Posterior a la asamblea anual realizada por la Coalición mundial contra la pena de muerte en la Isla del 19 al 22 de junio, El Post Antillano ha publicado dos notas que incluyen citas de personas conocedoras del tema y que estuvieron presentes en dicha actividad, entre ellos, Ruben Kondrup, coordinador de membresía y activismo de Amnistía Internacional sección Puerto Rico, el criminólogo José Raúl Cepeda Borrero, y la profesora Dra. Lina Torres Rivera, coordinadora del Programa de Bachillerato en Sistemas de Justicia y del Instituto de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (INIPRODEH).
Hoy, conversamos con la abogada Mariana Nogales, miembro de la Coalición puertorriqueña contra la pena de muerte. Según opinó Nogales, las expresiones del secretario de justicia de los Estados Unidos, Eric Holder, acerca de limitar la pena de muerte en Puerto Rico a situaciones extremas se debe en parte al fracaso de los últimos casos. “En el caso de Puerto Rico podemos tener un respiro”, dijo Nogales para señalar que actualmente hay dos casos en proceso de certificación (mediante el cual se decide si cumple con los criterios para sentencia a pena de muerte).
En relación a la labor de Gran Caribe por la vida, la entrevistada, quien es la secretaria de dicha organización, explicó que esta se enfoca en las antiguas colonias británicas donde existe un apoyo notable a la pena de muerte, pudiendo alcanzar entre el 80 al 90 por ciento a favor. No obstante, Nogales apuntó que si a la población encuestada se le formulara una pregunta en la cual hubiera como alternativa la cadena perpetua, entonces el por ciento disminuiría. Por su parte, en Puerto Rico, de acuerdo a la entrevistada, el por ciento en contra de la pena de muerte llega al 60 o 70 por ciento.
Asimismo, la abogada refirió la importancia de que en la asamblea la comunidad abolicionista internacional concluyera el ciclo de la campaña anual “Detén el crimen, no la vida”, con igual relevancia la exposición del caso particular de Puerto Rico como el único país en el que otro país (Estados Unidos) impone sobre el primero la ley referente a la pena de muerte sin que haya podido tener voto relacionado a este particular. “Es una situación bien complicada y que no puede sacarse del contexto colonial”, manifestó para subrayar la presencia en la asamblea tanto del comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, y el senador y exsuperintendente de la Policía, Miguel Pereira, ambos con expresiones en contra de las ejecuciones.
Entre las ponencias, Gran Caribe por la vida participó de "La pena de muerte en el Caribe", acerca de la situación del Caribe anglosajón. En ella contribuyó, entre otros como el vicepresidente de la organización Carmelo Campos, el abogado Parvais Jabbar, según expresó Nogales. Parvais compartió asuntos como lo que se ha estado realizando a través del Death Penalty Project. A su vez, se aludió al caso Pratt y Morgan vs. Jamaica, en el que se dispuso establecer el síndrome del corredor de la muerte, considerándolo como un castigo inhumano y degradante; también en todo proceso apelativo que demore más de cinco años será conmutada la pena de muerte y se convertirá la sentencia en cadena perpetua (esto aplicará al Gran Caribe angloparlante bajo la jurisdicción del Consejo Privado). Igualemente, Parvais apuntaló, de acuerdo a la entrevistada, sobre la importancia de hacer efectiva la prerrogativa de solicitar clemencia e indulto.
Para Nogales, estar en contra la pena de muerte “es un asunto de derechos humanos. Jamás puede (dársele) al Estado el poder de la vida sobre uno de sus ciudadanos”. Agregó que no se debe escudar en la pena de muerte para no trabajar con las verdaderas causas de la criminalidad y la violencia, y nombró como parte importante en este asunto la desigualdad económica y social.
Para leer las primeras dos notas sobre este tema, favor acceder a:
http://www.elpostantillano.com/justicia-social/10678-renia-fermaint-rosa.html
http://www.elpostantillano.com/justicia-social/10735-renia-fermaint-rosa.html
Crédito foto: Amnistía Internacional