En una histórica decisión en el día de ayer, el Tribunal Supremo de los EE.UU, emitió una sentencia por la cual fuerza al gobierno de la República de Argentina a pagar al contado $1,300 millones de dólares a unos bonistas, que no fueron parte de la reestructuración financiera que impulsó el gobierno entre los años 2006 y 2010. Se trata de menos del ocho por ciento de la deuda externa de Argentina, quienes no negociaron con el gobierno, y exigieron el pago completo de sus activos. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández ha dicho que “el país no incurriría en impago, pero que no se dejará chantajear por esta decisión judicial ni por los fondos “buitres”. Lo más curioso de esta decisión, es que mientras la presidenta buscaba apoyo internacional en la cumbre de los G77 + China, la cual se celebró del 14 al 15 de junio en Santa Cruz, Bolivia, un grupo de políticos de su partido, como de la oposición política de su país, se encontraban en misión conjunta en Washington cabildeando, en todos los foros como también ante la corte suprema. Para los argentinos y argentinas, la deuda como los problemas del país, es un asunto de todos y todas.
El gobierno de Puerto Rico, por vía del control que ejerce el partido en el poder, Partido Popular Democrático (PPD), en el Senado, discutía ayer la Ley de Sustentabilidad Fiscal y Operacional del Gobierno de Puerto Rico. Se trata del proyecto de ley de la Cámara de Representantes 1922. Dicho proyecto había sido aprobado por la Cámara el sábado pasado, y ayer se llevó a votación en el Senado.
El Senado de Puerto Rico aprobó en votación partidista 15 senadores por los oficialistas del PPD, mientras 11 votos en contra, que incluían el partido de oposición, el Partido Nuevo Progresista, el Partido Independentista Puertorriqueño. La senadora oficialista Maritere González fue la única por su partido que votó en contra del proyecto. Los únicos que fueron a protestar de forma clara y precisa contra este proyecto, fueron los gremios de los empleados de las corporaciones públicas. Los sectores corporativos, solo se han concentrado en fiscalizar lo que más les interesa: que no exista un solo proveedor de energía eléctrica en el país, y que se privatice el servicio, el cual hoy controla una corporación pública. Y el resto del pueblo, ¿qué postura tomar ante este debate nacional que nos afecta a todos y todas?
Es interesante que por vía del comunicado de prensa que emitió el Senado de Puerto Rico en el día de ayer, se nos informa que dicha ley fue aprobada, para reformar fundamentalmente a todas las corporaciones públicas de Puerto Rico. En particular, la ley habrá de suspender múltiples cláusulas de los convenios colectivos negociados por años por los sindicatos. El Senado, consciente de este efecto, aprobó una enmienda, por vía del senador Cirilo Tirado, mediante la cual cada año las corporaciones y los sindicatos deben evaluar si las medidas de suspensión de cláusulas de los convenios colectivos se pueden levantar o se tienen que mantener. Todo esto dependerá que las corporaciones públicas reclamen haber superado su crisis fiscal.
Lo que no toca la Ley propuesta para atajar la crisis fiscal, es la obligación del gobierno de Puerto Rico para honrar los 72 mil millones de dólares que tiene en deuda pública. La deuda principal es con los llamados bonistas, que son prestamistas al gobierno de Puerto Rico, con unos intereses y condiciones particulares.
Pues bien, el silencio de todas y todos, en cuanto a lo que la Ley de Sustentabilidad Fiscal no dice, es impresionante. En otras palabras, la ley continúa atacando a los más débiles, al movimiento sindical de los empleados públicos, pero nos deja intactos con una deuda monumental que el gobierno no puede pagar.
Mientras todo esto pasa, el gobierno de Puerto Rico, por vía de un acto de relaciones públicas, con el principal diario de prensa corporativa en español del mundo, El País, lanzó una campaña que en resumen se simplifica a lo siguiente: Puerto Rico es un gran lugar para invertir; no obstante, necesitamos que los puertorriqueños que se fueron vuelvan, sobre todo los jóvenes, porque estos tienen el talento y deseo para echar hacia adelante. Dicho esto, la entrelínea del principal artículo de El País de ayer, destaca que los boricuas que se quedaron, realmente no quieren trabajar, pues con menos de 40% de tasa laboral, es poco lo que se puede hacer en el país.
Nos preguntamos pues, ¿qué tipo de ciudadanía, de hombres y mujeres de a pie, necesitamos para transformar a Puerto Rico del hoyo donde se encuentra? Usted decide.
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