo contra la corrupción”, culminó Márquez Lebrón.

(San Juan, 10:00 a.m.) La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) sometió al Tribunal de Quiebras una moción para que se declare sin lugar la petición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de cancelar el convenio colectivo del sindicato con la intención de tomar control del Sistema de Retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
“Hemos radicado este recurso ante el tribunal argumentando que la Junta no cumplió con los requisitos para el rechazo de un convenio colectivo bajo el derecho de quiebra. En particular, la Junta incumplió con su deber de negociar de buena fe con la UTIER para evitar el rechazo y llegar a un acuerdo”, explicó Josué Mitjá, presidente de la UTIER.
El dirigente sindical sostuvo que “la intención de la junta de control fiscal pretende hacer pagar a los trabajadores por años de mal manejo financiero de la AEE, que siguieron luego de la llegada de la propia Junta, con la intención deliberada de no pagar las aportaciones para quebrar el Sistema de Retiro por razones ideológicas”.
Entre sus argumentos, Mitjá recalcó que, aun cuando su convenio incluye una cláusula sobre el Sistema de Retiro, el Sistema es una entidad jurídica aparte y rechazar el convenio no puede tener el efecto de eliminar el Sistema de Retiro para todos sus miembros.
“Solicitamos, además, que el tribunal celebre una vista evidenciaría previo a resolver la moción, porque la información divulgada por la Junta es incompleta y la presencia de conversaciones confidenciales impide que se radique en el expediente público la realidad de las negociaciones”, recalcó.
Según se informó, este asunto se atenderá en la vista pautada para el próximo 24 de enero.

Utier solicita al tribunal que declare sin lugar intención de la Junta de eliminar el convenio colectivo. Inter News Service/Wilmarilis Sánchez
El dirigente sindical enfatizó en que fue la propia AEE que llevó el sistema de retiro a la insolvencia al dejar de pagarle $1,300 millones en aportaciones, pero ahora la Junta usa esa deuda como argumento para que se permita eliminar el convenio colectivo con el propósito de liquidar el combativo gremio.
“Somos testigos de cómo la Junta usa la quiebra del retiro, quiebra que ellos mismos propiciaron, como la excusa perfecta para dejar a miles de trabajadores sin su retiro con tal de pagarle a los bonistas buitres”, insistió.
Mitjá explicó que “si el dinero que usaron para la privatización con LUMA Energy y GeneraPR lo hubiesen usado en el sistema de retiro, no estuviésemos hoy debatiendo este tema, pero al parecer, la intención política e ideológica de intentar destruir la UTIER, va por encima del bienestar del pueblo”.
El presidente del gremio recordó que la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro presentó una propuesta más económica, que cubre los gastos del Sistema de  Retiro sin tener que aumentar la factura de la luz, pero fue ignorada.
“Se han presentado opciones y propuestas, pero no las han tomado en consideración. La Junta está actuando de mala fe contra la clase trabajadora del país, pues intentar eliminar convenios colectivos y tratar de trastocar los beneficios del Sistema de Retiro, es un gran abuso no sólo para la UTIER, sino para todo el movimiento obrero”, puntualizó.
Mitjá advirtió que “vamos a ir hasta las últimas consecuencias y no descartamos organizar una huelga del pueblo para decirle basta ya a los atropellos del gobierno y la Junta”.
“Emplazamos también al gobernador Pedro Pierluisi, que lo único que ha hecho es esconderse detrás de la Junta para aprobar todo lo que ellos proponen. Si no detiene este abuso entonces le aseguramos va a tener un proceso primarista complicado porque nosotros no vamos a ceder ni a entregar ni un punto ni una coma de nuestro convenio colectivo”, anotó.

