Rolando Emmanuelli Jiménez nació en Ponce, Puerto Rico, donde completó su educación preuniversitaria. Posteriormente, se graduó Magna Cum Laude en 1983 del Recinto Universitario de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, obteniendo su título en Ciencias Políticas.Continuó su formación académica en la Escuela de Derecho de la misma universidad, donde se graduó como Juris Doctor con honores Magna Cum Laude en 1986. Ese mismo año, logró aprobar el examen de reválida con un impresionante percentil de 98%. En 1992, obtuvo una Maestría en Derecho (LL.M.) del Centro de Estudios Jurídicos Avanzados de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en San Juan, siendo reconocido con el Premio de Excelencia Académica y el galardón al Estudiante más Destacado en la Concentración General del programa de Maestría.

Emmanuelli Jiménez ha ejercido como docente en varias instituciones, incluyendo la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos en Mayagüez, y la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Durante su carrera docente, ha impartido clases en áreas como Derecho Probatorio, Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho Constitucional, Clínica de Asistencia Legal e Informática Jurídica. Además, ha contribuido con numerosos artículos en revistas especializadas y en diversos periódicos de Puerto Rico, brindando orientación a la comunidad en temas jurídicos a través de medios escritos y orales. Regularmente, ofrece seminarios de educación continua para abogados y el público en general, abordando temas como la Ley PROMESA, quiebras, reestructuraciones empresariales, derecho probatorio, litigación y ética. En su práctica profesional, se especializa en derecho de quiebras, tanto personales como empresariales, y ofrece asesoría respecto a la Ley PROMESA. Litiga casos complejos en áreas que incluyen derecho corporativo, salud, contractual, laboral y de daños.

Emmanuelli Jiménez publicó la primera edición del "Prontuario de Derecho Probatorio Puertorriqueño" en 1994, obra que fue reconocida como Obra Jurídica del Año por el Colegio de Abogados de Puerto Rico en 1995 y se utiliza como texto en facultades de derecho y programas de criminología. La segunda edición fue lanzada en agosto de 2005, seguida por la tercera en 2010 y la cuarta en 2015. En 2012, también presentó el "Compendio de Derecho Probatorio Puertorriqueño", orientado a estudiantes de bachillerato y abogados recién graduados. En 2014, publicó "Reestructuración de los Negocios para Enfrentar la Crisis", donde expone medidas prácticas que las empresas pueden adoptar para enfrentar la crisis económica. Al año siguiente, lanzó "Abecé del Derecho Puertorriqueño: Lo que necesita saber sobre las leyes principales de Puerto Rico", un texto que aborda 85 temas legales de manera accesible para todos. En 2016, presentó "PROMESA", galardonado como Obra Jurídica del Año, en el que analiza las implicaciones de la ley y su impacto en la vida del pueblo puertorriqueño, proponiendo un debate sobre la estrategia a seguir en su aplicación.

En 2017, Emmanuelli Jiménez publicó el libro multimedia "La quiebra puede ser la solución", que incluye artículos breves y videos que explican las ventajas y desventajas de la ley de quiebras para los consumidores. Su obra más reciente en Derecho Probatorio, comisionada por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), se titula "Reglas de Evidencia en Puerto Rico. Análisis legal y empírico sobre su aplicación en los procesos judiciales". Este libro es el primer estudio empírico sobre la implementación de las Reglas de 2009, basado en entrevistas con abogados y grupos focales de jueces y fiscales. Recientemente concluyó su Doctorado en Ciencias Jurídicas (JSD) en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y actualmente se desempeña como presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., con oficinas en Ponce y San Juan. Emmanuelli Jiménez ha contestado todas nuestras preguntas. Todas sus respuestas son para ser compartidas con todos vosotros.

1.1 - WRS - ¿Cuál considera que ha sido el enfoque principal de Estados Unidos hacia Puerto Rico desde 1898?

1.2 - REJ - Desde 1898, el enfoque principal de Estados Unidos hacia Puerto Rico ha sido imperial, no democrático. Puerto Rico no fue incorporado a Estados Unidos como una comunidad política con igualdad de derechos, sino como una posesión estratégica adquirida como botín de guerra. Desde el principio, la relación fue diseñada para servir los intereses militares, económicos y geopolíticos de Estados Unidos, no el derecho de los puertorriqueños a decidir libremente su destino.

