No hablamos de política solamente cuando se trata de asuntos donde los partidos tradicionales se enfrascan en luchas fratricidas. Los procedimientos judiciales también pueden ser procesos políticos. Este es el caso de Luis Gabriel D’ Acosta de Jesús, acusado y declarado culpable de atropellar a Mayra Elías, un nombre que ya es familiar para las familias puertorriqueñas. En este caso se podría preguntar si hay una politización del proceso judicial.
“Quiero justicia”, hemos escuchado muchas veces cuando se habla de un proceso judicial en contra de alguna persona que ha cometido un delito. Lo que en el fondo se quiere es venganza, y sinceramente lo puedo comprender, cualquiera en posición de una persona que ha perdido a un familiar o sufrido un daño, como el de Mayra Elías, reclamaría exactamente lo mismo. La pregunta debería ser si el Estado tiene el deber de reclamar también venganza o si debe intervenir con una mayor razonabilidad.
El caso de Luis Gabriel D’ Acosta de Jesús, joven de Bayamón y de familia trabajadora, es un buen ejemplo de esto. Es cierto que no se trata de un incidente liviano, pero 16 años de cárcel parece un poco exagerado. Los medios de comunicación, por lo menos los que no tienen mucha independencia, han decidido quién es el bueno y quién es el malo en esta historia. Esos mismos medios han hecho posible que la figura del responsable de la tragedia de Mayra Elías sea un completo desconocido. Al malo no hay que conocerlo, solo al bueno. El problema es que sigue habiendo preguntas que debemos plantear por razón de la naturaleza de este caso.
¿Hay consideraciones de clase cuando se analiza este accidente? La víctima viene de una clase social determinada, con buenas conexiones y presencia social, y el acusado de otra clase social, que no tiene acceso a los mismos medios que la clase de la víctima. ¿Y la raza es un elemento importante? ¿Cuál es el objetivo del Estado en este caso? ¿Pretende el Estado “apuntarse una” para la opinión pública o realmente hay razones para utilizar el sistema de rehabilitación del País con Luis Gabriel D’ Acosta de Jesús? ¿Hay algo de lo cuál rehabilitarse o es solo el último medio de castigar, pues es imposible demandarlo en el tribunal civil y recobrar daños y perjuicios?
Todavía recuerdo a mi profesora de Derecho de familia en la Escuela de Derecho de la UPR. En Puerto Rico, decía, hay dos sistemas de derecho, el código civil y el código penal. El código civil es para los ricos, los que pueden pagar sus deudas y pueden ser demandados por daños pues tienen con qué pagar. El código penal es para los pobres por que la única alternativa con ellos es meterlos a la cárcel, si pudieran pagar sería distinto. ¿Le da la razón este caso a mi profesora? Hay un elemento político en todo esto y queda espacio para un debate más profundo. ¿Nos atrevemos a tenerlo o simplemente asumimos que lo que dictan los medios controlados por determinadas familias en el País es la única verdad?