(San Juan, 11:00 a.m.) El expresidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), Gerson Guzmán, exhortó al movimiento obrero puertorriqueño a expresar su repudio “a la repugnante propuesta” de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de eliminar la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) a los fines de garantizar el pago a los bonistas buitres que se lucran en la negociación de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
“La medicina amarga para los trabajadores del país y para sus organizaciones sindicales parece no haber dejado de prescribirse en el nefasto recetario de la Junta de Supervisión Fiscal”, expresó el dirigente gremial.
Guzmán afirmó que, sistemáticamente, este organismo ha llevado adelante un proyecto dirigido a la eliminación total de las organizaciones sindicales que agrupan al pueblo trabajador y a aquellos organismos de la sociedad civil que, de igual manera, promueven la justicia y la equidad para toda la población.
“Con su solicitud al Tribunal de Quiebras, que preside la jueza Laura Taylor Swain, pretenden establecer una nueva frontera para garantizar, al precio que sea y sobre los hombros de la clase trabajadora, en este particular de los retirados de la AEE miembros de la UTIER, el pago a los bonistas”, recalcó Guzmán.
Denunció como “temeraria, nefasta, arbitraria y antidemocrática” la solicitud de la Junta, impuesta por Washington al gobierno de Puerto Rico, que en los pasados seis años, según Espacios Abiertos, ha gastado sobre 1,500 millones de dólares en asesoría y consultoría asociados a la reestructuración de la deuda, muy superior al estimado de $370 millones que realizó el Congreso estadounidense en 2016.
El dirigente sindical advirtió que no tan sólo se pretenda la disolución del convenio del sindicato sino que se impondrá también la reducción de  las pensiones de los unionados retirados de la UTIER, “igualándolas a la miseria que hoy reciben los retirados del país”.
Aparte de que proponen como alternativa para los empleados activos su transferencia a la pobreza anticipada de los sistemas de retiro de contribución definida.
“Hacemos un llamado al movimiento obrero puertorriqueño a unir fuerzas y desarrollar actividades de militancia contundentes para detener este asalto a un Sistema de Retiro que es el resultado de las luchas de los trabajadores de la UTIER y no la dádiva de ningún gobierno o administración pública en particular”, instó Guzmán.
Guzmán expresó que hay que tener claro que “fue el propio gobierno el que generó los problemas de solvencia que hoy enfrenta dicho Sistema de Retiro al no hacer las aportaciones que le correspondían”, por lo que “permanecer en silencio ante este atropello no puede ser la alternativa”.

