La Constitución de Puerto Rico en su Sección 7 del Artículo 2 expone que “no existirá la pena de muerte”. Sin embargo, ha sido imperioso continuar discutiendo en la Isla este tema de alcance mundial.
Por esta razón, recientemente se realizó en el País la asamblea anual de la Coalición Mundial Contra la Pena de Muerte, participando representantes de la Coalición Puertorriqueña Contra la Pena de Muerte, Amnistía Internacional y Gran Caribe por la Vida, por ejemplo.
Según Ruben Kondrup, coordinador de Membresía y Activismo en Amnistía Internacional sección Puerto Rico, entre las presentaciones que se llevaron a cabo estuvo la relacionada a la salud mental y la pena de muerte, en la que se discutió aspectos como la situación en que reos que se encuentran en el llamado corredor de la muerte no tienen la capacidad mental para entender las repercusiones de sus acciones. Igualemente, Kondrup habló sobre la presencia en dicha actividad del exreo Juan Meléndez, puertorriqueño que había sido sentenciado a la pena de muerte por un crimen que no había cometido.
Asimismo, el entrevistado afirmó que Amnistía Internacional considera la pena de muerte como el castigo más cruel e inhumano y que es una violación del derecho a la vida y el derecho a no ser torturado, como también especificó que no resulta ser un disuasivo para que las personas no cometan crímenes.
Por su parte, otro de los entrevistados, el criminólogo José Raúl Cepeda Borrero, quien participó en dicha asamblea, expuso lo siguiente: “en Puerto Rico hay un problema constitucional que está relacionado con la situación colonial”. De esta manera, explicó que luego de que el expresidente Bill Clinton aprobara el Death Penalty Act, la misma permite que aun en estados con legislación en contra de la pena de muerte el sistema de justicia criminal pueda solicitar las ejecuciones. Esto incluye a Puerto Rico, no a nivel estatal, pero sí federal.
No obstante, Cepeda Borrero señaló que aun cuando en encuestas se observa un por ciento alto de puertorriqueños que favorecen la pena de muerte, es difícil encontrar, por la forma en que se estructura el procesamiento, un jurado puertorriqueño que unánimemente apruebe la ejecución. El principal argumento para favorecerlo es que funciona como disuasivo; esto ha probado ser falso.
En relación a la asamblea, el también profesor de justicia criminal en la Universidad Interamericana, recinto de Ponce, conversó sobre la reunión de los delegados de los países en el Caribe que todavía mantienen la pena de muerte para discutir estrategias regionales. Entre ellas, Cepeda Borrero identificó la propuesta del Dr. Luis Arroyo Zapatero, de la Universidad de Castilla La Mancha en España, para la preparación y el ofrecimiento de un curso en línea acerca de la pena de muerte.
Esta nota será actualizada con la intervención de la Dra. Lina Torres, profesora en la Universidad del Sagrado Corazón.
Crédito foto: Amnistía Internacional