(San Juan, 9:00 a.m.) Puerto Rico y Haití presentan este año dos modalidades distintas de la tendencia a prevenir que candidatos y partidos objetados lleguen a las papeletas de votación, una oleada que ya afecta 25 por ciento de los comicios en el mundo este año y ha sido catalogada como “electoral malpractice”.
En el caso de Puerto Rico, la inhabilitación legal de candidaturas claves y la virtual eliminación de un partido opositor están todavía a la espera de una solución en el Tribunal Supremo, cuando faltan sólocerca de seis meses para los comicios generales.
En Haití, mientras tanto, se trata de la postergación de las elecciones hasta 2026 y la exigencia de que los candidatos sean escogidos por una junta provisional, requerimientos objetados por los grupos armados irregulares que hasta ahora controlan la mayor parte del territorio.
La situación contrasta con la de República Dominicana, país entre medio de los dos mencionados, donde al cierre de esta nota se prepara para en un par de días escoger su presidente de entre más de 30 partidos, sin mayores dificultades.
En los casos de Puerto Rico y Haití, el sistema legal y la política exterior de Estados Unidos tienen un papel importante. Sin embargo, no se trata de una política especial y expresa del poder metropolitano, sino que son muchos los países en los que estas cosas están ocurriendo.
La teoría política que sustenta esas medidas para proteger la hegemonía de los sectores políticos dominantes ni siquiera es estadounidense. Fue desarrollada a mediados del siglo pasado por el científico social francés Maurice Duverger. Conocida como “la Ley de Duverger”, calcula que los sistemas electorales basados en el triunfo del que más votos saque tienen la propensión a irse cerrando en torno a dos partidos principales y la eliminación de las demás fuerzas políticas.
El fenómeno fue estudiado por un equipo de investigadores británicos, que midieron la experiencia histórica electoral de Rusia y concluyeron que se trata de “la mala práctica electoral basada en la manipulación los ofrecimientos institucionales y tiene la gran ventaja de proteger a los incumbentes de la ira pública y de cargos criminales”. Según el estudio, del British Journal of Political Science, los votantes responden a las manipulaciones institucionales para inhabilitar candidatos “con menos rechazo que alfraude descarado, como el llenado de urnas con votos falsos”.
Además de Rusia, otros países en los que durante este año se han denunciado modalidades de esta práctica incluyen Bangladesh, El Salvador, Azerbaiyán, Pakistán, Indonesia. Senegal, Camboya, Togo, y, por supuesto, Puerto Rico y Haití.
En Estados Unidos, donde se ha producidojurisprudencia con casos como los de Jill Stein y Cornell West, se enfrenta este año a la reanudación de las denuncias sobre intentos institucionales para negar acceso a las papeletas de votación a candidatos que no sean de los partidos Republicano o Demócrata. El foco de las nuevas denuncias es la campaña de Robert Kennedy Jr., quien lleva batallas campales estado por estado tratando de que se incluya su nombre en la contienda, a pesar de que las encuestas le dan un 20 por ciento de aprobación popular.
En Puerto Rico, la lucha tiene como protagonistas a la “Alianza” formada por el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana, y, al Proyecto Dignidad. Los opositores a estas agrupaciones políticas son los partidos Nuevo Progresista y Popular Democrático, que se han turnado en el poder por más de 50 años. El debate es sobre la validez de un cuestionado cambio en los requisitos institucionales para que esos partidos distintos a la tendencia de bipartidismo PNP-PPDtengan que cumplir requisitos complicados de firmas de respaldo para sus candidaturas.
Los partidos históricamente dominantes reclaman que esas reglas impuestas por ellos tienen que ser de cumplimiento estricto porque, de otra forma, los partidos pequeños gozarían de ventajas y de privilegios que violentarían los principios de igual protección de las leyes.
La Mesa de Diálogo Martin Luther King, que reúne sectores religiosos, ha pedido públicamente al Tribunal Supremo que intervenga de “manera imparcial y justa” para que “no permita el colapso de la limitada democracia puertorriqueña”. Ese llamado se produce en el marco de una marcada reducción de la participación electoral en esta empobrecida nación isleña y colonia de EEUU, que, desde 2016, está bajo el control de una junta fiscal impuesta por Washington.
En 2019, la ira popular se desató en las calles con manifestaciones que, si bien fueron básicamente pacíficas, resultaron en el derrocamiento del entonces gobernador y en que en las elecciones de 2020 se rompió el control absoluto del PNP y PPD en la gobernación y la Legislatura, lo que hace viable la discusión sobre si este año podría surgir la “Alianza” como una fuerza política que divida el plano electoral en tres tercios o, inclusive, se alce con el triunfo en las urnas.
En Haití también el año 2019 marcó un momento de cambio profundo, pero en su caso, más que alzamiento cívico ha conllevado sangre, mucha sangre. Con el asesinato del presidente de Haití se propició el crecimiento acelerado de grupos criminales politizados que se han ido consolidando en una convocatoria a la revolución.
También en ese país interviene una “junta” impuesta desde el extranjero con fuerte participación de EEUU. La junta en Haití ha establecido un gobierno provisional que intenta devolver la estabilidad mediante la entrada de fuerzas armadas de otros países y la selección de candidatos que sean aceptables para unas elecciones, que se pospondrían hasta 2026.