Esto se ve claramente en la forma en que se organizó el poder. Primero vino el gobierno militar; luego, leyes orgánicas impuestas por el Congreso; después, una ciudadanía estadounidense estatutaria que no nació de un pacto entre iguales, sino de una decisión unilateral. Puerto Rico fue colocado bajo la cláusula territorial de la Constitución federal, es decir, bajo el poder plenario del Congreso. Esa es la raíz jurídica del coloniaje moderno.

El llamado Estado Libre Asociado no alteró esa realidad. Lo que hizo fue administrar políticamente la colonia con un lenguaje más amable. Se sustituyó la palabra colonia por “autonomía”, pero el poder decisional fundamental siguió en Washington. Estados Unidos retuvo el control sobre la ciudadanía, la moneda, el comercio exterior, la defensa, las relaciones internacionales, las leyes de cabotaje, la quiebra pública y, finalmente, hasta el presupuesto mediante PROMESA y la Junta de Control Fiscal.

Por eso digo que el enfoque ha sido de dominación funcional. Estados Unidos ha usado a Puerto Rico como base militar, mercado cautivo, plataforma de experimentación económica y humana, fuente de mano de obra migrante y espacio de extracción de riqueza. Cuando el modelo económico colonial dejó de producir estabilidad, no se reconoció el derecho del pueblo a la soberanía; se impuso una Junta de Control Fiscal para garantizar el pago de la deuda y reorganizar el país conforme a intereses externos.

La colonia no es un accidente histórico. Es un sistema. Y ese sistema se ha ido adaptando a las necesidades del imperio: primero el control militar, luego la americanización cultural, después la dependencia económica, más tarde la deuda pública, y ahora la privatización, la gentrificación y el desplazamiento. Todo responde a una misma lógica: Puerto Rico existe subordinado a una estructura de poder que no responde democráticamente ante el pueblo puertorriqueño.

2.1 - WRS - ¿Cómo describe la doctrina del territorio no incorporado en relación con la ciudadanía puertorriqueña?

2.2 - REJ - La doctrina del territorio no incorporado es una de las expresiones jurídicas más claras del racismo imperial estadounidense. Esa doctrina, creada por los llamados Casos Insulares, permitió que Estados Unidos gobernara territorios habitados por pueblos considerados “distintos”, “no preparados”, “salvajes” o “ajenos” a la comunidad política estadounidense, sin reconocerles todos los derechos constitucionales. Fue una doctrina hecha para administrar colonias sin tener que admitir que se tenían colonias.

En el caso de Puerto Rico, esa doctrina produjo una ciudadanía de segunda categoría. Los puertorriqueños somos ciudadanos estadounidenses por ley del Congreso, no por incorporación constitucional plena. Eso significa que el Congreso puede conceder, modificar o condicionar aspectos esenciales de esa relación. La ciudadanía se presenta como un símbolo de igualdad, pero jurídicamente convive con una estructura de subordinación.

Esa contradicción es fundamental. Se le dice al puertorriqueño que es ciudadano estadounidense, pero se le niega representación con voto en el Congreso. Se le impone la ley federal, pero no se le permite participar plenamente en la formación de esa ley. Se le puede enviar a la guerra, pero no se le reconoce poder soberano para decidir sobre su propio país. Se le promete igualdad simbólica, pero se le mantiene en desigualdad estructural.

La doctrina del territorio no incorporado también cumple una función psicológica. Produce una conciencia colonial en la que muchas personas creen que tienen derechos iguales porque poseen un pasaporte estadounidense, aunque su país no tenga poderes políticos fundamentales. Esa ciudadanía opera como anestesia política. Crea la impresión de pertenencia, mientras oculta la realidad de subordinación.

Por eso, la lucha no puede limitarse a exigir un mejor trato dentro de la colonia. El problema no es solamente que Estados Unidos haya incumplido promesas; el problema es que la estructura misma está diseñada para negar la igualdad. La ciudadanía colonial no resuelve el coloniaje. Lo administra. Y mientras Puerto Rico siga siendo un territorio no incorporado, el pueblo puertorriqueño seguirá siendo gobernado bajo una excepción imperial incompatible con la democracia.

3.1 - WRS - ¿De qué manera la asimilación ha impactado las instituciones educativas en Puerto Rico?

