¿Puede un estado establecer políticas culturales que no sean discriminatorias pero a su vez que promuevan el desarrollo económico de sus ciudadanos? En el caso de Quebec, provincia federal de Canadá esto ha sido posible. En una reciente visita a la ciudad de Montreal quise observar cómo la política cultural afecta el desarrollo de una nacionalidad. ¿Quién es una nación y quién no? Esta pregunta, que en Puerto Rico ha sido casi inevitable, tiene respuestas variadas en Montreal.
El caso de Montreal nos debe colocar en posición de examinar lo que hemos logrado en Puerto Rico. Nuestra lengua ha sido objeto de legislación, al igual que el francés en Quebec, con el objetivo de evitar su precariedad y pérdida. No somos el único pueblo que ha tenido que hacer eso. La ley 101, de 1974, tiene como objetivo convertir la lengua francesa en la lengua del gobierno y de la ley y asegurar derechos lingüísticos a la población franco-canadiense. Ante el embate fuerte del inglés como lengua principal de gobierno en otras regiones y provincias de Canadá, Quebec se vio en la obligación de regular el acceso a los servicios, legislación, procedimientos judiciales y negocios en lengua francesa para sus ciudadanos. El Montreal de hoy es fruto de ese esfuerzo.
Es obvio que esta política cultural no ha estado ajena a las controversias y que ciertos aspectos de la legislación han sido declarados inconstitucionales, pero en general, la estructura lingüística establecida en la ley ha prevalecido. Hoy Quebec es una región donde sus ciudadanos hablan cómodamente, siendo parte de la federación Canadiense, su idioma francés sin impedimentos ni limitaciones. Los procesos políticos, los debates en la asamblea legislativa y los servicios públicos serán prestados en inglés y francés. Ambos idiomas son escuchados en las calles de Montreal. Los ciudadanos pueden cambiar fácilmente del francés al inglés si las circunstancias lo requieren. Pero esa situación ha sido posible por que el acceso a la comunicación se ha provisto sea en ambos idiomas.
En el caso de Puerto Rico el gobierno federal se dirige a nosotros en inglés. Se provee servicios de intérpretes pero los procesos judiciales, legislativos y políticos a nivel federal son en inglés solamente. Los ciudadanos de los estados son intolerantes con las personas que hablamos otro idioma y si sospechan que el idioma de una persona no es el inglés el trato se transforma en maltrato rápidamente. Esa fue la experiencia que tuve en varios días de visita en Montreal. Al llegar a Atlanta el trato fue otro. Mientras que en Montreal pude experimentar, sin idealizar, una verdadera multiculturalidad, promovida por la legislación, en Atlanta volvía a experimentar la impaciencia de los ciudadanos americanos con el acento latino. Así, ante esta realidad, tenemos que preguntar, ¿de qué sirve una política cultural local, a nivel del ELA, si no logramos que se apruebe una política de multiculturalidad oficial a nivel federal, como lo lograron los quebequenses?
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