(San Juan, 9:00 a.m.) No ha habido nunca ni habrá una probabilidad fáctica ni voluntad política verdadera en la Capital de Estados Unidos de anexar a Puerto Rico en un estado más de la nación estadounidense, a pesar de que vuelve a someterse nuevamente un proyecto legislativo con tal propósito dirigido a complacer a los anexionistas puertorriqueños en el Partido Demócrata estadounidense y a la republicana Comisionada Residente, Jenniffer González. No existe probabilidad alguna de anexar a Puerto Rico como estado de Estados Unidos ni aún habiendo otro plebiscito no vinculante nuevamente con una concomitante acción congresal, cuya votación resulte en una súper mayoría peticionando la estadidad.
La probabilidad para ello quizás primero sea para Washington D.C., que en abril del año 2021 fue el intento más reciente en la Cámara de Representantes federal por aprobar el proyecto de ley que hubiera hecho posible convertir a lo que hoy es el distrito capitalino federal en estado de la Unión de la nación estadounidense. El proyecto legislativo obtuvo 216 votos a favor, frente a 208 en contra.
Así como con Puerto Rico, se necesitarían 60 votos de los 100 senadores, que con el voto cualificado de la vicepresidencia de la nación estadounidense, quien preside constitucionalmente el Senado, conforman la institucionalidad del alto cuerpo legislativo federal, además de la obligación de cumplir con otros requerimientos constitucionales. Sesenta votos a favor son los requeridos en el Senado para convertir, tanto a Washington D.C., como a Puerto Rico, en los estados 51 y 52 de Estados Unidos.
La fundación de Washington D.C. está consagrada en la Constitución, que estableció que el distrito se convertiría "en la sede del gobierno de Estados Unidos" y que no sobrepasaría las 10 millas cuadradas (unos 16 km2). El fin era crear una capital de la nación que no estuviera bajo control de ningún estado.
En 2021 volvió a resurgir una propuesta que plantea reducir ese espacio en el que los padres fundadores consideraron que el gobierno federal debe tener poder exclusivo: el proyecto de ley H.R. 51, redactado por la única representante del Distrito de Columbia en el Congreso, la afroestadounidense Eleanor Holmes Norton, y que lleva presentando cada año desde 1991.
Lo que propone es lo siguiente: reducir la capital a unos 5 kilómetros cuadrados que incluirían los emblemáticos monumentos del National Mall y edificios federales como la Casa Blanca, el Congreso o el Tribunal Supremo. El resto se convertiría en el estado 51 de la Unión.
Hasta ahora, la opinión mayoritaria de los republicanos y de algunos demócratas ha sido que no están convencidos de convertir al Distrito de Columbia en el Estado 51 de la nación sea la mejor idea.
De convertirse en un estado de la Unión estadounidense, el ahora Distrito de Columbia garantizaría un representante en la Cámara y dos senadores. Tan solo la Casa Blanca, el Capitolio de Estados Unidos y el National Mall (donde se encuentra los diversos monumentos a los presidentes) seguirán siendo territorio federal. El nombre de la ciudad cambiará y pasará a llamarse Washington, Douglass Commonwealth —en honor al abolicionista negro Frederick Douglass, quien nació esclavo en Maryland en 1817 y vivió en Washington hasta su muerte en 1895. El Distrito de Columbia carece de Gobernador, solo tiene alcalde y una delegación en la Cámara de Representantes federal, pero sin derecho al voto, al igual que Puerto Rico.
Pero quienes se oponen al cambio de estatus argumentan que los Padres Fundadores deseaban que la capital estuviera claramente separada del resto de Estados. Fueron los vecinos Estados de Maryland y Virginia quienes cedieron tierras en la década de 1780 para la creación de una capital federal a lo largo del río Potomac. Washington, el Distrito de Columbia, se convirtió así en la capital permanente de Estados Unidos en 1790. Los republicanos también temen que unir a Washington como un Estado más a la Unión implicaría un aumento de dos senadores demócratas, ya que la población, de mayoría negra, de esa zona vota a ese partido.
La población de Washington D.C. es mayor que la de Wyoming o Vermont y está estimada en algo más de 712,000 residentes que pagan impuestos federales, votan en las elecciones presidenciales y sirven en el Ejército, pero no tienen voto en el Congreso, ni representación en el Senado federal.
Al igual que se necesitan 60 votos en el Senado federal para convertir a Puerto Rico en un estado de Estados Unidos, sería un requerimiento implícito lograr mayoría absoluta de al menos dos terceras parte de los votos en un plebiscito en territorio puertorriqueño para que la opción de la estadidad sea considerada en el Capitolio federal. La opinión de los expertos es que la estadidad no es posible mediante mayoría simple de los votantes en Puerto Rico.
Como bien queda establecido implícitamente en la Constitución de Estados Unidos, la anexión como estado de un territorio a esa nación no es un derecho rogado en sí mismo por los habitantes de un territorio, sino una prerrogativa congresal que requiere de todo un procedimiento procesal y consentimiento de los estados incorporados al Gobierno Federal estadounidense.
Para colmo, el senador republicano Roger Wicker (Misisipi) anunció que presentará nuevamente su proyecto de plebiscito que incluiría el status territorial vigente del Estado Libre Asociado (ELA) como alternativa, junto a la estadidad, la libre asociación y la independencia en el proyecto legislativo congresal en Washington que planteaba excluirlo de un propuesto futuro plebiscito a celebrarse en Puerto Rico.
A lo que apunta toda esta movida legislativa en Washington es a una jugarreta política para complacer a la totalidad de los sectores ideológicos en Puerto Rico, con la intención de aparentar que se está haciendo algo con el caso colonia del territorio puertorriqueño. Verdaderamente, sin embargo, se está haciendo nada.
Es improbable que el proyecto legislativo congresal en Washington de un propuesto plebiscito prospere, como resultado de lo cual el status quo de la relación política de Puerto Rico con Estados Unidos continuará inamovible.
Toda esta jugarreta política con el propuesto plebiscito evidencia la falta de voluntad en Estados Unidos para encontrar una solución a la situación colonial de Puerto Rico y seguir arrastrando el problema sin procurar cambios algunos en el futuro próximo, manteniendo a los puertorriqueños entretenidos en una discusión banal del asunto.
Una vez más se constata que Estados Unidos no resolverá por su propia voluntad política el caso del déficit colonial de soberanía política y económica de Puerto Rico, como tampoco terminará decantándose por una solución anexionista de estadidad, incorporando de una vez como estado federado al territorio puertorriqueño de su posesión por designio suyo en el Caribe.