El pasado miércoles 28 de mayo, aunque se hizo público el viernes 30 de mayo, el Banco Gubernamental de Fomento emitió un informe en el cual nos comparte que a pesar de todos los esfuerzos llevados a cabo por la actual administración del gobierno de Alejandro García Padilla, el índice de crecimiento económico, continúa cayendo. Es decir, desde el año 2006, al presente, el Índice de Actividad Económica (IAC) nos advierte que se ha perdido un ritmo de productividad de 3.3%.
Lo peor del caso es que en abril de 2014, la pérdida fue de 1.3% en comparación al año anterior y el IAC. Este indicador lo elabora la Junta de Planificación en colaboración con el Banco Gubernamental de Fomento, y toma encuenta el movimiento económico en los siguientes renglones de productividad: evolución del empleo no agrícola, generación de energía eléctrica, consumo de gasolina y la venta de cemento.
La consecuencia de esta caída tiene varios niveles. Uno de ellos es la pérdida de motivación, tanto a nivel de gobierno como a nivel de pueblo, de que podremos salir de la crisis económica que nos afecta desde el año 2006. No obstante, esta situación nos fuerza a renegociar la deuda pública con los bonistas, es decir los acreedores del gobierno de Puerto Rico, la cual asciende a $72 mil millones de dólares. Hoy no tenemos capacidad de pagarla, y más aún no tenemos capacidad de cuadrar nuestros presupuestos. Entonces negociar es la única opción, para que el dinero que tenemos nos sirva para garantizar una mejor calidad de vida para los boricuas que aquí moramos. No obstante, la limitación está en la constitución, la cual nos impide el no dejarle de pagar, siempre, a los acreedores.
Dice la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en el Artículo 6, sección 8, lo siguiente:
Prioridad de desembolsos cuando recursos no basten.
Cuando los recursos disponibles para un año económico no basten para cubrir las asignaciones aprobadas para ese año, se procederá en primer término, al pago de intereses y amortización de la deuda pública, y luego se harán los demás desembolsos de acuerdo con la norma de prioridades que se establezca por ley.
En otras palabras, el país en crisis, sin crecimiento, pero seguimos honrando a los acreedores. Entre septiembre del 2013 al presente, el gobierno de Puerto Rico le ha pagado sobre $1 mil millones de dólares en intereses a los bonista. Esto representa, que de un presupuesto operativo del gobierno de Puerto Rico, de poco más de $9 mil millones de dólares, nosotros les pagamos cerca de un 12% de interés a los bonistas. Lamentablemente esto es justo y legal para los bonistas, pero no para el pueblo. El gobierno ha respondido con la imposición de nuevos impuestos, por todos lados, para sufragar su responsabilidad con los deudores. El pueblo trabajador, el ciudadano y ciudadana de a pie, es la persona que sufre.
Ante esta cruda realidad, se van imponiendo como válidos los reclamos del pueblo trabajador, sean empleados unionados o no, que cada día más van exigiendo con sus protestas en la calle, que la situación no puede seguir como va. En otras palabras, la única opción real para el gobierno es renegociar la deuda con los acreedores, a partir de su obligación constitucional. Si el Artículo 6, sección 8 de la Constitución de Puerto Rico no ayuda al pueblo, entonces, ¿no será oportuno hacer un referéndum para cambiar dicha cláusula constitucional? Usted decide que es justo para nosotros, el pueblo.
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