El gobierno de Cuba acaba de anunciar que, desde hace 11 días, detuvo a cuatro personas cubanas residentes de Miami, EE. UU., a las cuales se les acusa de planificar llevar actos terroristas, en contra de las instalaciones militares en su suelo patrio. Los cubanos de Miami están vinculados con el terrorista y prófugo de la justicia venezolana, Luis Posada Carriles. A este se le acusa de haber promovido el derribo de una aeronave de Cubana de Aviación en el 1976, donde murieron 73 personas.
Los detenidos fueron identificados por el Ministerio del Interior Cubano por los nombres de José Ortega Amador, Obdulio Rodríguez González, Raibel Pacheco Santos y Félix Monzón. Los mismos llevaban planificando sus actividades desde el 2013 y habían realizado en promedio cuatro viajes cada uno.
En las pasadas semanas, ante una investigación periodística llevada a cabo por la agencia de prensa, Prensa Asociada, se descubrió que el Gobierno del presidente Barak Obama, desde el 2012, había financiado un proyecto especial de desestabilización de Cuba, mediante un portal en la red social Twitter, llamado ZunZuneo, en honor al pajarito que lleva un nombre similar. Esta situación se da bajo el mandato del presidente Obama, quien fue el recipiente en el año 2009 del Premio Nobel de la Paz. En otras palabras, todo indica que a pesar de ofrecer una cara de buena voluntad, el Gobierno de Washington conspira continuamente contra el Gobierno de la hermana república caribeña de Cuba.
Ninguna forma de agresión debe ser tolerada ni aceptada hoy contra gobiernos que son legítimos dentro de la soberanía popular y jurídica de cada país. Los hechos nos inducen a pensar que el Gobierno de los EE. UU., pretende financiar abiertamente proyectos para desestabilizar a otros gobiernos, o tolerar o promocionar que terceras personas fuera de la estructura de gobierno lo hagan.
Desde la diversidad política nos debemos oponer a este tipo de práctica política. La misma constituye una intromisión indebida en la soberanía nacional y popular de otro país. Nos preguntamos, ¿no se deberían juzgar a nivel internacional a los estados que promuevan este tipo de acción? Nos parece que ese sería el próximo paso lógico.
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