Líderes comunitarios, gestores culturales y educadores han expresado su oposición al Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 1924 que propone la fusión de la Oficina Estatal de Conservación Histórica (OECH) a la de Gerencia de Permisos (OGPe).
Los entrevistados enfatizan que la medida atenta contra el patrimonio histórico edificado y se presta a posibles conflictos de interés en el desarrollo de proyectos de construcción pues los endosos de SHPO (State Historic Preservation Office) son necesarios para evitar la destrucción de posibles lugares históricos.
“Obviamente los que cuidamos y queremos a nuestra patria no deseamos que esta oficina sea integrada a ninguna pues esto se presta para que se pierda nuestra historia monumental”, expresó la educadora Ada Miranda, natural de Salinas. “Debemos unirnos y apelar para evitar tal atrocidad. Tarde o temprano sabremos de intereses privados beneficiados con tal decisión”.
El proyecto propone la derogación de la Ley 183 de 21 de agosto de 2000, Ley Orgánica de la Oficina Estatal de Conservación Histórica, así como enmendar las Leyes, 161-2009 conocida como la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos para añadir las funciones de la agencia y la 89 del 21 de junio de 1955 que crea el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) para que los edificios en el Barrio Ballajá que actualmente son custodiados por OECH pasen a dicha institución.
“Esto es aberrante”, afirmó el gestor cultural Israel Román, presidente de Surcando la Historia en Lajas. “El ICP carece de los recursos necesarios para implementar una labor efectiva e implementar una política fiscalizadora para proteger nuestro patrimonio monumental. Es una institución agonizante acorralada por lobos hambrientos que buscan formas de destruir nuestra cultura y acaparar sus recursos económicos para otros fines”.
“José Profeta” nombre del bloguero magisterial que lucha por los derechos de los educadores indicó que la medida no es más que un sortilegio para eliminar la historia nacional.
“Todo lo que es historia lo quieren eliminar para que la gente no aprenda y sean inteligentes”, afirmó el bloguero.
La Cámara celebró una vista pública el pasado 23 de mayo donde tanto el personal de OECH como pasados directores de la Oficina se opusieron al proyecto. Las fuertes protestas llevaron a los proponentes del proyecto, representantes Jaime Perelló Borrás, Rafael “Tatito” Hernández Montañez y Brenda López de Arrarás a elaborar un Proyecto Sustitutivo que fue avalado por las comisiones camerales de Gobierno; de Educación, Para el Fomento de las Artes y la Cultura; y de Hacienda y Presupuesto. El proyecto será presentado en el hemiciclo de la Cámara de Representantes esta semana.
El historiador y profesor universitario, Luis M. Santaliz Villabella indicó que la eliminación de la OECH por el gobierno pone en riesgo el patrimonio histórico nacional y que el pueblo debe organizarse para expresar su repudio a este proyecto.
“De aprobarse esta medida estaríamos poniendo en riesgo la única estructura que tiene como fin proteger nuestro patrimonio histórico edificado. Entendiendo la situación económica del país, no cabe duda de que esto es una movida del gobierno para conseguir fondos Entendemos que debe organizarse un movimiento y estar vigilante ante la consideración del proyecto que esta semana se verá en la Cámara de Representantes. No podemos continuar de brazos cruzados ante la intentona del gobierno de destruir nuestras instituciones culturales”, señaló Santaliz Villabella.
El Proyecto Sustitutivo busca atemperar lo propuesto en la disposición con lo establecido por la ley federal que establece la creación de Oficinas de Conservación Histórica en los estados y sus territorios, National Historic Preservation Act of 1966.
El informe analítico preparado por la Cámara de Representantes del Proyecto Sustitutivo enfatiza que la crisis fiscal por la que atraviesa Puerto Rico “exige la reducción del aparato gubernamental, la centralización en la prestación de servicios y el desarrollo de andamiajes ágiles y eficientes”.
“Esto es demagogia barata”, señala Nancy Vargas Acosta, presidenta del Centro de Estudios e Investigaciones del Suroeste de Puerto Rico (CEISO). “El gobierno ha destripado a la OECH. La golpeó duro la infame Ley 7 dejándola con el mínimo personal y sus recursos económicos cada día son menores”.
Alguna de las justificaciones para la integración de las funciones de la OECH a la OGPe según el informe son que “fomenta la protección, desarrollo y conservación del patrimonio cultural edificado; agiliza los trámites para obtener endosos, permisos y certificaciones y se aunarían las tareas de finanzas, recursos humanos, compras y otros tipos de servicios administrativos similares. Esto produciría ahorros de fondos públicos”.
El líder comunitario Eduardo Cartagena de Bayamón expresó que “no me hace sentido. Tal vez si fuera otra agencia, pues puede entenderse, pero porque la OGPe”.
El proyecto original contemplaba la posibilidad de integrar la OECH al ICP, pero quedó demostrado que esto pondría en riesgo los fondos federales que son la base principal del presupuesto de la agencia.
Cartagena cuestiona la acción gubernamental y expresa que “¿En que beneficia la integración? ¿El presupuesto o ayuda federal será integrado o se mantiene diversificado entre las dos organizaciones? ¿Es un intento por beneficiar a la Oficina de Permisos con un presupuesto mayor basado en el presupuesto que se recibe federal de la OCH? ¿Qué estudio y/o planes se han establecido a mediano, corto y largo plazo que demuestren una mayor eficiencia y/o beneficio para sus fines? ¿Por qué la oficina de Permisos? Entiendo son preguntas que vienen a mi mente considerando las malas experiencias con otros municipios que pretenden consolidar para hacer fortalecer sus presupuestos y cuadrar sus déficits”.
Los motivos detrás de la medida son cuestionables y ameritan estar vigilantes ante las acciones que tomen los legisladores, agregó Santaliz.
Por su parte, la directora del Centro de Ayuda a la comunidad LGBTT Cecilia La Luz criticó la acción y fustigó al gobierno.
“Este gobierno está destruyendo este país. El proyecto de sustentabilidad le quitó todos los beneficios adquiridos a los trabajadores y este desmantela la única oficina que protege nuestros monumentos”.
Román advirtió que si es cierto que vivimos tiempos tumultuosos y de crisis económica no podemos permitir la destrucción de nuestro acervo.
“Nuestro acervo es sagrado. OECH ha hecho una gran labor por mantener en pie nuestra historia. Haremos todo lo posible por defender su continuidad”.