3.2 - REJ - La asimilación ha tenido un impacto profundo en las instituciones educativas porque la escuela siempre ha sido uno de los campos principales de la colonización. Desde los primeros años de la dominación estadounidense, la educación fue utilizada para intentar transformar la conciencia nacional puertorriqueña. No se trataba solo de enseñar inglés; se trataba de crear un sujeto colonial que admirara al colonizador, desconfiara de su propia cultura y aceptara la subordinación como destino natural.

La imposición del inglés como lengua de enseñanza en distintos momentos de nuestra historia no fue un simple debate pedagógico. Fue una estrategia política. El idioma es memoria, identidad, forma de pensar y modo de interpretar el mundo. Intentar sustituir el español como lengua principal del país era intentar romper la continuidad cultural de Puerto Rico. Esa política fracasó porque el pueblo resistió, pero dejó heridas institucionales y complejos que todavía persisten.

La asimilación también ha afectado los currículos. Muchas veces se enseña la historia de Puerto Rico como un apéndice de la historia estadounidense, no como la trayectoria de una nación caribeña y latinoamericana con derecho propio. Se minimizan las luchas anticoloniales, se presenta la dependencia como estabilidad, y se evita discutir con profundidad el carácter imperial de la relación con Estados Unidos. Eso empobrece la formación ciudadana.

La Universidad de Puerto Rico ha sido otro escenario de esa tensión. La UPR ha producido pensamiento crítico, ciencia, cultura, derecho, medicina, arte y conciencia nacional. Precisamente, por eso ha sido atacada, empobrecida y subordinada a políticas fiscales que reducen su capacidad transformadora. Un país colonial no necesita, desde la perspectiva del poder, una universidad pública fuerte que forme ciudadanos críticos; necesita instituciones debilitadas que produzcan obediencia o resignación.

Por eso, defender la educación pública, el idioma, la historia y la universidad no es un acto nostálgico. Es una defensa de la existencia nacional. Un pueblo que pierde la capacidad de narrarse a sí mismo queda expuesto a que otros definan su destino. La asimilación educativa busca exactamente eso: que Puerto Rico deje de pensarse como país y empiece a verse como periferia administradapor el poder imperial.

4.1 - WRS - ¿Cómo ha influido la reorganización de la economía puertorriqueña en los intereses externos?

4.2 - REJ - La economía puertorriqueña ha sido organizada históricamente para servir intereses externos. En distintos momentos, esos intereses han cambiado de forma, pero no de esencia. Primero fue la economía agrícola controlada por grandes centrales y corporaciones azucareras. Luego vino la industrialización dependiente, basada en exenciones contributivas y capital externo. Más adelante, la economía de consumo, deuda, bonos y fondos buitres. Hoy vemos una economía orientada hacia la privatización, la especulación inmobiliaria, la energía cara, los incentivos contributivos para extranjeros ricos y el desplazamiento de comunidades.

El problema central es que Puerto Rico nunca ha tenido los poderes soberanos necesarios para diseñar una economía nacional a partir de sus propias necesidades. No controlamos plenamente nuestro comercio exterior, ni la política monetaria, ni los tratados internacionales, ni las reglas fundamentales de inversión, mucho menos el cabotaje. La colonia limita la imaginación económica porque convierte al país en objeto de políticas ajenas, no en sujeto de su propio desarrollo.

PROMESA es el ejemplo más reciente de esa reorganización. La Junta de Control Fiscal no llegó a democratizar las finanzas públicas ni a proteger al pueblo. Llegó a garantizar un proceso de pago y reestructuración de deuda bajo criterios impuestos desde afuera. Su política ha sido reducir derechos, recortar servicios, presionar pensiones, favorecer consultores, validar privatizaciones y convertir la crisis fiscal en oportunidad para reorganizar el país según una lógica neoliberal. Esto está expresado claramente en el Título VII de la Ley PROMESA.

Esa reorganización económica también ha tenido un efecto territorial. La tierra, la vivienda, la costa, los servicios públicos y hasta los cascos urbanos se han convertido en espacios de inversión para sectores que no necesariamente tienen compromiso con la permanencia del pueblo puertorriqueño. Las leyes de incentivos contributivos, la especulación y el turismo de lujo han creado una economía donde muchos puertorriqueños trabajan para sostener un país en el que ya no pueden vivir. Y esto es puro desplazamiento.

5.1 - WRS - ¿Cómo ha influido la privatización de servicios públicos en la vida de los puertorriqueños?

