El sábado pasado, una persona acusada de narcotráfico por el gobierno de los EE.UU., y evadido de la justicia, decidió ir de compras y a comer en el principal centro comercial de Puerto Rico, Plaza las Américas. Así las cosas, un agente federal de la división de arrestos, es decir un alguacil federal, lo identificó, llamó a sus colegas de su unidad, nadie estaba disponible, y consiguió solo a uno de sus colegas, quien aunque franco de servicio en el mismo centro comercial, accedió a participar en el arresto.
Así las cosas, cuando el evadido de la justicia va saliendo del centro comercial, intentan arrestarlo, este los evade, vuelve corriendo a la sala de comida del centro comercial, y las sillas y mesas vuelan por el cielo. En resumen, 12 personas heridas, aunque leves, y luego un arresto en pleno centro comercial con armas desenfundadas y personas a punto de ser asesinadas.
Se trata del arresto del acusado Joselito Ferreira Casillas, alias Pokemon. Lo interesante, y sin conocer la regulación, que el agente federal que dio la orden del arresto, a pesar de tener buenas intenciones, actuó contrario a protocolos: se trabaja en equipo, con todos los dispositivos de seguridad activados, e intentando no poner en perjuicio a la población. Pues si eso lo dispone un protocolo de intervención, haber actuado como se hizo y luego de tantas personas heridas, nos hace pensar que la forma en que actúan los federales, muchas veces va por encima de la ley. No es tolerable el evento del sábado pasado.
Para puertorriqueños muertos por efectivos de seguridad de los federales tenemos ya unos cuantos. Esto incluye a David Sanes en Vieques en el 1999; Filiberto Ojeda Ríos en el 2005; más recientemente en el estacionamiento de un centro comercial de Guaynabo, otros supuestos narcotraficantes, participaron en una balacera con los federales. En este caso uno de los narcotraficantes, a plena luz del día, fue asesinado por agentes federales.
Lo interesante es como el gobierno de Puerto Rico ve este tipo de actividad, contrario a norma, y acaba sancionando la misma, como sucedió el sábado pasado. Es decir, el gobierno de Puerto Rico no reacciona en los casos que los federales intervienen. Terrible. Como mínimo, debería de haber una investigación de la legislatura de Puerto Rico para examinar si los federales actúan o no conforme a la ley en sus operativos en Puerto Rico. Como mínimo.
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