“El poder nunca concede nada sin lucha. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará”.
Frederick Douglass
(San Juan, 9:00 a.m.) La historia de persecución y opresión de los trabajadores y trabajadoras boricuas por parte del gobierno estadounidense es tan común como la tarta de manzana. Por ejemplo, de las primeras acciones del gobierno militar en Puerto Rico fue la devaluación de la moneda puertorriqueña, sin razón alguna, en un 40%, esta acción provocó que los trabajadores fueran más pobres por un decreto.
Las acciones para jorobar a los trabajadores y trabajadoras es una característica fundamental, natural de la nación estadounidense. Los limitados derechos que sí tienen los trabajadores y trabajadoras en los Estados Unidos han sido resultado de sus luchas. Aquí algunos ejemplos:
a) 1857 Día Internacional Mujer Trabajadora- “El 8 de marzo de 1857 cientos de mujeres de una fábrica de textiles de Nueva York salieron a la calle para protestar por los bajos sueldos que percibían (eran menos de la mitad de lo que cobraban los hombres) y por las pésimas condiciones en las que trabajaban. Aquella manifestación acabó mal, con la Policía dispersando la protesta. 120 de las mujeres que decidieron gritar por la igualdad fallecieron, pero las trabajadoras no se dejaron amilanar y dos años después fundaron su primer sindicato.”
b) 1886-1887 1ro de mayo- Los trabajadores asesinados por el estado de Chicago, que en su reconocimiento (Los Mártires de Chicago), celebramos el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras. Trabajadores en huelga que avanzaban reivindicaciones tales como “la jornada de ocho horas que quería hacer valer la máxima de: «ocho horas de trabajo, ocho horas de ocio y ocho horas de descanso»” fueron acusados falsamente de poner una bomba y fueron condenados a muerte en un tribu=nal que hoy la historia reconoce fueron manipulados y una injusticia;
c) 1934- La batalla de Toledo-”En febrero de 1934 en lucha porque se le reconocieran su unión trabajadores en Toledo Ohio declararon una huelga. Miles de desocupados organizados formaron piquetes de huelga resistiendo las órdenes judiciales que los declararon ilegales. La empresa envió 1500 rompehuelgas y el gobierno envió al Sheriff y guardias armados. Esta ofensiva fue resistida heroicamente con piquetes y comités de autodefensa creados por los huelguistas. Se inició una ofensiva represiva que implicó el arresto de varios de los líderes de la huelga, entre ellos Bidenz, y fuertes golpizas a varios ancianos que apoyaban el conflicto en los piquetes. Los huelguistas respondieron lanzando piedras, ladrillos y botellas a los policías que comenzaron a refugiarse al interior de la fábrica junto al personal jerárquico. Ante este escenario, llegaron las tropas de la Guardia Nacional. Pese a las muertes y los arrestos, los piquetes se mantuvieron con alrededor de 5000 personas durante 5 días más. La huelga era un hecho nacional.”
Estos ejemplos nos indican la naturaleza clara anti trabajador y trabajadora de Estados Unidos. Esta política anti obrera represiva, violenta contra sus propios trabajadores la han trasladado aquí con su régimen colonial. Recordemos por ejemplo, la huelga de la caña que dirigió el Maestro Albizu Campos, ejemplo claro de esa política anti-trabajador-trabajadora. La lucha de los trabajadores de la caña, buscaban mejorar las condiciones de trabajo y sueldos más justos para ellos y sus familias.
“Durante esta década, otros trabajadores puertorriqueños iniciaron una ola de huelgas: las trabajadoras de la industria de la aguja, los estibadores de los muelles, los panaderos, los conductores de taxis y camionetas o trucks de pasajeros, además de los estudiantes universitarios. En 1934, la amenaza de una gran huelga general era motivo de preocupación para el gobierno estadounidense y el sector patronal, conformado también por industriales, comerciantes y dueños de colonias puertorriqueños. El gran cuestionamiento de estos sectores era la carestía de la vida en relación con los bajos salarios. Esta población en el fondo, desde su experiencia cotidiana, reclamaba un trato más justo y mejores condiciones de vida. Las luchas eran una clara evidencia de su inconformidad respecto de la política colonial impuesta a las clases trabajadoras, por el gobierno de Estados Unidos.”
La persecución contra los trabajadores boricuas es y ha sido constante en la historia de lucha en la colonia desde siempre. Lo hicieron contra la UTIER en la huelga de los 70’; lo hicieron contra los maestros y maestras en 1974 también, lo hicieron contra el pueblo y los trabajadores de la telefónica para finales de la década de los 90’s; esa es la naturaleza de la colonia, de su modelo económico.
Hoy enfrentamos una ola intensificada, se demuestra con su saña en su intento de eliminar el convenio colectivo de la UTIER y eliminar el sindicato. Es la continua represión capitalista contra los que sudan la frente, con una Junta de Control fiscal, que exacerba las condiciones de explotación económica de la gente, al destruir los sistemas de pensiones, la destrucción de la educación pública desde primaria hasta la universidad, los menguados derechos laborales, al imponernos la esclavitud de impuestos esbozados en el IVU agrandando, en la privatización y encarecimiento de todos los servicios públicos, la venta a precio de pescao abombado de los recursos ecológicos-ambientales de la nación nuestra.
Ante este cuadro solo nos queda organizarnos y luchar pero no perder de vista el bosque. Las luchas reivindicativas de los trabajadores y trabajadoras deben estar ligadas a la lucha por el fin del régimen colonial y su inherente modelo económico extractivista y eso solo es posible desde la Independencia Nacional.
Si queremos garantizar condiciones de trabajo justas y dignas para nuestra gente, esto solo es posible desde el ejercicio de la soberanía política desde la independencia, solo con esta tendremos la oportunidad de garantizar esas condiciones de vida para nuestro pueblo. Solo así florecerá la posibilidad de asegurar los derechos fundamentales a la gente. Donde la riqueza generada por nuestros esfuerzos y trabajo sea para el disfrute de estas y las futuras generaciones. Construyendo una nación digna y justa donde cada uno pueda tener asegurado el acceso a lo fundamental y necesario para una vida donde puedan desempeñarse a lo máximo de sus capacidades, intelectuales, físicas, como contribuidores a esta patria que todas y todos quieren y merecen.

