Los aberrantes y repudiables hechos del Capitolio, de los Estados Unidos, muestran la gravedad de la crisis política del imperialismo.

Las imágenes del 6 de enero de cientos de ultraderechistas y simpatizantes de Trump, asaltando e irrumpiendo en el Capitolio han sido de un lógico impacto mundial. Son hechos inéditos que muestran la gravedad de la crisis que sufre el imperialismo norteamericano y también el peligro que representa el trumpismo como movimiento de ultraderecha, reaccionario y racista. Muchos lo han calificado de un intento de “golpe de estado” y parte de un “plan insurreccional” para impedir que asuma Biden y sostener a Trump en el poder.

Desde ya que eso era lo que quizás creían muchos de los y las participantes neofascistas y racistas que irrumpieron violentamente en el Capitolio. Pero no consideramos que se haya tratado un intento de golpe de estado. No era ese el plan de Trump y menos aun de algún sector de la burguesía y las FFAA yanquis.

En realidad, se trató más de un manotazo de ahogado de Trump, que intentaba, con esa movilización reaccionaria, seguir manteniendo su popularidad en ese movimiento ultraderechista de la sociedad norteamericana. Esa acción fue otra expresión de su derrota política. No de alguien que está en ascenso. Sino derrotado y en retroceso.

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El infectólogo Jesús Feris Iglesias consideró este miércoles que es probable que la República Dominicana vuelva a la normalidad a finales de verano de este año, ya que para ese momento gran parte de la población podría estar vacunada contra la Covid-19.

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El 1 de enero de 1804 se proclamó la Independencia de Haití del sistema colonialista francés, marcando un precedente que Hispanoamérica no alcanzaría sino hasta dos décadas después. Haití fue el segundo país independiente del continente americano, después de Estados Unidos, que la había proclamado en 1776, pero el hecho tuvo un alcance social y político más profundo en la isla caribeña que en Norteamérica.

El surgimiento de Haití como Estado nación es un producto diáfano de un proceso de revolución social: la lucha por la libertad contra el modo de producción esclavista del sistema de plantaciones y contra toda forma de racismo.

Justamente por eso la historiografía liberal hispanoamericana ha procurado ignorar la independencia y la revolución haitiana porque lo que más han temido, desde entonces y hasta ahora, es que los sentimientos, las aspiraciones y los métodos que movieron a los sectores sociales más explotados, oprimidos y discriminados de la isla de Saint-Domingue se contagiaran a las clases populares del resto del continente.

En Haití la historia no puede ocultar que, la independencia y la creación del Estado nacional, son el fruto de la lucha de clases, el producto de una profunda revolución social contra el sistema esclavista. La independencia es una consecuencia, cuando queda demostrado que la metrópoli francesa no está dispuesta a tolerar las mínimas garantías democráticas para sus colonias, menos la libertad, la igualdad y la fraternidad que pregonaba.

En la historia hispanoamericana la lucha de clases también fue el motor del que deriva la independencia, pero la historiografía ha logrado ocultar el hecho detrás mitos nacionales, mitos que enmascaran los intereses y el papel jugado por las clases dominantes, deformando los acontecimientos.  

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Luego de heroicamente cumplir con su vocación periodística e informar al mundo de la existencia del coronavirus en Wuhan, la periodista Zhang Zhan ahora es condenada a cuatro años de prisión por distribuir información “falsa” y causar problemas. Su sentencia no es avalada por el mundo informático, pragmático y científico y por ello la Unión Europea exigió el martes pasado su excarcelación.

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El 2 de enero de 2021 fue juramentado Pedro Pierluisi como gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En esa fecha también fueron juramentados los integrantes de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

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En 2020 se han producido grandes cambios, en especial la pandemia del coronavirus y la nueva crisis aguda de la economía capitalista. El otro cambio importante es que se retoman las movilizaciones y las protestas contra los gobiernos y los regímenes políticos luego de una coyuntura de impasse, aunque aún no están en el mismo nivel que en 2019.

