El caso del analista de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), Edward Snowden, abrió una larga discusión en torno al derecho que tiene cualquier estado, a intervenir y leer la mensajería digital que transita por las redes sociales. En particular que el gobierno de los EE.UU., desde el año 2001, inició un tipo de espionaje global por el cual intervenían con las cuentas personales de todos y todas nosotros, como también con la cuenta de los presidentes y primeros ministros de distintos países. En particular, se puede destacar como monitoreaban las llamadas desde sus celulares presidenciales, en el caso de la canciller alemana, Angela Merkel, y de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff.
En el plano particular de Brasil, este se ha convertido en el primer país en el mundo que toma control del manejo de la internet a nivel nacional, a partir de una legislación que le otorga poderes al gobierno central para establecer un cuerpo de normas de regulación de sana convivencia entre proveedores, internautas y derechos fundamentales como el derecho a la confidencialidad de la data. En particular, la legislación propuesta en Brasil, la cual fue aprobada por la cámara baja del congreso, y va ahora al senado antes de ser firmada por la presidenta, garantiza tres elementos básicos: neutralidad de la internet, privacidad o confidencialidad de la data que circula por la internet, y libertad de expresión. La legislación brasileña se llama Marco Civil en la Internet, constituye un caso particular a seguir.
Lo importante es que a partir de las revelaciones de intromisiones indebidas por la internet, que realiza el gobierno de los EE.UU., se inicia un diálogo a nivel global que aspira a que la Organización de las Naciones Unidas regule los derechos de los internautas, los proveedores de servicio y los estados. Lo que no se puede tolerar es que ningún gobierno intervenga libremente en las comunicaciones de los ciudadanos.