(San Juan, 9:00 a.m.) Desde que se dio la autorización por parte del secretario de justicia Domingo Emanuelli para que tanto la Asociación de Fiscales y un grupo más amplio de miembros del ministerio público alzaron la voz a favor del plan de justicia salarial, la comunidad puertorriqueña ha escuchado de las luchas que posee dicha matrícula por una retribución salarial más justa por sus labores, obligaciones y deberes con el pueblo de Puerto Rico. Retribución salarial que se ajusta a un presente que se ha complicado por los pasados 20 años con la llegada de nuevas directrices, ordenes administrativas, adiestramientos y concepciones definitorias en la ejecución del derecho. Actualmente, la matrícula de menos de 400 fiscales, se dividenen turnos diurnos, nocturnos y de salas, los cuales atienden las 13 jurisdicciones dentro de los 78 pueblos y 902 barrios que tiene Puerto Rico. Ahora bien, lo que no conoce la comunidad puertorriqueña es que no solo es la falta de una retribución salarial justa la causante del éxodo masivo del sistema. El éxodo también responde a la indiferencia y el silencio del poder ejecutivo ante las solicitudes de fiscales con años de experiencia trabajando para el departamento y buscan ascender para así poder crecer y tener una mejor retribución económica por las labores realizadas. Labores que muchas veces pueden pasar de las 16 horasal día si están de turno o más de 60 horas semanales si tienen que también atender salas en los tribunales.
Esta matrícula de profesionales dedicados debe de trabajar bajo un calendario laboral que incluyen casos de interés público, turnos rotativos que muchas veces se hacen cada dos semanas y son bajo lluvia, sol y otras condiciones ambientales que ponen en peligrosidad su persona y sin decir de las constantes demandas de quienes ostentan el poder de turno de la administración del departamento. Claro está, y no es de desconocimiento del pueblo, que los puestos de fiscales y procuradores son puestos de confianza que nombra el gobernador de turno, es así que las realidades de quienes solicitan ascenso, es que dichas solicitudes muchas veces llevan en un escritorio dos o tres años en espera, pero por no pertenecer al partido de turno o como suele pasar aun siendo del mismo partido, no gozan del agrado de la plana mayor del departamento y se quedan en la espera de quesus expedientes sean puestos en las listas que se llevan ante el ejecutivo. Es crucial preguntarnos ¿cómo se puede negar un ascenso o mejores condiciones de trabajo para aquellos que están dentro del departamento y han demostrado su compromiso, lealtad, dedicación y vocación en la defensa de los derechos de las víctimas, testigos y el estado mismo? Mientras otros dentro del mismo sistema logran ascensos astronómicos,por miedoa cuando dejen el poder transitorio otorgadotengan que volver a la matrícula regular y reciban el mismo tratamiento que los caracterizó en su incumbencia, mientras otros con vocación verdadera para el servicio quedan en unlugar inhóspito de un archivo y una silenciosa espera. Mis respetos y admiración a todos los hijos e hijas de la espera y el silencio.
