En el 1998, cuando el entonces gobernador Pedro Rosselló decidió privatizar a la entonces Puerto Rico Telephone Company, solo fueron escuchados los sectores de los grandes intereses que apostaron a la compra de dicho bien público. En particular, una empresa de Texas, GTE, y el Banco Popular de Puerto Rico. Hoy, 16 años luego, la telefonía es un campo completamente privatizado en la Isla para pecunio de los intereses económicos que creen en el lucro como forma de vivir a expensas de los consumidores. No obstante, la privatización no resolvió los problemas de información del pueblo de Puerto Rico, quien ante la desigualdad imperante, siempre solicita justicia, es decir un reclamo de ser tratados todos y todas de forma igual.
Usando el ejemplo de la telefonía y el acceso a la información, entonces hay que destacar que desde el año 2011 el Gobierno del entonces gobernador Luis Fortuño inauguró una medida de justicia social, proveyendo internet gratis en cada municipio. Esta medida hoy garantiza que en cada plaza pública el acceso al internet sea gratuito, lo que permite repoblar dichos espacios con personas que utilizan las instalaciones para obtener información. En otras palabras, el fin público se volvió a imponer sobre los grandes intereses que proveen telefonía en mil formatos, pero que no logran satisfacer las necesidades del pueblo trabajador, a quien el dinero no le da para vivir, y menos para pagar una línea de celular con internet o telefonía doméstica con el mismo servicio.
Ante este cuadro, donde lo público convertido en privado volvió a revertir parcialmente como bien público, es importante examinar el crítico componente del proveedor único de energía en el País: la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Es curioso, pero los grandes intereses, en particular la prensa corporativa, continuamente están impulsando la idea de que la energía eléctrica es muy cara, y esto se debe a que hay un proveedor único que incrementa intencionadamente los precios. Lo interesante es que tanto los grandes intereses, o la prensa corporativa, e inclusive los dos delegados del pueblo en la Junta de Directores de la AEE, Juan Rosario y Agustín Irizarry, no han propuesto otra forma de organizar a la AEE que no sea como una corporación pública o una corporación privada.
En varios países de América Latina, en particular Bolivia, los servicios de telefonía, servicio de agua potable y servicio de energía eléctrica son organizados de forma cooperativa. Esto permite que tanto el usuario como la entidad se beneficien, bajo las lógicas de servicios cooperativos que hoy conocemos en Puerto Rico.
Entonces, ¿por qué la Liga de Cooperativas de Puerto Rico no interviene en el debate y nos da una hoja de ruta de cómo organizar el servicio de energía eléctrica de forma cooperativa? Si esto se diera, no solo tendríamos justicia energética, sino también como codueños del servicio estaríamos todos y todas más interesados en su fiscalización.
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