¿Qué pasaría si declaramos que en esta ocasión nuestras hermanas feministas no tienen la razón? Es decir, ante el mensaje del gobernador Alejandro García Padilla la semana pasada de que habrán de cerrar la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, tal cual entendemos hoy, y se incorporará la misma dentro del Departamento de la Familia, grupos feministas, entre otros el Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico y la Juntilla X, iniciaron una serie de movilizaciones ayer para protestar contra la posición del Gobernador y su Gobierno. ¿Debemos de apoyarlas incondicionalmente?
Ante la pregunta anterior, mi diagnóstico es reservado. La lucha por la igualdad de la mujer en Puerto Rico la iniciaron las poblaciones indígenas y esclavizadas desde el siglo 16 contra el colonialismo español. Luego, durante siglos, muchas mujeres lucharon por alcanzar la igualdad. Tal vez, ese proceso de lucha por la igualdad se materializó en la década de 1920 bajo el liderato de la feminista, sindicalista y anarquista, Luisa Capetillo. Ahora bien, es en la década de 1970 que dicho proceso se concretiza a través del gobierno y la emergencia de la Oficina de la Mujer en en el Municipio de San Juan, y luego en el Gobierno central. Realmente hablando, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres es una creación reciente, apenas menos de 15 años.
Hoy, el Gobierno ante su crisis económica desea modificar esta Oficina. Las feministas se oponen. Me pregunto: ¿la lucha por la igualdad de la mujer es una oficina-lugar específico? No creo. La lucha por la igualdad de la mujer es cuando menos tres momentos: un cambio en la práctica jurídica; un cambio cultural; y una continuidad eterna por defender lo alcanzado. Hoy, Puerto Rico tiene legislación pro igualdad de la mujer, más avanzada de este continente. Por otro lado, los cambios culturales se han materializado en algunas instancias y en otras no; y ante el furor de la lucha feminista, sabemos hoy que la igualdad alcanzada, no deberá retroceder.
Nos parece que lo correcto sería dar por superada la misión inicial de dicha Oficina y desarrollar un nuevo concepto. Tal vez reestructurar la Oficina del Ombudsman, para llamarla la Oficina de los derechos de la ciudadanía, incorporando a la misma varias subprocuradurías. En particular, la subprocuraduría de la mujer, del paciente, de la persona minusválida, del veterano, e introducir la subprocuraduría del hombre y la mujer negra de Puerto Rico. Algo así como convertir a lo que conocemos hoy como el Ombudsman en la Comisión nacional de los derechos humanos, según la tradición de otros países de América Latina y el Caribe.
Lo que sí no podemos hacer es pretender desmontar la oficina actual solo para prescindir de la actual directora, la licenciada Wanda Vázquez, con quien el movimiento feminista de Puerto Rico tiene serias diferencias. Lo que hay que hacer es transformar y reestructurar dentro de las necesidades del País y sus posibilidades. Reconocer lo adelantado y continuar adelantando la causa de las mujeres, pero también de la comunidad negra, indígena y LGBT de Puerto Rico.