(San Juan, 11:000 a.m.) La tripulación del guardacostas Joseph Napier y una unidad de la Armada de la República Dominicana combinaron esfuerzos para rescatar a nueve migrantes de una embarcación no apta para navegar que se hundió cerca de la costa de Punta Cana, República Dominicana.
Una tripulación aérea HC-144 Ocean Sentry de la Guardia Costera notificó a los observadores del Sector de la Guardia Costera de San Juan sobre un viaje de migrantes aproximadamente a las 8:00 p.m. del 3 de enero, aproximadamente a 40 millas de la costa.
La tripulación aérea informó que el barco parecía estar en peligro con un número desconocido de personas en el agua.
Los observadores desviaron al USCGC Joseph Napier y notificaron a la Armada de la República Dominicana, que lanzó un recurso marítimo para ayudar en la respuesta. Una vez en el lugar, el equipo de Joseph Napier recuperó a las nueve personas que se encontraban en el agua.
Después de realizar entrevistas con los sobrevivientes, la tripulación determinó que todas las personas de la empresa migrante estaban contabilizadas.
El personal médico informó que varios de los supervivientes sufrieron quemaduras químicas, presumiblemente por exposición al combustible del barco que se hundía en el agua.
La tripulación de Joseph Napier transfirió a los nueve inmigrantes al buque de la Armada de la República Dominicana, que los llevó a la costa de la República Dominicana para su repatriación y evaluación médica adicional.
“A menudo se nos oye decir que la migración marítima ilegal es siempre peligrosa y muy a menudo mortal. Eso no es retórica ni hipérbole, ya que nuestros equipos de la Guardia Costera responden con demasiada regularidad para rescatar a los migrantes que intentan realizar el viaje con extremas necesidades médicas o en peligro”, dijo la teniente comandante.
John W. Beal, oficial de asuntos públicos del Distrito Siete de la Guardia Costera, indicó que “los equipos de la Guardia Costera y nuestros socios en el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional-Sureste continuarán rescatando y repatriando a cualquiera que intente ingresar ilegalmente por mar a los EE.UU”.
“No se haga a la mar y arriesgue su vida solo para que lo envíen de regreso. Utilice la caja fuerte, vías ordenadas y legales que el DHS y el Departamento de Estado pusieron a disposición”, anotó.
La Guardia Costera, junto con su Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional —Socios del Sudeste, mantiene una presencia continua con activos aéreos, terrestres y marítimos en el Estrecho de Florida, el Pasaje de Barlovento, el Pasaje de Mona y el Mar Caribe en apoyo de la Operación Vigilant Sentry. El enfoque combinado de múltiples niveles de HSTF-SE está diseñado para proteger la seguridad de la vida en el mar y al mismo tiempo prevenir la entrada marítima ilegal a los Estados Unidos y sus territorios.

(San Juan, 10:00 a.m.) El dominicano Tom Pérez, ex secretario de Trabajo de Estados Unidos, presidente del Comité Nacional Demócrata, asesor principal del presidente Joe Biden en la Casa Blanca y director de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales, se reunió en el Palacio Nacional con el presidente de la República Luis Abinader para discutir temas relacionados al cambio climático.

