Es curioso, pero en un día que se discute los poderes que puede tener un legislador de Puerto Rico para evadir sus responsabilidades ante la ley, nos preguntamos si los estudiantes del primer centro docente del país, la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, tienen alguna facultad para cuestionar la ley y luego pasar de forma impune ante sus actos. De forma curiosa, un grupo de estudiantes de dicho recinto, dirigidos por la estudiante Stephanie Monserrate de la maestría en el Programa de Gestión y Administración Cultural, se personó a la Plaza de Armas en el Viejo San Juan, y expusieron a tres cuerpos/modelos para ser dibujados desnudos a plena luz del día. Así las cosas, los desnudos fueron citados por los policías municipales que intervinieron y convocados a una vista judicial para determinar si violaron el delito del Código Penal 136, el cual define exposiciones deshonestas.
Se trata de un tema de cierta complejidad. Por un lado el orden social que el estado, con nuestra anuencia, defiende. Por otro lado, la voluntad de estudiantes, que se reclaman ser artistas que desean realizar un acto público como protesta contra una ley que encuentran injusta. Por otro lado las regulaciones de la Universidad de Puerto Rico, que requieren que un supervisor o supervisora de tesis esté informado de la actividad de su estudiante; que un comité de ética en la investigación autorice la actividad: que la directora del programa lo autorice; y finalmente que el Decanato de Estudios Graduados e Investigaciones, secunde la autorización. Todo esto bajo el endoso y delegación de responsabilidades de la rectora del recinto.
En fin, el proceso de autorizar esta actividad de ayer, nos parece que es el que se encuentra al descubierto en la conversación pública. ¿Quién autorizó a la estudiante Monserrate a realizar un experimento de violar la ley? Nos parece que el profesor o profesora a cargo de dicha tesis de maestría debería dar una explicación. Por otro lado, la persona que dirige el programa de maestría, Dra. Mareia Quintero, debería explicar quién autorizó. La decana del DEGI, Dra. Aurora Lauzardo, también debería dar una explicación. En fin, la rectora interina, Dra. Ethel Ríos Orlandi, también debería de explicar cómo los estudiantes de la UPR-RP deciden hacer actos públicos en contra de la ley.
En fin, que para unas cosas los actos que realizan los estudiantes de la UPR Recinto de Río Piedras, reciben el endoso de los que no nos encontramos en dicho centro docente. Pero en esta ocasión, haber realizado su último esfuerzo libertario, en una plaza pública donde habían niños y niñas, y otros adultos no concernidos en su actividad creativa, es un tanto romper los balances del mundo cívico que deben prevalecer. Antes de evaluar los actos de los tres estudiantes detenidos, las gerencias responsables de la UPR deben explicar si autorizaron o no dicha actividad.