5.2 - REJ - La privatización de los servicios públicos ha empeorado la vida cotidiana de los puertorriqueños porque ha convertido derechos esenciales en oportunidades de negocio. La electricidad, el agua, la educación, la salud y la infraestructura no pueden analizarse como simples mercancías. Son condiciones básicas para la vida, para el desarrollo económico y para la permanencia de la gente en su país.

El caso de la energía eléctrica es dramático. La privatización se vendió como solución a la ineficiencia, pero en la práctica ha significado aumentos, inestabilidad, apagones, falta de rendición de cuentas y transferencia de recursos públicos a operadores privados. Cuando el servicio falla, el ciudadano paga las consecuencias: pierde alimentos, equipos, salud, horas de trabajo, productividad y tranquilidad. Pero los contratos siguen garantizando pagos, honorarios y estructuras de protección para los operadores.

Lo mismo ocurre con otros servicios. Cuando se privatiza bajo una lógica colonial y fiscalista, no se busca necesariamente mejorar el servicio; se busca crear mercados cautivos. El pueblo queda atrapado entre tarifas más altas, menor control democrático y agencias públicas debilitadas. La privatización se presenta como modernización, pero muchas veces funciona como desmantelamiento del Estado para beneficio de intereses particulares.

La Junta de Control Fiscal ha sido pieza clave en ese proceso. Su visión no parte de un proyecto de país, sino de una contabilidad de ajuste. Bajo esa mentalidad, los servicios públicos son gastos que hay que reducir o activos que hay que transferir. Esa lógica ignora que un país no se reconstruye destruyendo su capacidad pública. Al contrario, sin instituciones públicas fuertes, no hay desarrollo sostenible ni justicia social.

La privatización también tiene un efecto de desplazamiento. Cuando la luz sube, cuando el agua falla, cuando la salud se encarece, cuando la universidad pública se debilita y cuando la vivienda se vuelve inaccesible, la gente se va. Entonces la privatización no es solo un problema administrativo. Es parte de una estructura que expulsa puertorriqueños y abre espacio para que otros sectores ocupen económica y territorialmente el país.

6.1 - WRS - ¿Por qué la asimilación fracasó como estrategia colonial?

6.2 - REJ - La asimilación fracasó porque Puerto Rico nunca dejó de ser una nación. Estados Unidos pudo imponer leyes, bases militares, tribunales federales, ciudadanía estatutaria, dependencia económica y estructuras administrativas, pero no pudo borrar la conciencia cultural del pueblo puertorriqueño. La nación sobrevivió en el idioma, en la música, en la literatura, en el derecho, en la memoria familiar, en la comida, en la solidaridad comunitaria y en la forma particular en que los puertorriqueños nos reconocemos como pueblo.

Ese fracaso se ve en algo muy sencillo: después de más de un siglo de dominación estadounidense, Puerto Rico no se percibe a sí mismo como un estado más de la unión. Incluso muchos que favorecen la estadidad siguen hablando, sintiendo y actuando desde una identidad puertorriqueña diferenciada. Quieren igualdad política, pero no necesariamente aceptan la desaparición nacional que el modelo asimilista requiere. Esa contradicción revela la inviabilidad profunda del proyecto estadista.

La asimilación también fracasó porque Estados Unidos nunca quiso pagar el precio político de incorporar plenamente a Puerto Rico. La estadidad requiere una decisión del Congreso, y esa decisión enfrenta obstáculos históricos, culturales, raciales, lingüísticos, partidistas y económicos. A Puerto Rico se le ha usado como territorio, pero no se le ha querido como igual. Esa es la verdad que el discurso estadista evita enfrentar.

Por eso sostengo que el estadismo del PNP se ha ido transformando. Ya no es un proyecto realista de igualdad, sino una retórica de espera permanente que administra la colonia mientras el país cambia demográficamente. En la práctica, el resultado no ha sido la igualdad política, sino la dependencia, la emigración masiva y el reemplazo progresivo de comunidades puertorriqueñas por sectores con mayor poder adquisitivo, muchas veces atraídos por privilegios contributivos.

La asimilación fracasó como persuasión, pero puede avanzar como desplazamiento. Esa es la etapa peligrosa. Si no pudieron convertir culturalmente a los puertorriqueños en estadounidenses indiferenciados, pueden intentar hacer irrelevante al pueblo puertorriqueño mediante expulsión económica, sustitución poblacional y pérdida de control territorial. Por eso la independencia ya no es solamente una aspiración política. Es una cuestión de sobrevivencia nacional.

