Con mucho entusiasmo, el Gobernador de Puerto Rico firmó el pasado viernes la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas. Dicha ley, conocida popularmente como la ley “criolla de quiebras”, estableció un sistema bastante sui generis para Puerto Rico, por el cual cada corporación cobijada por la ley puede reestructurar su deuda con sus acreedores, establecer planes de suspensión del pago de la deuda, y podrían establecer mecanismos de privatización parcial de ciertos componentes de la corporación. Lo que todos los políticos han reafirmado, incluyendo la secretaria del Departamento de Hacienda, Melba Acosta, es que esta ley no está para promover despidos de empleados.
Dicho lo anterior, varios economistas como Gustavo Vélez, Marta Quiñones y José Alameda, se expresaron que la ley es un paso correcto y que ahora hay que darle tiempo al tiempo para ver cómo la misma surte sus efectos. Nos preguntamos, ¿qué efectos debemos de esperar de esta ley? ¿Cuándo estaremos en condiciones de superar la crisis; le debemos de preguntar a los economistas?
Pues así las cosas, dos casas de prestamistas demandaron al Gobierno de Puerto Rico, y en particular a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y al Banco Gubernamental de Fomento. Se trata de una acción legal instada por Franklin Funds y Oppenheimer Rochester Funds. La demanda es curiosa, pues incide en la Ley 600 del Congreso de los EE. UU., la cual autorizó al pueblo de Puerto Rico a crear su propia Constitución, la cual según aprobada por el Congreso en el 1952, no permite que el Gobierno de Puerto Rico o dependencia alguna declararse insolvente. Estamos ante una situación doblemente nueva: por un lado la acción tomada por el Gobierno de turno en Puerto Rico, y de otra parte nos encontramos ante una situación en la cual por primera vez los bonistas (los acreedores del Gobierno) nos demandan.
Entonces, ¿qué pasa ahora? Ya las casas acreditadoras declararon que la capacidad del gobierno central, municipal y de distintas agencias públicas se encuentra en entredicho. Es decir, las han degradado a categoría de chatarra. Luego, el Gobierno emitió hace unos meses, nueva deuda, que nos llevó al límite de la capacidad de pedir prestado. Es decir, hoy el Gobierno de Puerto Rico no tiene capacidad de pedir más dinero prestado. Finalmente, el Gobierno pasó una legislación para declarar de forma estructurada el no pago de las obligaciones de algunas agencias. Ante esto, los dos fondos de inversión nos demandaron. La consecuencia real de este cuadro, es por decir lo mínimo, completamente patética.
En particular porque lo que entró en juego es la solvencia del Gobierno de Puerto Rico. Las acciones legales presentadas por los dos fondos de inversión solicitan, entre ambas firmas demandantes, declarar inconstitucional la ley, ya que controlan la cantidad de $3,500 millones de dólares. Es decir, de prevalecer ambas acciones, ¿tendría el Gobierno capacidad de pago?
Puerto Rico hoy ha llegado a su punto de mayor debilidad en su historia. Lo que está en juego es la capacidad de sostener a los 3.5 millones de habitantes que aún quedamos aquí. Si el Gobernador o el Gobierno no asumen un liderato claro en este momento, lo que nos enfrentamos es a una fuga masiva de población. Ahora, de forma institucional o de forma colectiva, debemos intentar rescatar el País. Deseamos pensar que no nos encontramos en el último tramo antes del precipicio.
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