(San Juan, 11:00 a.m.) La Unidad de Control de Fraude al Medicaid, dirigida por el licenciado Luis Freire Borges, acusó a un médico, a un laboratorio y a su administrador por reclamaciones falsas y fraudulentas, apropiación ilegal de fondos públicos, entre otros delitos, para un total de 61 cargos, informó hoy el secretario de Justicia de Puerto Rico, Domingo Emanuelli Hernández.
Indicó que, por primera vez, la Unidad de Control de Fraude al Medicaid (MFCU), se unió a la iniciativa National Health Care Fraud Enforcement Action de Estados Unidos, en un esfuerzo para combatir el fraude en los servicios de salud.
Durante el periodo del 10 al 25 de junio, varios estados y territorios de Estados Unidos, incluido Puerto Rico, presentaron acusaciones contra sospechosos de cometer fraude al Medicaid, en un esfuerzo para crear consciencia sobre estas acciones ilegales y promover que sirva como disuasivo para detener estos delitos.
Esta semana, la Unidad de Control de Fraude al Medicaid del Departamento de Justicia de Puerto Rico le imputó cargos a un médico, a una corporación y a su administrador por la ejecución de esquemas ilegales, por separado, al someter reclamaciones falsas al Medicaid y a planes médicos para apropiarse de sobre $60,000 en fondos públicos.
Es la primera vez que Puerto Rico se une a este esfuerzo junto a los estados para priorizar y visibilizar el procesamiento de delitos de fraude en la atención médica, así como los casos de opioides que involucran un nexo con profesionales médicos o la industria del cuidado de la salud.
Esta acción coordinada entre los departamentos de Justicia de Puerto Rico y de Estados Unidos para combatir el fraude en la atención médica busca generar atención significativa para disuadir este tipo de delitos.
“De esta forma, procesamos a quienes incumplen la ley y educamos sobre las consecuencias del fraude en la atención médica y los servicios de salud”, expresó el secretario Emanuelli Hernández.
El primer caso fue presentado por MFCU contra la corporación Laboratorio Clínico de San Juan y su propietario y administrador, Julio Martorell González.
La fiscal Brenda Rosado Aponte formuló 17 cargos contra el imputado, que incluyen apropiación ilegal de fondos públicos, apropiación ilegal de identidad y fraude al Programa del Medicaid.
Mientras que la Corporación Laboratorio Clínico de San Juan enfrenta 10 cargos tras infringir los artículos 182 del Código Penal y 3.07 de la Ley de Reclamaciones Fraudulentas a los Programas, Contratos y Servicios del Gobierno de Puerto Rico.
Según la investigación, entre los meses de agosto de 2018 a diciembre de 2022, el Laboratorio Clínico de San Juan sometió reclamaciones fraudulentas a los planes médicos: Humana Health Plan, MCS Advantage, MMM, Plan de Salud Menonita y Triple S por la cantidad de $49,119.54.
Como parte del esquema, se apropiaban de las identidades de beneficiarios del Programa de Medicaid para poder facturar y cobrar ante los planes médicos. El Laboratorio Clínico lleva más de 10 años operando en la Avenida Lomas Verdes, en San Juan.
El caso surgió a raíz de un referido del Program Integrity Unit del Departamento de Salud de Puerto Rico a la Unidad de Control de Fraude al Medicaid del Departamento de Justicia de Puerto Rico.
La pesquisa estuvo a cargo de la fiscal Rosado Aponte y el agente de MFCU, Ricardo Del Valle Vélez, en colaboración con agentes de la Oficina del Inspector General adscrita al Departamento de Salud federal.
La jueza Iraida Rodríguez Castro, del Tribunal de Primera Instancia en San Juan, encontró causa por todos los delitos y le impuso una fianza al imputado de $85,000.
La vista preliminar fue señalada para el 28 de junio de 2024.
El segundo caso fue presentado por MFCU contra el doctor Luis Espinet García, quien fungía como dentista y proveedor del Programa Medicaid. Al dentista se le imputa someter reclamaciones falsas y fraudulentas a dicho programa.
Según esta investigación, entre los meses de noviembre de 2022 hasta mayo de 2023, Espinet García presentó reclamaciones falsas y fraudulentas a planes médicos por servicios que nunca prestó a sus pacientes, quienes eran beneficiarios del Programa Medicaid.