7.1 - WRS - ¿Qué papel desempeñan las instituciones profesionales en la defensa de la identidad puertorriqueña?

7.2 - REJ - Las instituciones profesionales tienen un papel fundamental porque no son meros gremios técnicos. En un país colonial, toda institución que produce conocimiento, interpreta normas, forma opinión pública o defiende derechos tiene una responsabilidad histórica. Los colegios profesionales, las universidades, las asociaciones jurídicas, médicas, académicas, culturales y científicas deben preguntarse si van a servir como administradores pasivos de la colonia o como espacios de defensa del país.

En el caso de la profesión jurídica, esa responsabilidad es aún mayor. El derecho ha sido usado para justificar la subordinación colonial, pero también puede ser usado para desenmascararla. La doctrina del territorio no incorporado, PROMESA, la Junta de Control Fiscal, las leyes federales que limitan nuestra economía y las decisiones judiciales que restringen nuestra soberanía no son abstracciones. Son estructuras legales concretas que afectan la vida de millones de personas.

Por eso los abogados no podemos limitarnos a litigar casos aislados sin mirar el sistema que los produce. Cuando se privatiza la energía, cuando se recortan pensiones, cuando se desplazan comunidades, cuando se impone una Junta no electa o cuando se niegan poderes soberanos, estamos ante problemas jurídicos, políticos y éticos. El derecho debe servir para defender al pueblo, no para maquillar la dominación.

Las instituciones profesionales también deben defender la lengua, la memoria y la capacidad técnica del país. Un pueblo que renuncia a sus instituciones propias queda en manos de consultores externos, bufetes externos, peritos externos y administradores externos. Eso lo hemos visto bajo PROMESA: una industria de consultoría carísima que pretende decirle al país cómo vivir, mientras el pueblo paga la factura.

Defender la identidad puertorriqueña no significa rechazar el conocimiento universal ni encerrarse en provincialismos. Significa partir de nuestra realidad, de nuestras necesidades y de nuestro derecho a existir como país. Las instituciones profesionales deben ayudar a construir soberanía intelectual, jurídica, económica y cultural. Sin esa base, la independencia sería una palabra; con esa base, puede ser un proyecto viable.

8.1 - WRS - ¿Cómo se manifiesta el desplazamiento en el contexto de la emigración puertorriqueña?

8.2 - REJ - El desplazamiento puertorriqueño se manifiesta de muchas formas, y no todas parecen violentas a simple vista. No siempre viene con una orden de expulsión. A veces viene con una factura de luz que no se puede pagar, una renta que se duplicó, una universidad inaccesible, un salario insuficiente, un hospital cerrado, una comunidad sin agua, una escuela clausurada o una casa heredada que ya no se puede conservar por la presión del mercado inmobiliario.

La emigración puertorriqueña ha sido presentada muchas veces como una decisión individual, como si cientos de miles de personas simplemente hubiesen escogido irse. Pero cuando un país no ofrece condiciones materiales para vivir, la emigración se convierte en expulsión. La gente se va porque no encuentra empleo digno, vivienda accesible, servicios confiables o futuro para sus hijos. Eso no es movilidad libre; es desplazamiento estructural.

Después del huracán María, esa realidad se aceleró. El desastre natural se combinó con el desastre colonial. La reconstrucción lenta, la llegada de capital externo, los incentivos contributivos para inversionistas, la especulación con propiedades y la debilidad institucional crearon un escenario en el que muchos puertorriqueños fueron empujados fuera de sus comunidades mientras otros entraban con privilegios económicos que los residentes locales no tienen.

Esto tiene una dimensión cultural profunda. Cuando se desplaza una comunidad, no se pierde solamente una vivienda. Se pierde una red de vecinos, una memoria de barrio, una escuela, una panadería, una forma de hablar, una relación con la costa, una historia familiar. La gentrificación no es solo cambio urbano; puede ser una forma de borradura cultural cuando ocurre en un país colonial sin poder político para proteger a su gente.

Por eso hablo de desplazamiento como una amenaza nacional y existencial. Puerto Rico puede seguir teniendo bandera, himno y fiestas patronales, pero si los puertorriqueños no pueden vivir en Puerto Rico, la nación queda herida en su base material. La independencia tiene que atender precisamente eso: cómo garantizar vivienda, trabajo, servicios, tierra, energía y desarrollo para que el pueblo pueda permanecer en su país.

