En el día de hoy, varios sindicatos adscritos a las corporaciones públicas del gobierno de Puerto Rico, han declarado un paro, algunos de 24 horas, y otros aún por definir sin son indefinidos o no. Estamos hablando de los empleados unionados de la Unión Independiente de Acueductos (UIA), la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), los Trabajadores Unidos de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (TuAma), la unión de la Autoridad de Carreteras del Programa de Solidaridad de la Utier (ProSol Utier), la Autoridad de Puertos, la unión de empleados de las lanchas de Cataño y la unión de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA).
La concentración de estos empleados públicos unionados será frente al edificio del Departamento del Trabajo, en Hato Rey Puerto Rico. En particular, como ha expresado el presidente de la UIA, Pedro Irene Maymi, “porque el secretario del trabajo, Lcdo. Vance Thomas, debe de indicar si está a favor de los empleados o es patronal”. Esto se dice dado el silencio que el secretario Van Thomas ha mantenido en las pasadas semanas donde estos sindicatos se han manifestado y expresados en contra de la Ley de Sustentabilidad Fiscal del gobierno de Puerto Rico, recientemente aprobada.
El malestar de los empleados unionados, del sector de las empresas corporativas del país, se ha sentido en las pasadas semanas. El gobierno de Puerto Rico, por vía de la legislación propuesta por el gobernador del oficialista Partido Popular Democrático, el Lcdo. Alejandro García Padilla, le ha pedido a todo el pueblo que asuma severos sacrificios económicos. Es algo curioso, pero el nivel de impuestos y nuevas tasas contributivas que se han implementado en los pasados meses son exorbitantes. De igual forma se han reducido los servicios públicos directos a la población, y se ha impuesto la cosmovisión a nivel de toda la isla, que los responsables de la crisis son las uniones de empleados que operan dentro del gobierno de Puerto Rico. En otras palabras, se ha impuesto una cultura patronal en toda la población que repudia los beneficios y mejores condiciones laborales que tienen los empleados públicos unionados.
Esto pasa, mientras el lunes 23 de junio, el gobernador de Puerto Rico ofrecía unas declaraciones para la firma noticiosa digital Bloomberg News, que origina en la ciudad de Nueva York, donde en la entrevista éste indicaba que deseaba que todos los inversionistas “invirtieran en Puerto Rico con cero nivel de impuestos. Quiero que Puerto Rico compita como un destino de cero impuestos”. Un destino de cero impuestos para inversionistas extranjeros, representa que el pueblo de Puerto Rico tendrá que asumir dichos dineros que no se paguen al fisco. Lo que no sabemos, es si la inversión de estos inversionistas extranjeros redundará en un crecimiento económico en beneficio de todos y todas en Puerto Rico.
Las posturas neoliberales que hoy asume el gobernador de Puerto Rico Alejandro García Padilla, tienen el efecto inmediato de desmerecer la calidad de vida del pueblo. En un país cuya pérdida poblacional redunda ya en un 10 porciento en la pasada década, mayores posturas de austeridad para unos, y de beneficios abiertos para otros, solo contribuyen a profundizar en los problemas sociales existentes.
La imposición de la Ley de Sustentabilidad Fiscal del Gobierno, la Ley 66, mientras se reducen los beneficios sociales y se cancelan los convenios colectivos de las uniones, no avanzamos en la construcción de país. Sería interesante, convocar a una Asamblea Constituyente de lo social, para escuchar que tienen que sugerir todos los sectores sociales, para sacar al país de la presente crisis económica y social. La ruta optada por el gobierno, de utilizar la ley para beneficiar a unos inversionistas, mientras se perjudica al pueblo en general, y a los empleados públicos unionados en particular, no redunda en el mejoramiento de país. Simplemente contribuye a su desmantelamiento y aniquilamiento. ¡Esto es injusto!
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