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Las empresas eléctricas estatales fueron los principales escenarios de acción de Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, y de su cuñado Maxy Gerardo Montilla Sierra, de las que obtuvieron adjudicaciones millonarias privilegiadas para suplir desde tornillos y medidores para la Ciudad Juan Bosch hasta equipos electrónicos y transformadores.
Juan Alexis Medina Sánchez y su hermana Carmen Magaly Medina Sánchez se encuentran en prisión preventiva por tres meses por mandato del juez José Alejandro Vargas, coordinador de los Juzgados de Atención Permanente del Distrito Nacional, medida que además afecta a ocho personas acusadas de estafar al Estado dominicano por 83 millones de dólares.
Fueron detenidos durante la Operación Antipulpo.
Además de la empresa General Supply Corporation, alegadamente propiedad de Juan Alexis, también Maxy Gerardo Montilla Sierra, hermano de la exprimera dama Cándida Montilla, figura como un suplidor recurrente para las tres distribuidoras eléctricas al menos desde el año 2015 (Edesur, Edenorte y Edeeste).
Hay registros de contrataciones con la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) que datan de 2013, de acuerdo con los documentos revisados.
Las irregularidades por igual fueron reveladas por el programa de investigación “El Informe”, que produce la periodista Alicia Ortega.
A través de las empresas Transformadores Solomon Dominicana y Electrocable Aluconsa, Montilla Sierra suplió materiales ferreteros y eléctricos, tanto a la Edesur, Edenorte y Edeeste y a la ETED. Algunas de las adjudicaciones fueron realizadas en procesos de urgencia, según explicó en días pasados el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte.
Reveló que se han detectado anomalías en la compra e instalación de segmentos de redes y medidores de mala calidad en las tres empresas distribuidoras.
Señaló que solo a través de la empresa Transformadores Solomon Dominicana, Montilla Sierra recibió, de enero a julio de 2020, contratos por 4,295,532 dólares para suplir materiales ferreteros y eléctricos a la Edenorte.
Maxy Montilla aparece como accionista en seis compañías, de acuerdo a los registros de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, citados por la prensa local.
En 2015, mediante la licitación Edeeste-cp-10051399-2015, definida como proceso de urgencia, le fue adjudicado a General Supply y a Transformadores Solomon Dominicana un monto por 5,7 millones de dólares para la adquisición de medidores y cables.
De igual forma, ese mismo año se le confirió mediante la licitación de urgencia Edeeste-cp-10055189-2015, la “compra de transformadores plan cuatro meses” por más de 18 millones de dólares.
Definido como un “clan familiar”, que involucraría al exadministrador de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), Luis Ernesto de León, y a 13 empresas, esas personas participaban en los concursos de las Edes y algunas de sus compañías resultaban ganadoras cada vez que se licitaba por lotes.
El funcionario acusó directamente a Luis Ernesto de León, esposo de Carmen Magaly Medina Sánchez, de ser parte de ese movimiento societario. Sin embargo, no es el único cercano al entorno del expresidente de la República, al que se le señala de aprovechar su cercanía con el poder en perjuicio de las instituciones del sector eléctrico.
Las instituciones de Maxy Gerardo Montilla se beneficiaron de los concursos que hizo la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana entre 2013 y 2018, al recibir US$601,374 en contratos públicos.
A Electrocable Aluconsa y Transformadores Solomon le concedieron cinco contratos para suplir diversos componentes eléctricos, siendo el de mayor monto el otorgado a esta última compañía mediante la licitación ETED-CCC-LPN-2013-07, del septiembre de 2013, por RD$17.3 millones (292,096 dólares) para entregar postes y crucetas de madera.
Aluconsa recibió US$240,549 distribuidos a través de tres contratos, mientras los restantes US$61,855 fue en otro contrato a Transformadores Solomon para suplir angulares.
Almonte afirmó que solo en cuatro licitaciones declaradas de urgencia por Edeeste, esta compañía logró contratos por US$9,501,717 entre 2015 y 2019.
Edeeste declaró como procesos de urgencia, en varias ocasiones, la compra de materiales eléctricos necesarios para la continuidad de las operaciones técnicas de la empresa, incluyendo artículos para la construcción de la segunda etapa de la Ciudad Juan Bosch, ubicada en el municipio Santo Domingo Este.
Para garantizar su operación técnica, mediante la licitación Edeeste-Mae-Peur-2018-0001, a Solomon se le adjudicó 4 millones 879 mil 724 dólares para suplir principalmente medidores residenciales.
Según la Dirección General de Compras y Contrataciones, “solo serán considerados casos de urgencia los imprevistos que ocurran dentro de la institución, cosas imposibles de ser planificadas con anterioridad”.
En tanto, para la construcción de la infraestructura eléctrica de la segunda etapa de la Ciudad Juan Bosch, reponer materiales del proyecto de edificación de la infraestructura eléctrica de la Ciudad Colonial y la continuidad de las operaciones técnicas de la Edeeste para 2017, la empresa distribuidora adjudicó a la compañía de Montilla RD$72.1 millones (1,2 millones de dólares).
Mediante el contrato, Transformadores Solomon se comprometió a suplir diferentes tipos de cables, bombillas, tornillos, fusibles, medidores residenciales, entre otros materiales.
En una entrevista televisada, Andrés Astacio, vicepresidente del Consejo Unificado de las EDES, dijo que continúan profundizando los levantamientos de auditorías y que espera terminarlos en unos 60 días para someter el caso ante la Procuraduría  Especializada de Persecución contra la Corrupción (Pepca).
El pasado fin de semana, el titular del Pepca, Wilson Camacho, dijo que el Ministerio Público investigará cualquier hecho del que se entere, por cualquier vía, que pueda constituir un ilícito penal de corrupción.
En su artículo 14, numeral cinco, la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones establece que no podrán ser oferentes ni contratar con el Estado “los parientes por consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad hasta el segundo grado, inclusive, de los funcionarios relacionados con la contratación cubiertos por la prohibición”.
También se incluye a “los cónyuges, las parejas en unión libre, las personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva o con las que hayan procreado hijos, y descendientes de estas personas”

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