La información de la cita la ofreció la embajada estadounidense en el país, entidad que resaltó que el funcionario agotará una agenda de visitas y reuniones para continuar fortaleciendo la cooperación bilateral entre ambas naciones y tratar prioridades comunes.

“En este momento, está de visita en la República Dominicana el asesor del presidente de los Estados Unidos y director de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca, Tom Pérez, quien inicia su agenda haciendo una parada para observar la hermosa vista de El Morro, en Monte Cristi. Pérez agotará una agenda de visitas y reuniones para continuar fortaleciendo la cooperación bilateral entre ambas naciones y tratar prioridades comunes. En esta ocasión, lo acompaña Juan González, asistente especial del presidente de los Estados Unidos y director principal para el Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional. ¿Qué otras vistas les recomiendan en República Dominicana?”, escribió el cuerpo diplomático divulgado en la cuenta X (Twitter)  @EmbajadaUSAenRD.

Agrega que “esta reunión fue a propósito del encuentro más reciente entre el presidente de los Estados Unidos, Joseph R. Biden, Jr., y el mandatario dominicano en la Casa Blanca, en el marco de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas (APEP, por sus siglas en inglés). En esta reunión entre el sr. Pérez y el presidente Abinader, se conversó sobre esfuerzos con miras a combatir el cambio climático, así como sobre temas relacionados a la seguridad y al desarrollo económico en la región”.

El perfil del Tom Pérez

Pérez,  de 61 años de edad, asumió el cargo de asesor de Biden desde junio de 2023 en sustitución de Julie Chávez que fue designada jefa de campaña de la reelección de gobernante norteamericano.

En esta nueva función, el criollo sirve de enlace principal entre la Casa Blanca y los gobernadores, alcaldes y otros funcionarios electos fuera de Washington y también se espera que asesore sobre temas que incluyen trabajo e inmigración, según señala The Washington Post.

Se desempeñó como secretario de Trabajo en la administración de Obama (2013-2017) y manejó con Biden, entonces vicepresidente, temas de desarrollo de la fuerza laboral. También se desempeñó como fiscal general adjunto de derechos civiles en el Departamento de Justicia.

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(San Juan, 12:00 p.m.) La comisión de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados está apoderada de un proyecto de ley que busca prohibir la venta, distribución y comercialización de refrescos y otras bebidas gaseosas con altos niveles de azúcares en todos los centros educativos públicos o privados del país.

La propuesta de Juan Julio Campos,  congresista del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD),  plantea que las cafeterías de las escuelas sólo vendan agua mineral,  potable tratada y jugos naturales, prohibiendo así la comercialización de cualquier líquido que no esté en el referido listado.

El documento consigna que el Ministerio de Salud Pública mantendrá un monitoreo en esos lugares para garantizar que se mantengan los estándares de calidad en las bebidas que se consuman.

En ese sentido, los directores o cualquier persona que permitan la comercialización de refrescos en las escuelas serán sancionados con una multa de 50 salarios mínimos del sector público, prisión de dos años y la destitución de su cargo, si se trata de un servidor público.

El diputado Juan Julio Campos alega que el expendio de bebidas gaseosas es perjudicial para la salud de los niños y niñas y que, en consecuencia, prohibir su venta ayudaría a fomentar estilos de vida más saludables en los infantes. “Los niveles muy altos de azúcar, contenidos en los refrescos, causan daños neurológicos, nervioso y sanguíneo”, aduce el autor del proyecto.

La pieza legislativa aún se encuentra bajo estudio de una comisión de diputados. Fue depositado en marzo y, aunque su plazo de informe ya venció, el equipo busca presentar un informe favorable antes que finalice la actual legislatura, el próximo 12 de enero.

Aparte del habitual impuesto de 18% que se debe pagar para consumir refrescos, los compradores pagarían otro 20% de un impuesto especial agregado a las referidas bebidas, si se aprueba otro proyecto de ley que analiza la Cámara de Diputados.

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