Ayer, Doral Bank recibió la mala noticia, por parte de la Reserva Federal de Nueva York, de que los controvertibles $232 millones de dólares que este le reclama al Gobierno de Puerto Rico se tienen que ir a pérdida. En otras palabras, el argumento de que el dinero que la entonces administración de Luis Fortuño negoció con Doral Bank para reembolsarle $232 millones de dólares de pago en exceso de contribuciones sobre ingresos entre el 2000 y el 2004 no es reembolsable. Es la segunda ocasión que una agencia acreditadora le dice a Doral Bank que no puede contar con dicho dinero para reflejar que se encuentra estable económicamente. La pérdida de dicha cantidad constituye hoy el 42 por ciento del capital básico del banco.
La historia de Doral Bank y el “dinero en pérdida” está plagada de asuntos controvertibles que las entidades reguladoras en Puerto Rico, entiéndase el Departamento de Justicia, el Comisionado de Instituciones Financieras y el Departamento de Estado, debieron haber tomado cartas en el asunto. Pero no han hecho nada y lo dejan a las agencias acreditadoras federales para que sean estas las que intervengan y decidan. Como hemos dicho en columnas anteriores, el problema de Doral Bank surgió en los años 2000 a 2004 cuando los entonces propietarios, la familia Levis, se dedicaron a inflar los precios de los activos para promover una venta del banco satisfactoria a sus necesidades. Consumada la venta, la Corporación Federal de Seguros de los Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) determinó que la transacción era equivocada y devaluó a Doral Bank. Esto provocó que Doral argumentara que lo pagado en exceso durante los años 2000 a 2004 se le reembolsara.
Pero la historia de Lutgardo Acevedo, el notorio contador público autorizado de Aguadilla, no es tan distinta a la de Doral Bank. Por años, todo indica, que este pretendió administrar la vida de otros y otras, por medio de prebendas políticas como así por pequeños procesos de intercambios, siempre por dinero. Es a luz de varios casos que tuvo frente al hoy exjuez, Manuel Acevedo Hernández, donde ha traslucido que Lutgardo Acevedo y el exjuez tenían una relación de “pitcher y catcher”, en beneficio de ambos. Ambos fueron acusados de extorsión, soborno y corrupción, en la jurisdicción federal en Puerto Rico. Ayer, Lutgardo Acevedo fue arrestado en el estado de la Florida por agentes federales, quienes aguardan ahora el proceso de radicarle cargos en dicha ciudad como paso previo a su repatriación a Puerto Rico. La Rama Judicial, el Departamento de Justicia, el Colegio de Abogados, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados no hicieron nada en este asunto. Nuevamente fueron los federales los que intervinieron.
La relación entre el caso de Doral Bank y el de Lutgardo Acevedo, más allá de hablar de la intervención de las agencias federales, de lo que de verdad habría que hablar es de la omisión en el cumplimiento del deber de múltiples agencias estatales. Realmente hablando, son estas las que nada hicieron y aguardaron por la intervención de fiscalía federal y ahora por la Corte del Distrito Federal de Puerto Rico.
Si hay algo muy colonial en Puerto Rico, es la justicia. Desde los pasados 30 años, es decir desde los actos de corrupción y abuso de poder de la administración de Carlos Romero Barceló en los años 1980 a 1984, son cada vez los federales los que intervienen en promover una justicia “balanceada”. Es decir, actúan en áreas que la justicia estatal no actúa y que la gente reclama que hay impunidad.
La situación es por decir lo mínimo, intolerable. Por un lado, uno desearía que los interlocutores de la justicia en Puerto Rico actuarán conforme a su mandato constitucional. No lo hacen y no se ven forzados a hacerlo, y ahí es que entran los federales. Y nosotros el pueblo, lo celebramos con alegría y positivismo. ¡Terrible!
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