(San Juan, 9:00 a.m.) Conforme la Real Academia Española (RAE), la palabra leviatán se define como cosa de grandes dimensiones y difícil de controlar. En la actualidad, hay muchas instituciones que pueden ser descritas de esa manera y la realidad es que existe en específico una que representa esas características, y esta institución es el Estado. Sin caer en cuestiones filosóficas y políticas si Puerto Rico es una Estado o si es libre o si es asociado, la realidad es que es un leviatán socialeconómico. Y sus tentáculos institucionales tienen agarrados y cautivos a una población cuya característica es que es una población femenina.
Dicha población se compone por mujeres profesionales, trabajadoras, imparables, jefas de familias y muchas veces único sustento de su hogar, de sus hijos e hijas. Estas mujeres son las Transcriptoras del Departamento de Justicia de Puerto Rico. Dicha población ha quedado en el olvido y a un margen salarial que raya en la pobreza económica social, luego de que se aprobara el Plan de Clasificación de Puestos del Servicios de Carrera del Gobierno Central. La realidad es que dicha clasificación equiparó a unas empleadas públicas de nuevo nombramiento o nombramiento de poco tiempo con las empleadas de nombramientos más antiguos, al darle un margen de economía un poco más alta, pero dejó a otras en un margen completamente por debajo de lo que es la actual economía que se caracteriza por la alta inflación. Muchas de ellas, con el Plan de Clasificación ejecutado no recibieron aumento alguno, más aún el sistema mismo pretendía quitar beneficios ya adquiridos amparándose de que había una nueva clasificación de puestos.
Aun así, sean de nuevo nombramiento o con carreras de mucho tiempo, todas ellas están por debajo de lo que sería una economía acorde con sus funciones laborales esenciales. En los medios de comunicación se habla mucho de la justicia salarial para los fiscales y procuradores. Ciertamente es necesario dicha justicia, no obstante, ni el Departamento de Justicia, ni los fiscales, ni los procuradores pueden llevar a cabo sus funciones sin el trabajo esencial, complejo, dinámico, diligente y confidencial dentro de todas las etapas del esquema de procesamiento criminal de las compañeras taquígrafas.
Estas labores, obligaciones y deberes van desde, la creación de expedientes dentro de un sistema tecnológico, la administración de los datos de las victimas y testigos, la toma de declaraciones juradas, la organización de los diferentes departamentos relacionados y ciertamente la compleja especialización que debe tener cada una para tratar los asuntos delicados en cuanto a confidencialidad, diligencia y deber para con los fiscales y procuradores al momento de realizar sus funciones, su cercanía con las víctimas de delito, testigos potenciales y acusados cuando se toman confesiones, así como los turnos realizados que están atados a los turnos nocturnos y diurnos de los fiscales y procuradores.
Esta es la naturaleza del trabajo que realizan cada día las transcriptoras. Su labor no es meramente una pasiva de transcribir. La labor de cada una de estas mujeres es una activa y altamente esencial que requiere una especialización en conocimiento técnico legal y en derecho, para poder cumplir sus funciones para que así la investigación que realiza el Estado por medio de los fiscales y procuradores sea una de alta calidad y excelencia lo cual repercute en un mejor manejo de los casos procesados. Me pregunto entonces, ¿qué sería el Departamento de Justicia sin las Transcriptoras?
La respuesta es que sería un caos total laboral. Los fiscales y procuradores dependen del trabajo de todas las transcriptoras para que sus labores diarias puedan llevarse a cabo de manera efectiva y eficiente.
La nueva reclasificación bajo el Plan de Clasificación aprobado y la estructura salarial vigente desincentiva el reclutamiento de nuevos talentos y lacera brutalmente a la población de transcriptoras con mayor numero de años en el sistema. Muchas veces estas transcriptoras con más experiencia laboral llevan años realizando doble jornada dentro del Departamento. Años de doble jornada realizada tanto para fiscales como para procuradores dado la falta de personal con su clasificación y descripción de deberes. Doble jornada que muchas veces no es reconocida ni retribuida económicamente por el Departamento de Justicia. Lo que lleva a una explotación laboral que puede rayar en una clasificación de trabajo no remunerado. Las luchas laborales de las profesionales transcriptoras que van reclamando por mejores condiciones de trabajo y remuneración acorde con sus funciones esenciales sean han recogido en el Proyecto de la Cámara R.C de la C. 602 del 30 de enero de 2024, que actualmente regresa a la Cámara con unas enmiendas realizadas por el Senado. Aun la lucha por el reconocimiento a sus labores sigue en pie.
Por lo cual, le doy voz a todas las compañeras taquígrafas que día a día van a cumplir cabalmente con sus funciones que repercuten directamente en las funciones ministeriales de quienes ejercen dentro del Departamento de Justicia. Funciones esenciales que repercuten en un funcionamiento de un Departamento que tiene la obligación de salvaguardar y garantizar los derechos constitucionales de toda persona imputada de delito al momento de procesar y de ciertamente cumplir con su deber de proteger a aquellas personas afectadas llamadas victimas o testigos.
A todas ellas, les debo mi respeto y mi admiración. Que su voz se escuche fuera del Departamento de Justicia y llegue al Gobernador.