9.1 - WRS - ¿Qué significa para usted que el estadismo del PNP esté asociado con un proyecto de sustitución poblacional en lugar de uno de igualdad?

9.2 - REJ - Significa que el estadismo dejó de ser, si alguna vez lo fue realmente, un proyecto concreto de igualdad democrática, y se ha convertido en una coartada política para administrar y saquear la colonia mientras cambian las condiciones demográficas del país. Durante décadas se le prometió al pueblo que la estadidad traería igualdad, derechos, prosperidad y participación plena. Pero esa promesa nunca se ha materializado porque depende de un Congreso que no tiene obligación de concederla y que históricamente ha tratado a Puerto Rico como posesión, no como futuro estado.

La pregunta entonces es: ¿qué ocurre mientras se espera una estadidad que no llega? Lo que ocurre es que Puerto Rico se endeuda, se privatiza, se encarece, se vacía y se vende. Miles de puertorriqueños se van. Comunidades enteras envejecen o se fragmentan. La vivienda se convierte en inversión especulativa. Los incentivos contributivos atraen residentes con privilegios que el puertorriqueño común no tiene. Y el país comienza a reorganizarse para servir a una población distinta, con mayor poder económico y menor vínculo histórico con la nación puertorriqueña.

No digo que cada estadista individual favorezca conscientemente la sustitución poblacional. Sería injusto plantearlo así. Hay muchos estadistas que aman profundamente a Puerto Rico y creen sinceramente que la estadidad es una vía de igualdad. Pero el proyecto político del PNP, en sus efectos concretos, ha terminado facilitando una transformación del país que debilita la permanencia del pueblo puertorriqueño. En política, no basta mirar las intenciones; hay que mirar los resultados.

El problema es que la estadidad requiere asimilación o, al menos, una incorporación plena a una estructura nacional distinta. Pero como la asimilación cultural del pueblo puertorriqueño fracasó, la vía práctica que queda para hacer más digerible la estadidad ante Estados Unidos es alterar la composición social, económica y política del país. Eso puede ocurrir lentamente, sin declararlo, mediante leyes de mercado, incentivos, desplazamiento y dependencia. Eso nos conduciría a lo que le pasó a Hawaii.

Por eso digo que estamos ante una situación de enorme gravedad histórica. Si la estadidad no llega por aceptación del pueblo puertorriqueño como nación diferenciada, puede forzarse por erosión de esa nación. Esa es la sustitución poblacional como proyecto colonial: no necesariamente mediante una política explícita de expulsión, sino mediante condiciones económicas y jurídicas que hacen que los puertorriqueños se vayan y que otros ocupen el espacio. Frente a eso, la independencia es defensa democrática, defensa cultural y defensa territorial.

10.1 - WRS - ¿Cuál es el mensaje que desea transmitir a los puertorriqueños sobre la resistencia y la búsqueda de la independencia?

10.2 - REJ - Mi mensaje es que la independencia ya no puede verse como una consigna distante ni como una aspiración romántica. La independencia es una necesidad práctica, jurídica, económica y moral. Puerto Rico enfrenta una crisis de sobrevivencia: crisis energética, crisis fiscal, desplazamiento, emigración, privatización, deterioro de servicios públicos, pérdida de control territorial y una estructura colonial que impide tomar decisiones fundamentales. Ante eso, la pregunta no es si la independencia es difícil. La pregunta es si la colonia es sostenible. Y la respuesta es no.

Resistir no significa solamente protestar. Resistir significa organizar pensamiento, crear instituciones, producir propuestas, defender comunidades, educar, litigar, comunicar, internacionalizar el reclamo y construir un plan de transición. Esa es la importancia de iniciativas como Plan B Independencia: demostrar que la independencia no es un salto al vacío, sino un proceso que puede pensarse con seriedad jurídica, económica y política.

También debemos cambiar el enfoque de la descolonización. No se trata únicamente de suplicarle al Congreso que nos conceda opciones. Estados Unidos tiene obligaciones como potencia colonizadora. La descolonización no puede depender exclusivamente de los derechos del pueblo colonizado, aunque esos derechos son fundamentales. También debe analizarse desde el deber del colonizador de poner fin a una relación antidemocrática. Por eso mecanismos como una orden ejecutiva de transición o una transferencia previa de poderes soberanos deben discutirse con seriedad.