Puerto Rico está inmerso en una crisis provocada por las empresas americanas de energía y por la condición colonial

Economia Solidaria

(San Juan, 9:00 a.m.) Empresas estadounidenses que controlan renglones estratégicos mostraron esta semana su potencia con el nuevo colapso del sistema eléctrico y el descalabro político de que, a más de diez días de las primarias para escoger los candidatos de los partidos oficialistas se haya escrutado sólo el 18 por ciento de los sufragios.

Ante las denominadas fallas masivas de las maquinarias de esas empresas, el Estado, controlado por la junta de control impuesta por EEUU para pauperizar el país a favor de los acreedores de Wall Street, se mostró incapaz de responder con fuerza comparable. Ayer mismo, el Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones de Boston, falló a favor de los bonistas acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica para que cobren la totalidad de lo que se les adeuda.

Mientras tanto, las brechas políticas se siguen ampliando y el Tribunal Supremo falló a favor del opositor Movimiento Victoria Ciudadana en la candidatura al puesto de Comisionado Residente en Washington de Ana Irma Rivera Lassén, pero en la misma decisión dejó fuera de la papeleta a sus candidatos por acumulación para la Legislatura. La controversial determinación judicial permite que la alianza entre el MVC y el Partido Independentista Puertorriqueño se presente unida en la contienda por la gobernación de noviembre próximo, pero le quita candidaturas importantes.

A la situación volátil del MVC se suma la situación paralizante de la lentitud del escrutinio de los oficialistas Partido Nuevo Progresista y Partido Popular Democrático, ya desmerecidos en su capacidad de movilización de electores.

En el centro de escrutinio, los voluntarios y funcionarios hacían todo tipo de malabares para superar las denominadas fallas de las máquinas de escrutinio controladas por la empresa Dominion, sin que ésta asumiera mayor responsabilidad. Eso se sumaba, especialmente en el PNP, por los desacuerdos entre los representantes de los candidatos, que llevó el sábado 8 de junio a que los trabajos se levantaran poco después de mediodía y se reanudaran lentamente durante la semana.

Hasta el miércoles en la noche, la aspirante Jennifer González desplazaba por un margen muy amplio al gobernador Pedro Pierluisi, pero había muchas candidaturas demasiado cerca y se dependía de alguna manera de precisar las ventajas. González intenta evitar a toda costa que se haga un conteo manual papeleta a papeleta, pero ni siquiera se habían completado los escrutinios en ocho precintos metropolitanos de los más de cien precintos electorales.

 

El PPD presentaba mayor cohesión bajo la candidatura de Jesús Manuel Ortiz y su compañero para Comisionado Residente Pablo José Hernández,y, sus voluntarios habían logrado extender sus trabajos a casi todos los municipios de la costa norte, desde San Juan hacia al oeste.

De todas formas, el PNP logró recibir 292.332 sufragios para la candidatura a la gobernación divulgados la noche del evento y, el PPD obtuvo apenas 134.534. Los dos juntos, acumularon 426.871 sufragios, o cerca de un tercio del electorado.

En ese marco, el ambiente luce propicio para la alianza MVC-PIP y el Proyecto Dignidad. En ambos, se ha constatado la migración de votos de favorecedores de convertir a Puerto Rico en un estado de la Unión de EEUU, conocidos como “anexionistas”.

Así las cosas, hay “anexionistas” en las ofertas electorales de al menos tres de las cuatro fuerzas políticas que se disputarán los comicios generales de noviembre, aunque el principal candidato de la oposición al bipartidismo que ha dominado la política insular de los pasados sesenta años, es el líder del PIP, el independentista Juan Dalmau.

Las máquinas contadoras y transmisoras no estaban debidamente programadas y arrojaban resultados contradictorios en cientos de colegios electorales.

Ante la situación, proliferan los llamados e intentos para poner en orden el sistema electoral. La Comisión Estatal de Elecciones busca una salida y el candidato del PPD, Ortiz, ha hecho un llamado para que el problema sea atendido mediante un acuerdo político de todos los partidos, para prevenir que en los comicios generales se repita el desastre de 1980, que tiene un potencial de mayor inestabilidad política ante la multiplicidad de formaciones partidarias que estarán disputándose las candidaturas esta vez.

Pero, el gobernador Pierluisi ha advertido que ya es muy tarde para cancelar el contrato de Dominion. Lo que sí ha anunciado que estaría dispuesto a hacer es añadir en los comicios generales de noviembre un nuevo plebiscito sobre las relaciones de Puerto Rico con EEUU.

Ya, a las tres papeletas -gobernación, legislatura y alcaldías- se sumará la cuarta para las preferencias sobre la presidencia de EEUU, con lo que el nuevo plebiscito sería una quinta papeleta.

Todo el drama político, sin embargo, palideció ante la crisis del sistema eléctrico, que dejó a oscuras la mayor parte del país, justo cuando en la Cámara de Representantes se discutía un nuevo intento para cancelar el contrato a las empresas de EEUU. Esa discusión legislativa había sido detonada por la situación de varios municipios del centro y sur de Puerto Rico, que llevan más de un mes sin servicio de energía eléctrica y la empresa estadounidense advirtió que podrían permanecer sin servicio por lo menos un mes más.

Durante la tarde de ayer, a los municipios ya afectados, se sumaron fallas en líneas de transmisión que provocaron dos apagones súbitos en la central generatriz de San Juan, uno en la tarde y el otro, en horas de la noche. Los consorcios LUMA y GENERA reclaman que se les asignen miles de millones de dólares adicionales para continuar reparaciones del sistema eléctrico, averiado desde los huracanes Irma y María, de 2017, que dejaron el país a oscuras hasta el año siguiente.

Al cierre de esta nota, se seguían recibiendo informes de apagones de electricidad en diversas zonas del país.

Ya han comenzado a circular en redes sociales llamados a un nuevo alzamiento popular masivo, como el que en 2019 logró el derrocamiento del entonces gobernador Ricardo Rosselló. Aquel evento pasó a la historia como “el verano del diecinueve”.

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