(Oakland, 10:00 a.m.) Indudablemente, hablar de cierta manera sobre las diferencias condiciona nuestra visión del mundo y nuestras relaciones sociales. Pero se trata tan solo un condicionamiento parcial. El proceso afectivo, tan enigmático como impredecible, construye a la persona, su agencia y sus vínculos sociales a la vez que produce el miedo y el odio al “otro”, al sujeto racializado. En ese sentido, la educación antirracista contemporánea, al no ocuparse de la zona afectiva, deja mucho que desear.

El enfoque pedagógico cognitivo-discursivo propone que la solución del problema del racismo radica en la adecuación de los mensajes y en la incorporación del lenguaje políticamente correcto. Erradicar o contener la trasmisión del racismo a nivel social implica no solo la lucha contra instituciones políticas, aparatos ideológicos y los arquitectos de la nación, sino que también precisa esfuerzos que contrarresten el impulso racista de los padres, los maestros y los medios, la mayoría de los agentes que en gran parte controlan las economías de atención y afecto de las niñas y niños pequeños y jóvenes en formación. Estos agentes exacerban la inseguridad afectiva que produce el miedo que genera el odio que subyace gran parte del racismo.

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(San Juan, 12:00 p.m.) El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) propuso enmiendas al Código de Incentivos de Puerto Rico mediante el proyecto de la Cámara 875, de la autoría del representante Eddie Charbonier Chinea. 

Las enmiendas tienen como propósito el desarrollo de las Industrias Creativas e impulsar la creación de Distritos de Desarrollo de Industrias Creativas (Distritos Creativos) alrededor de Puerto Rico.

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(San Juan, 10:00 a.m.) Se intensifica una nueva ola de oposición a la privatización de la Autoridad de Energía eléctrica, al entregar en un contrato leonino a LUMA  una gran parte de la Autoridad de Energía Eléctrica.

En un esquema de tierra  arrasada, políticos del PPD y del PNP, encabezados por Eduardo Bathia y Larry Seilhamer, fueron los arquitectos de la campaña que permitió  entregar en bandeja de plata los más de 10 mil millones de fondos para la reconstrucción del sistema eléctrico luego del huracán María.

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(San Juan, 12:00 p.m.) El plan de ajuste de la deuda pública propuesto por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) será nefasto para Puerto Rico, advirtieron hoy varios expertos al pasar balance a la propuesta.

El abogado Rolando Emmanuelli, experto en la legislación Promesa aprobada ante la bancarrota del gobierno puertorriqueño por el Congreso de Estados Unidos, afirmó que el ajuste que se propone no es real ni el mejor que se puede lograr para beneficio del pueblo.

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(San Juan, 11:00 a.m.) Como parte de un esfuerzo continental, el Comité de Solidaridad con Cuba en Puerto Rico cerró su campaña para recolección de insumos médicos, incluidas 500 mil jeringuillas, para contribuir a combatir la Covid-19 en esa nación antillana.

La presidenta del Comité, Milagros Rivera, manifestó que en conjunto con la Brigada Juan Rius Rivera consiguieron cumplir con la campaña de la Red Continental de Solidaridad con Cuba para asistirla ante el criminal bloqueo de Estados Unidos.

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(San Juan, 10:00 a.m.)  No creo que en Puerto Rico haya una sola persona que dude que nuestra infraestructura energética está mal. El débil sistema de generación y distribución nos recuerda cada día con los apagones, la vulnerabilidad del sistema y la vulnerabilidad social y económica a la que nos enfrentamos. Porque nadie tampoco duda de la importancia de la energía eléctrica en la sociedad contemporánea. Ni se diga de la vulnerabilidad que como país enfrentamos en caso de un desastre natural, como lo fue el Huracán María.  Así pues, el tema de debate dejó hace rato de ser si nuestro sistema energético es bueno o malo, sino qué se supone que hagamos, y como lo poco que estamos haciendo es o no es suficiente, o si es o no es adecuado.

            Lamentablemente aún se escucha y se lee el debate superficial sobre si la culpa es de LUMA, o si esa empresa sólo “heredó” un sistema ya arcaico y decaído de la A.E.E.  Siempre llama la atención cómo hay personas que defienden los grandes intereses económicos que sobreviven a costa del erario público, a pesar de que también son víctimas. Pero eso es harina de otro costal.  Valga decir que las herencias buenas o malas se reciben sin pedirlo, y siempre está el ejercicio de la voluntad de aceptarla o rechazarla.  Difícilmente se puede creer que LUMA no sabía en lo que se estaba metiendo, y más difícil aún, es creer que la debacle en el sistema energético no fue producto de la intención de dejarlo caer para, precisamente, justificar la intervención privada en el manejo y acopio de los miles de millones de dólares que representa ese tipo de empresa. LUMA no es una víctima inocente, más bien es el depredador que estuvo acechando ver la víctima caer para beneficiarse de sus heridas. Y la víctima no es la A.E.E., sino el pueblo de Puerto Rico.

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(San Juan, 1:00 p.m.) Pedro Pierluisi se crió en una clase social media alta. Estudió en buenas escuelas y universidades, y en su último sueldo devengado antes de correr para gobernador en el 2020, rindió contribuciones por ingresos de sobre $600 mil dolares.  Pues bien, no es un tipo pobre. Ahora bien, en lo que sí tiene una pobre mentalidad es en el dato de vivir del mendigaje. Todos los días, como parte de su proyecto político para reclamar la estadidad para Puerto Rico, su única ilusión es la mayor transferencia de fondos públicos federales.

La única promoción que hace Pierluisi y su gobierno de turno va dirigía a recibir fondos públicos. En esta medida, es algo muy dificil de pensar o asimilar, pues  viniendo de una persona que se ha dedicado toda su vida a trabajar, a hacer mucho dinero para mantener una calidad de vida en particular, y que siempre supo con que personas de cual clase social relacionarse, uno no entiende como el promueve continuamente el mendigaje.  En esta medida, es medio patético lo que él hace.

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(San Juan, 11:00 a.m.) La Cámara de Representantes aprobó el pasado jueves con enmiendas el Proyecto de la Cámara 1003 con el propósito de ponerle fin a la quiebra de Puerto Rico y encaminarlo hacia la recuperación fiscal sin la intervención de la junta de control.

La medida legislativa dará paso al proceso de reestructuración de la deuda del gobierno de Puerto Rico bajo el Título III de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa).

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