Con dos meses de diferencia el país se encuentra ante otro lamentable incidente en el que jóvenes al volante arrollan a peatones y se dan a la fuga. Dentro del sensacionalismo y morbo con que los medios crean un espectáculo de un proceso tan doloroso, muchas veces no nos queda espacio para preguntarnos dos cosas. La primera es cuestionar un sistema legal en el que la aplicación de la justicia se ajusta más a la profundidad de los bolsillos de los acusados. La segunda es entender las múltiples variables para que el choque y fuga se esté convirtiendo en una trágica modalidad en Puerto Rico. En ambos supuestos la Justicia que le hemos dado al país tiene mucho que responder.

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Mucho se habla sobre la influencia que ha tenido compañías como UBER con respecto al mercado del servicio de transportación, a la economía compartida, conocida en inglés como el “sharing economy”, y los intensos debates entre quienes están a favor o en contra. No obstante, la entrada de este tipo de compañías en el mercado de cada país también puede traer consigo un impacto en las relaciones laborales.

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La legalidad o no de las sustancias controladas o drogas no se funda en una valoración moral susceptible a un escrutinio racional. Por lo general, el control del Estado es solo una extensión del interés de los grupos tradicionales de poder: la iglesia, las corporaciones y el patriarcado, o, en el caso de Puerto Rico, otro estado. Este es el caso de las drogas ilícitas y de la marihuana en particular.

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El grupo ProSur, que dirige el abogado y profesor de Derecho, Rolando Emmanuelli Jiménez, apuesta por una economía solidaria y de amplia participación ciudadana como clave para cambiar el rumbo socioeconómico de Puerto Rico. Además de ofrecer asesoramiento comercial, contable y legal, ProSur, una organización sin fines de lucro, busca erigirse como un “think tank” o instituto de investigación de la zona sur.

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Recientemente, Puerto Rico ha estado viviendo un intenso tour de casos y comparecencias trascendentales ante el Tribunal Supremo, el Tribunal del Primer Circuito de Apelación de Boston y la audiencia otorgada por la CIDH de la OEA a una delegación puertorriqueña y todas han sido oportunidades para examinar el estado de los derechos humanos en la Isla.

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Hoy sale una noticia en los medios corporativos que anuncia que  "La 60 Plus Association, una organización de retirados, y el economista Elías Gutiérrez, anunciaron la creación del Coalición "Mainstreet Bondholders" para contrarrestar esfuerzos del gobierno para conseguir que el Congreso apruebe el “Súper Capítulo 9” y para que una junta de control fiscal congresional tome control de las finanzas de la isla.
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La Ley Jones de 1917 aún aplica en Puerto Rico. La Ley Pública 600 solo la reordenó y rebautizó con el pomposo nombre de Ley de Relaciones Federales. Esta es la ley que guarda el germen de las leyes de cabotaje federales, esas que aún nos siguen imponiendo un transporte marítimo oneroso sobre más del 90 por ciento de toda la mercancía y bienes que se consumen en la Isla. 

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Flexibilizar, agilizar y crear: tres objetivos que busca la repotenciada Ley de las Alianzas Público Privadas (APP) (Ley Núm. 29 de 2009, 27 L.P.R.A. § 2601- § 2623) para aumentar su cartera de proyectos a través de propuestas de “menor escala” que se implanten más rápido y creen más empleo. La ley ahora contempla esta categoría para proyectos de servicios o infraestructura que no superen los USD $55 millones en costo de construcción.

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